Un nuevo horizonte para España

2. REFERÉNDUM NACIONAL

Mensaje del 14 de diciembre de 1976

Mañana gobiernan veintidós millones de españoles
Mañana comienza, si su voto es afirmativo,
una nueva etapa histórica basada en la soberanía popular

Buenas noches:

A los dos días de jurar mi cargo de Presidente del Gobierno ante Su Majestad el Rey prometí dedicar mi esfuerzo a un objetivo, que es el objetivo de la Monarquía a la que servimos: darle al pueblo español el protagonismo que le corresponde. Han pasado cinco meses —diría que cinco importantes meses— y ha llegado la hora: mañana son convocados a las urnas más de veintidós millones de españoles para decidir su futuro político.

En la víspera de este acontecimiento comparezco una vez más ante ustedes para explicar los criterios del Gobierno sobre temas que a todos interesan: dar cuenta de cada uno de nuestros pasos; acudir a la opinión pública y a la consulta, porque el Gobierno de Su Majestad el Rey, que me honro en presidir, quiere gobernar asistido por la sociedad. Por ello, deseo hacer constar los principios que inspiran la reforma política que mañana se somete a sanción popular. Se trata, en primer término, de modificar nuestras estructuras políticas con el único fin de acomodarlas a la realidad de España y al pluralismo existente en su base social.

No nos mueve para ello ningún afán de gobernar con espectacularidad, ni ningún deseo de protagonismo. No servimos tampoco intereses de partido, por muy respetables que éstos sean para nosotros. Cuando el Gobierno se calificó a sí mismo como gestor de la transición política, estaba indicando un estilo, un procedimiento, pero también un servicio: el servicio que se deriva de trabajar en equipo a favor de nuestro pueblo y de nuestro Rey.

Es evidente que todo ha cambiado en esta nación. Desapareció la excepcional figura de Franco. Surgió en la piel de España, en toda su riqueza, un pluralismo que tiene que ser aprovechado y canalizado para ser útil a la comunidad. Se están estructurando nuevas fuerzas sociales, que deben tener oportunidad de someterse al contraste del voto popular para que puedan aportar su iniciativa al quehacer nacional. ¿Hemos de asistir impasibles a esta profunda mutación de nuestras relaciones? ¿Es lícito que adoptemos la cómoda postura de contemplar el cambio sin proporcionarle los instrumentos jurídicos y políticos para que sea positivo y creador?

Por supuesto que no. Por supuesto que es obligación del Gobierno, porque así se lo encomienda la Ley, porque así lo demandan ustedes y porque ése es el espíritu de la Corona: dar respuestas válidas a todos estos desafíos del momento histórico, y tenemos la seguridad de que en la España de hoy la integración plena de todos en la comunidad nacional no puede darse sin libertad política. El procedimiento para ello es esta Ley para la Reforma Política, cuyo destino deben decidir mañana.

Mi comparecencia ante estas cámaras no es para pedir un voto gratuito a favor de la Ley. Es, sobre todo, para pedir un voto en conciencia, un voto que haga posible que la Constitución española, los comportamiento políticos españoles, respondan a las exigencias actuales del país.

No significa, en absoluto, que ignoremos nuestro inmediato pasado.

Significa que lo asumimos, pero que lo asumimos con responsabilidad.

Significa que recogemos su herencia, pero la recogemos con la exigencia de perfeccionarla y acomodarla —como cualquiera de nosotros hacemos en nuestras casas— a las demandas actuales de la gran familia nacional.

Significa, en definitiva, que hemos aceptado el compromiso de la reforma para engrandecer la legalidad, para hacer más sólida la concordia y para crear una absoluta transparencia en los comportamientos públicos, puesto que nada de cuanto ocurre en España debe ser ajeno a ningún español.

Detrás de la Ley que mañana se somete a votación no hay ningún secreto, ningún misterio, ningún pacto.

Si ustedes me pidieran un nuevo resumen de sus objetivos, los condensaría en una sola frase: queremos que el pueblo español controle y dirija a través de sus representantes, libre y democráticamente elegidos, los destinos de nuestra Patria. Las próximas elecciones —si ustedes aprueban esta Ley— dirán quiénes son los depositarios de la confianza popular. Pero ahora mismo ni el Gobierno, ni las fuerzas políticas, ninguno de nosotros, individualmente, podemos desprendernos de la obligación de hacer posible todo eso. Por ello, cuando les pedimos que mañana vayan a las urnas, que mañana voten, que mañana ejerzan la soberanía que la ley les otorga, no es por afán de ganar una batalla que no hemos planteado.

Es, únicamente, porque creemos que nadie, salvo el pueblo en su conjunto, como dueños de sus destinos, tiene autoridad para dirigir el cambio.

Si pedimos la presencia de todos en los colegios electorales, es por la convicción profunda de que el nuevo marco político que buscamos sólo será respetado si se basa en el consentimiento general de la nación. O dicho de otra forma: sólo disfrutaremos de seguridad, de estabilidad política y de horizontes claros si la reforma se asienta en la voluntad general.

Porque creemos que es así, hemos dado este paso.

Y porque creemos que estamos abriendo el futuro de España a una sociedad plenamente democrática, sin riesgos y sin temores, defendemos hasta el último momento esta ley, que marca un camino de nuevas oportunidades a la libertad y a la convivencia.

Quiero ahora recordar unas palabras del Mensaje de la Corona:

«Soy consciente de que un gran pueblo como el nuestro, en pleno período de desarrollo cultural, de cambio generacional y de crecimiento material, pide perfeccionamientos profundos. Escuchar, canalizar y estimular estas demandas es para mí —señalaba nuestro Rey— un deber que acepto con satisfacción.»

Tan noble propósito no puede quedar sin que todos arrimemos nuestro hombro para hacerlo posible: para que esta España sea la tierra de todos cuantos en ella viven; para que sus instituciones tengan un lugar holgado para cada ciudadano y cada idea política; para que ninguna iniciativa quede en silencio, ni ningún esfuerzo esté condenado al olvido.

Quizá todo esto no se podía hacer cuando nuestra principal preocupación era reconstruir España. Pero hoy sí.

Hoy sí, porque España tiene un orgullo: el orgullo de un pueblo que siempre, y muy especialmente a lo largo del último año, demostró un excepcional sentido de la responsabilidad.

Hoy sí, porque ese mismo pueblo, de cuya capacidad de convivencia se desconfiaba, ha demostrado, en casi cuatrocientos apasionantes días, una serenidad a prueba de sacrificios y sobresaltos.

Hoy sí, porque los treinta y seis millones de españoles constituyen la gran garantía de futuro.

Hoy sí, insisto, porque aunque haya quienes desean hacer coincidir sus atentados con la gran ocasión de una consulta popular, la inmensa mayoría de los ciudadanos no sólo es ajena a sus desafíos, sino que los condena, porque el lenguaje de la violencia ya no es —gracias a Dios— el lenguaje de nuestro pueblo.

Este es, señores, el gran dato en que se funda nuestra confianza. Y la Ley para la Reforma Política se basa en él: en la voluntad, la gestión y el control del gran pueblo español. Yo espero y deseo que todos los partidos y grupos políticos, y cuantos dedicamos nuestro esfuerzo a la vida pública, seamos capaces de seguir los mismos caminos. Pero no basta con esperarlo. Hay que hacerlo posible. Y la fórmula, la única fórmula, es conseguir que los dirigentes y los representantes salgan de ese mismo pueblo, con autenticidad y libertad.

Naturalmente, los grupos extremistas y automarginados desean impedir este paso hacia la normalidad del pueblo español. Lo están demostrando por todos los medios a su alcance: la fuerza de la violencia, la coacción, el secuestro y el crimen. Acciones de esta naturaleza indican una crispada insolidaridad en sus autores, y es lógico que provoquen reacciones difíciles de controlar en un primer momento. Pero hay que decir con claridad que los grupos extremistas no son en modo alguno representantes del sentir del pueblo español.

En los últimos años, muchos Gobiernos de todo el mundo han sido sometidos a presiones terroristas, de las que España no ha sido excepción, ni tampoco comenzaron en nuestro país con el estreno de la nueva etapa política.

El asesinato del Almirante Carrero Blanco, los atentados que costaron la vida a tantos servidores públicos, son otros tantos dolorosos ejemplos de un ataque subterráneo anterior al comienzo del cambio político.

El Gobierno que presido sabe distinguir las aspiraciones sociales de las intentonas terroristas; las justas exigencias de la participación en el poder a través de procedimientos civilizados de las actitudes subversivas de los auténticos enemigos del Estado y del pueblo. Y porque sabemos distinguirlo, reconocemos la dificultad de la transición, pero no podemos renunciar a ella porque sentimos acuciante la obligación de devolver al pueblo español su soberanía y su protagonismo.

Hoy, la nación está apesadumbrada por la noticia del secuestro del Presidente del Consejo de Estado y Consejero del Reino, don Antonio María de Oriol y Urquijo. Ante esta criminal acción, como ante cualquier otra planteada como chantaje o coacción, este Gobierno compromete su autoridad en impedir que la violencia consiga imponerse a un Estado de derecho; que la intimidación trate de apoderarse de una sociedad que conquistó muy trabajosamente su paz; o que estos hechos, tantas veces inevitables en el mundo de hoy, sean manipulados desde perspectivas interesadas de grupos.

Pero igualmente nos parece inaceptable que se trate de capitalizar estas trágicas circunstancias a favor o en contra de un Gobierno con falsas acusaciones de debilidad. Que nadie interprete la serenidad como falta de decisión. El crimen y los atentados contra la paz son y serán perseguidos con todo rigor. En cambio, la oposición política, planteada con argumentos legales y válidos, es contemplada por el Gobierno con naturalidad y deseo de que se convierta en enriquecimiento de la vida colectiva. Se aplicará la Ley a quien la infrinja, pero se construirá una Ley amplia para toda la sociedad.

El proceso político que está viviendo España es quizá único en la Historia, pues difícilmente se encuentran precedentes conocidos. Si todo cambio político implica dificultades, lo que es excepcional implica dificultades excepcionales.

El Gobierno es plenamente consciente de las graves dificultades que comportan conducir la transición política, pues en etapas como ésta se generan, lógicamente, recelos e incomprensiones en los diferentes sectores de la sociedad, sean de centro, de derecha o izquierda.

Es muy estrecho el camino por el que tiene que transcurrir la acción del Gobierno en estas circunstancias y, por otra parte, está siempre erizado de dificultades, ya sean económicas, políticas o sociales.

Realizar un cambio que es verdadero, y hacerlo pacíficamente sin revoluciones y sin traumas, es una empresa merecedora de despertar las mayores ilusiones.

En consecuencia, quiero asegurarles que el Gobierno está firmemente decidido a continuar su andadura, porque espera encontrar el apoyo de la mayor parte del pueblo español para conseguir que todos los españoles puedan seguir caminando hacia el futuro, no sólo sin sentirse heridos, sino con la frente alta y la conciencia limpia.

Conocemos nuestros objetivos. Somos conscientes de nuestro compromiso. Sabemos de la dificultad de gobernar una situación de cambio, cuando la legislación está anclada en el puerto de salida y tenemos que llegar al puerto de destino de una democracia plena. Por todo ello tenemos que conseguir un difícil equilibrio: el difícil equilibrio de conjugar la legítima autoridad del Estado y el prestigio de sus normas con los cambios sociales ya producidos y que son irreversibles.

Yo estoy convencido de que, en estas circunstancias, el pueblo español reforzará su serena y digna decisión de votar por una España en paz y concordia basada en la soberanía popular, porque sólo así podrán clarificar las situaciones de confusión.

Una vez conocido lo que la Ley de Reforma Política pretende, conviene saber que el único riesgo insalvable para el país es volverse de espaldas al curso de la Historia. Todo cambio político implica dificultades y tensiones, pero el Gobierno es absolutamente consciente de que preguntarle al pueblo español cómo quiere su porvenir es el único medio de construir un futuro sin riesgos.

Por ello, todo el Gobierno de Su Majestad el Rey, respetando otras posiciones, pide el «sí» en el Referéndum. Pedimos el «sí» para que la política esté en línea con la realidad del país.

Pedimos el «sí», porque frente a la imagen de la España diferente queremos construir la España sin tópicos ni complejos.

Pedimos el «sí», porque aspiramos a que cada español se sienta gestor en los compromisos y en las obligaciones, pero también en los beneficios de la tarea común.

Pedimos el «sí», porque es necesario abrir las puertas a nuevos representantes legítimos que encaren, con la autoridad emanada de las urnas, las reformas precisas.

Pedimos el «sí», porque este país tiene derecho a instituciones emanadas de los deseos populares.

Pedimos el «sí», porque queremos que haya elecciones, y queremos elecciones porque creemos que de ellas pueden derivarse soluciones de representatividad para los problemas económicos y sociales, y porque sólo a partir de ellas y de su sinceridad son posibles los grandes acuerdos nacionales que España necesita.

Tenemos derecho moral y legal a pedir el «sí» porque el cambio se efectúa desde la legalidad por los procedimientos previstos en la Constitución, pero con la suficiente perspectiva como para que nadie se considere marginado de las grandes opciones nacionales.

Sólo me resta decir que cuando como Presidente del Gobierno de Su Majestad les invito a acudir a las urnas y solicito un voto afirmativo, no estoy pidiendo nada para mí. Sólo pido que, entre todos, hagamos posible que a este pueblo se le devuelva la confianza de sentirse capaz de gobernarse a sí mismo. Sólo pido que abramos una puerta a la posibilidad de que nuestra vida pública no dependa de quienes más se hacen oír, sino de quienes mejores soluciones aportan.

Mañana gobiernan veintidós millones de españoles. Mañana comienza, si su voto es afirmativo, una nueva etapa histórica basada en la soberanía popular. Vamos a hacer posible, con nuestro voto, que esta sociedad, tan castigada a veces por la Historia, encuentre ahora en un orden que margine a los extremismos, en una libertad que no ofrezca coartada para la violencia, una nueva oportunidad para la concordia, la normalidad y la paz civil. Vamos a servir a nuestros hijos y a las generaciones venideras despejando el futuro de incertidumbres e incógnitas. Vamos a crear una forma de gobierno estable, con el único procedimiento posible: que sean las mayorías quienes ejerzan el Poder, con un respeto eficaz a las minorías.

Vamos a abrirle la puerta al mandato del sentido común con rigor, con realismo, pero también con ilusión, porque estoy firmemente convencido de que es posible la consolidación en paz de este gran pueblo que se llama España.

Ustedes tienen la palabra.

Muchas gracias.