Un nuevo horizonte para España

5. CANDIDATURA DEL PRESIDENTE

Mensaje del 3 de mayo de 1977

El mañana ciertamente no está escrito, pero ustedes, y sólo ustedes, lo van a escribir
Ese es el reto y la grandeza del momento que vivimos

Buenas noches, señoras y señores:

El Gobierno que un día asumió la tarea de dirigir la transición política está a punto de culminar una de sus etapas más importantes. Se cumplen hoy diez meses de mi nombramiento como Presidente de ese Gobierno y, cuando ya están convocadas las elecciones generales, quiero volver a comparecer ante todos ustedes. Y quiero hacerlo con honestidad, con claridad, en obediencia al criterio de realismo que nos hemos propuesto desde el principio como norma de nuestra gestión.

Quiero comparecer, en respuesta a una demanda de la opinión pública que exige con toda lógica que se dé cuenta de nuestros pasos inmediatos, que se expliquen públicamente las acciones de la Administración y que sometamos nuestros criterios al conocimiento y juicio de la opinión. Pienso que sólo se debe gobernar con una absoluta transparencia en el quehacer político.

El pasado día 15, el Consejo de Ministros aprobaba el decreto de convocatoria de elecciones generales.

Con este paso se culmina el programa político del Gobierno y se abre la puerta a la gran meta que todos ustedes votaron el pasado mes de diciembre: hacer que el pueblo español decida sus destinos y que elija libremente, responsablemente, a sus próximos representantes legítimos, cuando casi podemos tocar con la mano nuevos horizontes de convivencia, creemos que todo el pueblo español puede sentirse satisfecho de sí mismo: ha superado, con tensiones y acritudes, pero con elocuente madurez, la gran prueba a que le sometía el cambio político.

Desde el Gobierno hemos servido ese fin, creo que con decisión, creo que con realismo, y, desde luego, con entrega sin reservas. Intuimos que el pueblo español es mayoritariamente moderado y hemos procurado responder a esa cualidad con un espíritu abierto. Hemos dialogado en lo posible con las fuerzas políticas para que el cambio no fuese una simple operación de laboratorio, sino una suma de esfuerzos, ideas y críticas de todos los partidos políticos, que sólo tiene como destinatario y protagonista al pueblo español.

Libertades y derechos

Se están aplicando medidas de gracia, porque sabemos que la sociedad de 1977 quiere superar todas las causas de enfrentamiento y necesita instrumentos para la concordia. A nuestra normalización interior correspondió un esfuerzo por normalizar nuestra presencia en el mundo. Han entrado en juego los partidos políticos, estamos más cerca de conseguir las bases para el pacto social...

Ante ello, sólo cabe un resumen: la sociedad española se ganó trabajosamente, pero con una madurez que a todos nos honra, sus libertades y su derecho —ya indiscutible— a organizar su futuro. Hemos intentado lo que ya afirmé en otras ocasiones: «Elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal.» Creemos haber respondido a esa promesa. Ahora lo que falta por hacer, lo que falta por normalizar, depende del voto de ustedes, ya que la culminación del proceso de reforma política dependerá en gran medida de las próximas Cortes.

Posición ante las elecciones

Por eso, señoras y señores, la gran palabra que define y condiciona nuestro inmediato futuro político es ésta: elecciones. De ellas y de mi presencia ante el veredicto de las urnas vengo a hablarles.

Se me ha planteado, como ustedes saben, una difícil dicisión personal, mi posible presentación como candidato; hasta el último minuto he procurado analizar las circunstancias, conocer los planteamientos de los distintos grupos y partidos políticos, escuchar todas las opiniones —incluidas, como es lógico, las recogidas en los medios de comunicación social— y valorar objetivamente los datos de nuestra realidad. He tratado de subordinar mis preferencias personales a los superiores intereses de nuestra comunidad.

En estos momentos se están dibujando con mayor nitidez las opciones electorales sobre las que ustedes deberán manifestarse el próximo 15 de junio. Ante ellas mi obligación como político es manifestar claramente, desde el respeto profundo a las demás tendencias, mi posición política.

Creo modestamente tener el derecho y al mismo tiempo el deber de identificarme públicamente y no a escondidas, con aquellos grupos o personas que desde una posición de centro pretenden ofrecer a los electores lo que ha sido una constante de mi Gobierno, una alternativa política que tienda a evitar peligrosos enfrentamientos, ofreciendo al mismo tiempo una plataforma de colaboración para un entendimiento duradero entre los españoles.

Creo que es una opción que debe ser ofrecida al electorado junto a las demás que existen en nuestro panorama político y pienso que esta opción no perjudica a ninguna de las fuerzas que ya se han perfilado con nitidez ante las elecciones. En todo caso, permite cubrir un espacio político que, a mi juicio, todavía no está suficientemente delimitado.

Desde esta perspectiva he tomado la decisión de presentarme como candidato independiente al Congreso de Diputados. Ruego a todos ustedes, y muy especialmente a las Fuerzas Políticas, que me hagan el honor de creer que es una decisión muy meditada, muy consultada, ciertamente incómoda y con evidentes riesgos.

Por eso, al presentarme como candidato no voy a buscar un voto fácil ni a hacer una solicitud de respaldo personal. Nunca he perseguido en mis acciones de gobierno, pedir nada para mí. Se me encargó la misión de llevar a buen puerto la reforma política de nuestro país, y debo comparecer a juicio público cuando se establece la primera consulta democrática.

No puede quedar en el aire, descolgada, sin asistencia o sin crítica popular, una obra de gobierno que se hizo al servicio de la democracia y que todavía no fue contrastada con el voto, aunque haya surgido del respaldo inicial expresado en el referéndum.

Moderación, tolerancia y respeto mutuo

Esos son mis motivos. Sé que, a pesar de ello, y porque estamos en plena dialéctica de partidos, mi decisión puede causar recelos en algunos grupos. Ante ellos, he de decir que concurro a las elecciones sin privilegio alguno de organización; sin apoyo de los órganos de gobierno; y, por supuesto, sin ningún apoyo de la Corona, que está por encima de las opciones y contiendas.

No concurro, señoras y señores, siquiera como hombre de partido, sino en una coalición de partidos, grupos o personas independientes, que se sitúan en una posición de centro y que proclaman su coincidencia con los criterios que inspiran mi actividad política desde el día de mi nombramiento.

Me siento identificado, como lo demuestra la gestión de casi trescientos días, con todas aquellas fuerzas que hacen de la moderación su principio; con quienes sienten la imperiosa necesidad de continuar la evolución hasta que no haya ni una sola nota discordante entre la realidad social y la realidad legal del país; con quienes, partiendo del mandato popular del 15 de diciembre, aspiran a completar la transición política con las elecciones generales, la definitiva articulación de los textos constitucionales, las bases de ordenación del sistema económico, la reforma fiscal imprescindible para acometer una política de justicia social y la estructura de nuestras regiones dentro de la unidad de España; con quienes quieren normalizar nuestra vida en común, corregir los desequilibrios sociales y asentar definitivamente en España los principios de moderación, tolerancia y respeto mutuo; con quienes, en definitiva, sienten ánimo de pacto con todas las fuerzas sociales.

Entendemos —y con esto explico la actitud del Gobierno como responsable único de la iniciativa política— que esta culminación de la transición ha de hacerse desde el consenso de todas las fuerzas políticas que obtengan representación en las próximas elecciones, independientemente del número de votos.

Evitar la división política en dos frentes antagónicos

Como ya he dicho en otras ocasiones, creo que la democracia consiste básicamente en la aceptación de un pluralismo político donde el acatamiento a la voluntad de las mayorías sea compatible con el respeto y la presencia operativa de las minorías en el proceso político. Esto es especialmente cierto en período de transición como el que España está viviendo.

A estas alturas del proceso político, creo que los grandes esfuerzos nacionales —y especialmente de sus líderes y dirigentes— han de centrarse en evitar que se dibujen peligrosamente enfrentados los grupos políticos. Debemos evitar entre todos que se repita —real o dialécticamente— la división política de los españoles en dos frentes antagónicos, porque ahora que estamos estrenando la democracia podría tener muy graves consecuencias para nuestra Patria.

Y porque la Historia nos enseña que debemos tomarnos muy en serio esta posibilidad; y porque estamos convencidos de que existe un mayor pluralismo, me parece imprescindible presentar al pueblo español un posible factor de equilibrio, sin la amenaza permanente de la división de los españoles en dos mitades, como si ésa fuese nuestra realidad nacional. El hecho de que representemos profundamente a quienes están situados a nuestra derecha y a nuestra izquierda; el hecho de que hayamos garantizado que puedan ofrecer su opción al pueblo español, no impide, no debe impedir, que tratemos de evitar aquellos riesgos de los que la Historia nos ofrece tristes ejemplos.

Candidato y Presidente

Sin embargo, al tomar esta decisión, la gran dificultad estriba en hacer compatible mi presentación como candidato con el ejercicio de las funciones de Presidente del Gobierno. Podría renunciar a ellas, pero no debo hacerlo, porque eso supondría entrar en una crisis política que pienso no le conviene al país en estos momentos.

Pero ello no impedirá que las elecciones sean absolutamente libres, transparentes y claras. El Gobierno que presido va a actuar con la máxima neutralidad, equilibrio y objetividad, comprometiéndose a no beneficiar ni perjudicar a ninguno de los grupos y partidos políticos que participen en la contienda electoral.

Para garantizar esta posición del Gobierno, hemos adoptado dos medidas que rigen en todos los países democráticos en los que, como ustedes saben, los presidentes, los ministros y los altos cargos de la Administración, participan normalmente como candidatos en las distintas elecciones.

Limpieza en las elecciones

En primer lugar, trasladar el control de la libertad y de la limpieza de las elecciones a unos órganos distintos del Gobierno y de la Administración. Así, la Ley Electoral determina claramente que la fiscalización de las elecciones corresponde a las Juntas Electorales Central, Provincial y de Zona, auténticos órganos jurisdiccionales, presididas por representantes del Poder Judicial, y que están completamente al margen de la posible influencia del Gobierno o dé la Administración.

En segundo término, permitir que los partidos políticos que participan en las elecciones —todos sin excepción— puedan también, por los medios establecidos, actuar como auténticos fiscales y jueces del proceso electoral. Constituirán así la mayor garantía para el pueblo español de que en ningún caso se alteran o modifican los supuestos fundamentales que permitan a los veintidós millones de electores expresar libre y claramente su voluntad soberana.

Por último, puedo asegurarles que, dadas las especiales características de nuestro momento político, renuncio a una dedicación activa en la campaña electoral, que pueda prestarse a equívocos o malentendidos o que pudiera limitar mi plena ocupación en las tareas de Gobierno, porque desde hoy hasta que se exprese la voluntad popular, hay que seguir gobernando el país.

Señoras y señores:

Les he hablado de mi posición personal respecto a las elecciones. También desde esta perspectiva electoral era absolutamente necesario encontrar un campo de juego para todas las fuerzas políticas que aceptasen la legalidad constitucional.

Legalización del PCE

Sin embargo, algunos recientes actos del Gobierno realizados con esta inspiración han sido vividos como factores de perturbación de la normalidad. Me refiero, naturalmente, a la legalización del Partido Comunista de España. Yo sé con cuánta preocupación ha sido vista esta medida por muchos ciudadanos. Y porque lo sé, y porque estoy convencido de la necesidad de ese paso, y porque soy responsable de todas y cada una de las acciones del Gobierno, quiero exponer aquí nuestras razones.

Cuando en el verano de 1976 las Cortes Españolas aprobaron la reforma del Código Penal, todos entendimos que el Partido Comunista tal y como se presentaba en aquellas fechas, quedaba afectado por la nueva redacción del artículo 172, y, por tanto, excluido de la legalidad.

Y con mucha razón, con gran coherencia lógica, porque en aquellas circunstancias el Partido Comunista se definía como un enemigo declarado, como un grupo que rechazaba completamente las opciones políticas fundamentales que definían aquella situación. El Partido Comunista se colocaba fuera de la legalidad, y como tal debía ser tratado.

Pero ¿quién duda, señores, de que las circunstancias políticas han cambiado desde aquel momento? ¿Puede alguien dudar que las normas de convivencia y su aceptación por los partidos políticos han cambiado sustancialmente? ¿Quién puede negar que fuerzas políticas que entonces estaban marginadas hoy optan por participar en la normalidad?

Todo esto fue posible porque las mismas Cortes que en julio entendían clara la exclusión del Partido Comunista, en el mes de noviembre aprobaban la Ley para la Reforma Política y, sobre todo, porque ustedes mismos la aprobaron masivamente el pasado 15 de diciembre.

Cambio sustancial

Esta Ley significaba un cambio sustancial en la política española. Al proclamar que «la democracia en el Estado español se basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo, y que los Derechos Fundamentales son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado», establecía un punto de no retorno en la vida pública española.

El destino pasaba a ser el marcado por el pueblo español; una democracia plena, con una acción política ejercida bajo el amparo de la Corona y el imperio de la Ley.

El nuevo marco político hizo que muchos partidos solicitasen su legalización. Entre ellos figuró el Comunista, quien presentó unos estatutos perfectamente legales, no contradichos en su conducta pública de los últimos meses.

Ante esta voluntaria solicitud de someterse a las reglas de juego del Estado, al Gobierno le cabían tres opciones: El rechazo, que sería incoherente con la realidad de que el Partido Comunista existe y está organizado; la lucha contra él, que sólo se podría ejercer por la represión. Por último, aplicar la legalidad, recabando la información jurídica oportuna para comprobar si encajaba o no encajaba en la Ley.

La conclusión después de la sentencia del Tribunal Supremo y del dictamen del fiscal del Reino ha sido que no había contraindicación legal para su inscripción en el Registro. Dado que ni el Gobierno ni nadie puede juzgar sospechas, sino conductas, y la conducta era compatible con la Ley, el Gobierno procedió a la legalización.

Realismo y patriotismo

Acepto por completo la responsabilidad de esta decisión, que se fundó en dos principios básicos: El del realismo y el del patriotismo. Realismo, porque entiendo que no es buena política la que se basa en cerrar los ojos a lo que existe. Patriotismo, porque el servicio que en estos momentos nos exige España, es aclarar las reglas del juego y numerar a los participantes.

Mal podríamos entrar en una campaña electoral sin saber dónde está cada uno de los grupos o partidos políticos. Mal podríamos intentar que el Estado fuera sólido, si no lo creemos capaz y lo hacemos capaz de albergar en su seno y en sus instituciones a todas las fuerzas políticas que aceptan la legalidad de ese mismo Estado. Mal podríamos, señoras y señores, mirar a nuestro futuro de concordia si dejásemos que hubiese una acción política socavando los cimientos, en lugar de sacarla, con todos los derechos, pero también con todas las obligaciones, a la luz del día.

La política, señoras y señores, si queremos que sea positiva, no se debe hacer a base de sentimientos, sino sobre los datos de la realidad. Una gran nación no se construye sólo sobre nobles impulsos del corazón, sino con el estudio detallado de los hechos que tenemos delante.

Sería paradójico, por ejemplo, que cuando hemos establecido relaciones diplomáticas plenas con los países del Este, mantuviésemos al margen de la Ley a aquellos comunistas del interior que aceptan una convivencia legal. Sería paradójico que, queriendo hacer una democracia en la normalidad, marginásemos deliberadamente a quienes aseguran desear participar en ella.

Igualdad ante la Ley

Pienso que sólo la Ley puede marcar los caminos. Y en este sentido, el Gobierno recuerda el principio de la igualdad de todos ante la Ley y está dispuesto a aplicarla con el máximo rigor en defensa de la unidad de España, de la Institución Monárquica, así como para impedir el establecimiento de cualquier sistema totalitario, o la subversión del orden y de la paz pública, independientemente de la ideología de quienes lo intenten, como creo que este Gobierno ya demostró en repetidas ocasiones.

En cuanto al Partido Comunista o cualquier otro, si su conducta posterior —directa o indirectamente— incurriera en ilegalidad, pueden tener ustedes la seguridad de que caería sobre ellos todo el peso de la Ley.

Yo, señores, no sólo no soy comunista, sino que rechazo firmemente su ideología, como la rechazan los demás miembros del Gabinete que presido. Pero sí soy demócrata, y sinceramente demócrata. Por ello pienso que nuestro pueblo es suficientemente maduro —y lo demuestra a diario— como para asimilar su propio pluralismo.

Pienso que este pueblo nuestro no quiere encontrarse fatalmente obligado a ver las cárceles llenas de gente por motivos ideológicos. Pienso que en una democracia todos somos vigilantes de nosotros mismos, testigos y jueces de nuestros actos públicos; que hemos de instaurar el respeto a las minorías legales; que entre los derechos y los deberes de la convivencia figura el de aceptar al adversario y, si hay que hacerle frente, hacérselo en competencia civilizada.

En la difícil tarea de dirigir la política del país, el Gobierno que presido ha procurado ejercer el poder con absoluta delicadeza, procurando por encima de todo no herir a nadie, ofrecer la posibilidad de un lugar bajo el sol a todas las opciones y respetar e incorporar las opiniones contrarias.

Era fácil, sin duda, rendirse a la tentación de cerrar las puertas de nuestros despachos y olvidarse de las realidades visibles. Pero nuestro compromiso y el encargo del pueblo español en el último referéndum es conseguir que todo el juego político se desarrolle bajo el amparo de la Corona y sometido al imperio de la Ley.

En esta hora en que colectivamente vamos a dar el gran salto de atribuirle el poder a los representantes auténticos del pueblo español, quiero hacerles una llamada para que dejen de preocuparles los enemigos invisibles.

El marco para una democracia

Entre todos hemos construido trabajosamente, con renuncias personales incalculables, el marco para una democracia. Pero, ¿no es cierto que ha llegado la hora de eliminar la clandestinidad como procedimiento habitual de acción política? ¿Cree alguien que nuestro proceso de democratización sería fiable si se basase en exclusiones de unos a otros y en excepciones que no se le pueden hacer al pueblo español?

¿No es preferible que el Partido Comunista de España acepte públicamente, como ha proclamado, las bases de nuestra convivencia, en lugar de verse obligado —porque todos sabemos que existe— a luchar para destruirla, a fin de encontrar por esa vía un lugar en el mapa político español?

¿Puede alguien asegurar que no figurarían sus miembros, en cualquier caso, disimulados en otras listas electorales, con lo que conseguirían igualmente sus fines, pero burlándose de la Ley?

¿No debemos, acaso, hacer absolutamente sinceras las elecciones para que nadie pueda argumentar, en perjuicio de la estabilidad nacional, que no hubo igualdad de oportunidades?

¿No pagaríamos muy caro, en un futuro quizá no lejano, el precio de negar ahora evidencias que algún día tendríamos que reconocer?

Sinceramente, señores: ¿No es preferible contabilizar en las urnas lo que, en caso contrario, tendríamos que medir sobre la pobre base de algaradas callejeras?

¿No es nuestra obligación colectiva llevar el diálogo a las Cortes, en vez de tener que soportarlo en nuestras calles, con deterioro del orden conseguido?

¿No es preferible una oposición, aunque fuese radical, comprometida con los intereses nacionales, y aceptando públicamente las bases de nuestra convivencia, en vez de verla obligada a rechazar todo lo que se propone al país?

¿Hemos de vernos obligados a privar de libertad a sus afiliados, cuando eliminan la acción violenta como procedimiento y aceptan los criterios de la reforma política?

¿No es cierto que los intereses legítimos del pueblo español necesitan, a la hora de las soluciones, el contrapeso de una izquierda definida en sus peculiaridades y que sólo ahora se puede presentar con los matices necesarios?

¿No demuestra la experiencia de otros países que la legalización y concurrencia electoral de los grupos políticos ha sido el procedimiento más eficaz para evitar la toma del poder por partidos totalitarios?

¿No es hora, señoras y señores, de que la moderación del pueblo español sea contrastada sin falsificaciones por el único procedimiento válido, que es el de las urnas?

Creo, honestamente, que las respuestas a estas preguntas han de coincidir, por parte de ustedes, con los criterios del Gobierno que presido.

Servicio a la comunidad

En cualquier caso, y aceptando de antemano la crítica y la disconformidad, pienso que no puede dudarse de que lo único que nos guía es el servicio a una comunidad que queremos limpia de clandestinidades; un esfuerzo por responder con hechos al realismo que nos hemos propuesto, y la evidencia de que, por encima de nuestras convicciones personales —y mías en particular—, está la gran meta de construir una España digna, con una legalidad suficientemente amplia como para que sea aceptada por todos...

Con esta condición podremos llegar con serenidad a las elecciones que acaban de ser convocadas. Quiero, en este momento, volver a recordar aquella frase de que sólo se puede tener miedo al mismo miedo. La sociedad española de hoy no es una sociedad de miedos, aunque todavía sea una sociedad con tensiones nacidas en gran medida de injusticias que subsisten. Es, por el contrario, una sociedad que tiene los mismos procedimientos de otorgar licitudes y representatividades que los demás países de nuestro nivel de desarrollo y cultura del mundo occidental. Si así no fuese, hubiera sido imposible llegar en paz al punto de cambio político en que nos encontramos.

Desde la información que posee un Gobierno, quiero darles la seguridad de que nunca como hoy hemos tenido una posibilidad abierta de consolidar un sistema de libertad. Hemos pasado los momentos difíciles de toda transición. Hemos superado pruebas, a veces muy duras, de las que deben desprenderse lecciones para todos.

Nos asaltó el terrorismo y siguió presente la violencia, ahora planteada como arma contra la democratización. En aras del realismo que nos hemos propuesto, nada puede asegurar que no vuelvan a resurgir algunos de estos brotes. Nada puede impedir que, si en el país quedan enemigos de nuestro entendimiento como pueblo, vuelvan a hacer uso de la violencia.

Ese es nuestro riesgo. Frente a él, está la seguridad de que nuestro proceso es irreversible; de que nuestro pueblo, con una madurez que se impuso a los grupos y a sus actitudes, desea hacer una vida normal, sin otras tensiones que las normales, como los demás países de nuestro entorno; de que ese mismo pueblo ha recuperado su protagonismo, con todos los derechos, y en él radican todas las garantías de futuro.

Cuando miramos hacia ese futuro, la sociedad de 1977 se encuentra con unas seguridades con las que pocas veces contó: una Corona a la que orgullosamente servimos, capaz de integrar a todos los españoles; unas Fuerzas Armadas cuyos ejemplos de patriotismo y disciplina deben ser exigencia en todos y para todos; unos grupos políticos y sociales que consiguieron crear un clima de civismo, sin el que todos los esfuerzos por la normalidad serían inútiles; unos medios de comunicación que luchan honestamente por un clima de libertades públicas y defienden la necesidad de no frustrar la esperanza de un nuevo orden de convivencia, y en la base, un cuerpo social en cuyo equilibrio se asientan nuestros deseos de concordia.

Viaje a Méjico y Estados Unidos

Hace apenas cuarenta y ocho horas he vuelto de mi viaje por Méjico y los Estados Unidos. En los dos países he tenido ocasión de constatar que la consistencia interna de España cuenta con una atención y con unas potencialidades ciertas e innegables.

Porque no estamos solos. Porque no somos diferentes. La vida de relación internacional plantea, en el foro exterior, las capacidades y voluntades de los Estados que en ella participan.

Nuestra proyección internacional se encontraba disminuida por el insuficiente grado de cohesión plural de nuestra comunidad. La inseguridad que de ello provenía generaba en cierto modo una falta de confianza que debilitaba nuestras posiciones negociadoras en la defensa de los intereses nacionales.

Protagonismo internacional

Pero lo cierto era, y sigue siendo, que España cuenta con treinta y seis millones de habitantes, en su setenta por ciento menores de cuarenta años; que España, situada en un contexto geoestratégico privilegiado, es uno de los mayores países de Europa por su extensión territorial; que España dispone de una fuerza laboral y profesional notable por su preparación y por su voluntad de trabajo; que España, en fin, escasa en materias primas, cuenta con estructuras y recursos productivos de gran entidad. Todo ello abona la necesidad ineludible de un nuevo protagonismo internacional, al que debemos acceder sin triunfalismos ni falsas ilusiones, porque el empeño es difícil, pero con la profunda convicción de que nuestras dimensiones geográficas, políticas, culturales y económicas así lo exigen.

Esa nueva presencia internacional que está haciendo de España un interlocutor en pie de igualdad con los demás países es tarea imprescindible que a todos compete y a todos los miembros de nuestra comunidad interesa. Debe ser una ilusionante tarea colectiva, dirigida a la definición permanente de los intereses vitales de España por encima de las coyunturas políticas concretas por las que el país atraviese.

Yo quiero hoy simplemente señalarles la trascendencia de ese empeño, cuya lógica consecuencia será el reforzamiento de nuestra independencia y dignidad nacionales; la diversificación de nuestras relaciones políticas y económicas; la reafirmación, en fin, de una vocación universal de paz y entendimiento entre todos los hombres y entre todas las naciones.

No quiero ahora prejuzgar lo que en su momento será la expresión de la voluntad soberana de nuestro pueblo al definir éste y otros aspectos de la política nacional.

Sólo quisiera transmitirles mi convicción de que la presencia internacional de España, en línea con su deseo de paz y entendimiento con los demás miembros de la comunidad internacional, debe atender a tres principios fundamentales: participar activamente en el sistema de seguridad de Occidente propiciando esquemas que pongan fin a la carrera de armamentos; favorecer la cooperación, contribuyendo a una más perfecta justicia distributiva en el plano universal; impulsar la salvaguarda de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, cuya violación es la raíz de tantas tensiones y conflictos.

La política exterior de la Monarquía española deberá mantener lazos de amistad y cooperación con todos los países del mundo, y en especial con aquellos con los que, por razones de proximidad ideológica, idiomática o geográfica, nos unen relaciones especiales.

Y para lograr estos objetivos es imprescindible la colaboración de todos los españoles. Tenemos entre las manos un gran país, su proyección exterior y las necesidades que ella comporta forman parte Ineludible de nuestra tradición y del momento histórico en que vivimos.

Nuevo horizonte de concordia nacional

Señoras y señores:

Hemos recorrido un camino todavía corto, pero intenso. Lo hicimos con serenidad y solidaridad que es preciso resaltar. Ahora nos preocupa el futuro, pero no nos atemoriza. Estamos a punto de construir, de una vez por todas, un sistema político en libertad, que haga factible, por encima de la tensión diaria, la concordia nacional.

Vamos a hacer posible que no parezcan más quienes más se oyen, sino que se oigan más quienes son mayoría, con profundo respeto a las minorías.

En la frontera de una esperanza renovada, vuelvo, como tantas veces, a convocarlos. Los convoco a aceptar con realismo, por encima de las convicciones personales, la necesidad de que el Estado y sus instituciones amparen a todos los españoles.

Los convoco a un pacto de no enfrentamiento a la hora de presentar y defender las diversas opciones electorales.

Los convoco a caminar en estas últimas semanas previas a las elecciones con la certeza de que se está alumbrando un nuevo horizonte.

Los convoco a hacer posible el entendimiento social y político que nuestra nación requiere.

Los convoco, señoras y señores, a una misión de paz y de futuro en la que todos seamos protagonistas y nadie se considere marginado. Si todos hemos ganado laboriosamente la paz y una porción de bienestar, vamos a conservarlo. Pero sin artificios. Con normalidad. Exigiendo la justicia y aceptando la responsabilidad de cada uno. Esta gran nación que se llama España debe ser el resultado de un esfuerzo solidario. Su convivencia, el fruto del respeto mutuo.

El mañana ciertamente no está escrito, pero ustedes, y sólo ustedes, lo van a escribir. Ese es el reto y la grandeza del momento que vivimos.

Muchas gracias.