Un nuevo horizonte para España

LOS DATOS DEL CAMBIO POLÍTICO

Recopilar en un pequeño volumen los discursos del Presidente pronunciados en los años 1976 a 1978 tiene un valor informativo indudable. Supone recorrer en sus momentos esenciales una etapa histórica que marca la transición a una España de normas y de instituciones democráticas. En el primer Mensaje de los recogidos se da cuenta al pueblo español del proyecto de Ley para la reforma política; en el último, transcurrido año y medio, se clarifica ante la opinión pública la visión y la estrategia del Gobierno en el momento político actual. Una expresión recurrente en estos textos es la de «nuevo horizonte». En efecto, ésta es la expresión que refleja más exactamente la realidad. Con la realización de las elecciones y la formación del Parlamento, el país entró de lleno en una dimensión nueva de convivencia colectiva. El Rey diría en sus palabras de apertura de las Cortes: «La democracia ha comenzado.» Con posterioridad, la política de consenso entre las principales fuerzas políticas, reflejada en las tareas constituyentes y en los Pactos de la Moncloa, colabora decisivamente en el logro de un auténtico sistema democrático. Este itinerario de la transición política, cuyos temas básicos son reforma política, problema regional, terrorismo, elecciones, Pactos de la Moncloa y Constitución, es, sin duda, un proceso único, y nada mejor para ilustrarlo que las palabras de quien, bajo el impulso a la Corona, ha sido su más significativo protagonista.

* * *

Los dos primeros Mensajes (10 de septiembre y 14 de diciembre de 1976) van dirigidos, respectivamente, a presentar el Proyecto de Ley para la Reforma Política y a pedir el voto afirmativo en el referéndum que se celebró el 15 de diciembre de 1976, en cumplimiento de la normativa constitucional. Su significado común es el de invitar al pueblo español a exteriorizar, en ejercicio de su soberanía, un «acuerdo básico» sobre la necesidad de la reforma. De aquí el marcado carácter instrumental de este proyecto de ley. Servía para iniciar con legitimidad, una vez aprobado, el proceso político de cambio; de otra parte, permitía técnicamente, al regular un Parlamento elegido por sufragio universal, que una vez celebradas las elecciones se pudiera intentar, con representantes autorizados por las urnas, la tarea de reformar a fondo los esquemas legales y políticos de la nación, adaptándolos a la realidad social. «Pedimos el sí —dirá el Presidente— porque este país tiene derecho a instituciones emanadas de los deseos populares.» La urgencia de la aprobación del proyecto venía dada, en gran parte, por la difícil circunstancia de coincidir transición política con crisis económica. En la interrelación de política y economía, el problema político condicionaba el económico: «Mientras no se despejen las incógnitas políticas que gravitan sobre el país, no podrá existir reactivación ni estabilidad económica.»

La cuestión regional se afronta, en el discurso pronunciado en la Diputación de Barcelona de 20 de diciembre de 1976, con una actitud plena de realismo y sinceridad. No se trata sólo de un problema jurídico-admínistrativo de descentralización de competencias. La realidad regional aparece en toda su complejidad de hecho histórico, cultural y político. No tanto, pues, un tema de política concreta, aquí y ahora, como de un auténtico «reto a la organización del Estado». Los estudios realizados por la Comisión del Régimen Especial de las cuatro provincias catalanas serán objeto de cuidadosa atención, formulándose el compromiso para el Gobierno de analizar sus propuestas esenciales. Es decir: configuración de un «Consell General de Catalunya»; delegación y transferencia de funciones y servicios a favor de las Corporaciones locales; mancomunidad de las cuatro Diputaciones catalanas; cooficialidad de las lenguas castellana y catalana. Dos meses después, el 24 de octubre de 1977, el Presidente, en la toma de posesión del Presidente de la Generalidad de Cataluña, podría decir que el tiempo transcurrido había sido «un tiempo de lealtad a los compromisos y a las creencias».

Los secuestros y los atentados terroristas habían intranquilizado, con razón, a la opinión pública. Sus objetivos de desestabilizar la situación provocando a las fuerzas armadas, atacando las estructuras mismas del Estado y creando, en suma, un clima que hiciera imposible el proceso de normalización política, fueron atajados por el Mensaje del Presidente de 29 de enero. Aquí, más que en cualquier otro momento, el criterio del realismo político, verdadero definidor del talante y de la gestión pública del Presidente, aparece con toda su fuerza. A la vez que se reconoce la imposibilidad de aplicar «medidas infalibles» o «soluciones inmediatas», se afirma con toda energía la postura de no ceder en el camino de la reforma, que es, en definitiva, «el camino de España entera». Ya en el Mensaje del día 14 de diciembre, en vísperas del referéndum, se puso de relieve esta actitud con toda claridad: «El Gobierno que presido sabe distinguir las aspiraciones sociales de las intentonas terroristas.»

Después de realizados los viajes a Iberoamérica y a los Estados Unidos, en los que se manifestaron algunas importantes líneas de política exterior, se producen, ya convocadas las elecciones, dos importantes Mensajes. El discurso de 3 de mayo es doblemente trascendente para la vida política española.

Primero, porque en él, el Presidente, en una decisión «muy meditada, muy consultada, ciertamente incómoda y con evidentes riesgos», se presenta como candidato independiente para el Congreso. Se identifica con la posición de centro como una alternativa que supera ese peligroso enfrentamiento de bloques antagónicos, de tan triste raigambre nacional. Segundo, porque justifica, en base a los principios de realismo y de patriotismo, la legalización del Partido Comunista de España. El reconocimiento del PCE venía exigido tanto por el nuevo marco político democrático, definido por su pluralismo, como por una razón pragmática basada en el coste de dejar en la clandestinidad a un grupo existente y con una evidente organización. «Sinceramente, señores: ¿No es preferible contabilizar en las urnas lo que, en caso contrario, tendríamos que medir sobre la pobre base de algaradas callejeras?» El Mensaje de 13 de junio, en vísperas de las elecciones, es una petición de voto para la Unión de Centro Democrático. Con ello se impulsa, como los acontecimentos posteriores han mostrado, la opción política moderada, que constituye, en palabras del Presidente, la «vía media, sin riesgos de improvisación o inexperiencias», y a la par una fórmula de «síntesis de esas dos Españas de ingrato recuerdo».

* * *

A partir de las elecciones y constitución del Parlamento, la cuestión política básica de iniciar un sistema con instituciones representativas quedaba resuelto. La grave situación económica pasaba al primer plano en las preocupaciones del Gobierno. El Mensaje de 2 de noviembre de 1977 afrontaba el tema, crudamente, solicitando de los particulares una responsabilidad parecida a la que habían protagonizado los partidos políticos al firmar los Pactos de la Moncloa. Los Pactos, calificados por el Presidente como «una respuesta plena de sentido democrático», contenían, junto a los acuerdos jurídicos y políticos, un programa de saneamiento y reforma de la economía, concebido como el instrumento adecuado para salir de la crisis. Fueron presentados por el Presidente ante los Plenos del Congreso (27-X-77) y del Senado (11-XI-77).

El Discurso de 5 de abril de 1978, ante el Pleno del Congreso, explica la remodelación ministerial producida a partir de la dimisión del profesor Fuentes Quintana, y expone la actitud del Gobierno ante el momento político actual. Coherencia con la línea política de reforma y continuidad en la ejecución de los Pactos de la Moncloa, constituyen las dos notas caracterizadoras de la actuación del Gobierno. En concreto, el Presidente se refiere a la política económica y social, a la paz ciudadana y el orden público y a la política exterior. Temas sobre los que se había producido en la opinión pública «cierto ambiente de pesimismo que no responde a la realidad objetiva» y que son considerados, junto a la Constitución, como «prioridades políticas de nuestro país».

La intervención del 6 de abril, ante el Congreso —último de los textos recogidos— tiene la finalidad de precisar ciertos puntos del Discurso del día anterior. El contenido de las preautonomías, la seguridad ciudadana y las elecciones municipales, que se condicionan a la aprobación de la Constitución, son objeto de un examen vigoroso y clarificador. «Me interesa, para terminar, nada más que señalar que el Gobierno gobierna.»