CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL 30.3.1979
Señor Presidente, señoras y señores Diputados:
Por designación de Su Majestad el Rey, comparezco ante Sus Señorías en un acto cuya significación y alcance se delimitan en el artículo noventa y nueve de nuestra Constitución. Me propongo, pues, en estricto cumplimiento del mandato constitucional, formular los principios programáticos básicos, trazar las coordenadas de actuación y fijar los objetivos y medidas fundamentales que perfilarán durante la presente Legislatura nuestra acción de gobierno si la Cámara expresa su aprobación.
El cambio político realizado en nuestro país ha sido profundo y sincero. Pero ahora comienza un nuevo período; comienza una etapa de transformación profunda de la sociedad.
Se trata, por consiguiente, de saber realizar el cambio social con sinceridad, conjugando prudencia y audacia y eligiendo también el camino de la reforma responsable y gradual que conformó la realización del cambio político, y tal es, ni más ni menos, la expresión última de la voluntad política del próximo Gobierno de UCD.
El cambio político se verificó en torno a un eje de sensatez consistente en ajustar los ritmos de tiempo sin regatear o eludir los contenidos. Nos proponemos ahora realizar el cambio social en una búsqueda constante de la justicia, demostrando en el terreno de los hechos que la vía reformista es la más adecuada para la transformación de la sociedad.
Con esta voluntad, me permito invitar a Sus Señorías a avanzar en la definitiva institucionalización de una democracia a la altura de nuestro tiempo y a vivir la gran ilusión colectiva de la progresiva modernización de la sociedad española.
La cuestión, en la realidad, una vez más, consiste en averiguar si a uno y otro lado del espectro se aceptará el grado de cambio razonable y posible exigido por las transformaciones sociales y por el objetivo de justicia o se desatará el radicalismo para hacerlo inviable.
En síntesis, éste es el cuadro y en este gran marco se inscribe la gran tarea que tiene que cumplir el pueblo español y de la que el Gobierno de la Nación se esforzará en ser impulsor. Somos un país viejo que no tiene sus nuevas fronteras fuera de sí, sino dentro de lo que a lo largo de los siglos ha sido la difícil y terca voluntad de convivencia entre lenguas y culturas diferentes. El reto actual consiste en admitir que somos como somos, en empeñarnos en mejorar cada día y en levantar el país a base de trabajo, capacidad autocrítica y espíritu de sacrificio. La nueva frontera, en una palabra, no está lejos de nosotros, sino dentro de todos y cada uno de nosotros mismos.
Hemos de saber encerrarnos en esta identidad definitoria para plantar sólidamente las raíces del gran pueblo que todos juntos podemos ser.
Y tenemos voluntad, fortaleza y experiencia política para serio. La oportunidad histórica para lograrlo se conjuga ciertamente con una serie de dificultades económicas y sociales que podrian tratar de impedirlo. Mas lo que importa es elegir correctamente y apostar por la justicia y la equidad con tenacidad y con eficacia en vez de turbarnos por el verbalismo y la frivolidad.
Nos enfrentamos con una situación nueva, porque iniciamos una nueva Legislatura en el contexto de una de las Constituciones más jóvenes y progresistas del mundo, desde la que hemos de afrontar viejos problemas en no pocos casos seculares. No basta, por tanto, para definir la nueva realidad española con decir que España ha sido capaz de darse un régimen democrático. Hay que añadir que los españoles estamos decididos a consolidar una democracia cuyos contenidos reales estén perfectamente sintonizados con los valores sociales de nuestro tiempo.
Hemos de alcanzar una democracia social fiel a los acentos de modernidad de un sistema político que inicia su andadura en el último tercio del siglo XX.
Por eso la etapa que aparece ante nosotros no ofrece treguas ni ocasiones para la comodidad. Exige, bien al contrario, llevar la mentalidad de cambio a nuevos ámbitos, y requiere una actitud clara e inequívoca, para interpretar y asumir los deseos de progreso que existen en las zonas más extensas y vivas del pueblo español.
Nuestro verdadero compromiso está, pues, identificado con el futuro. Vamos a esforzarnos para que la Constitución no sea únicamente una solemne declaración de derechos, sino el fundamento efectivo de una democracia estable y justa.
Entendemos por ello que el sistema de derechos y libertades que perfila la Constitución es el obligado punto de referencia para la modernización de nuestro país, para la consecución de una sociedad libre de viejas ataduras y de los privilegios y desigualdades que han caracterizado la estructura social española. Creo que la profundidad, la serenidad y el rigor con que se ha realizado en España el cambio político constituyen suficiente garantía de que podemos efectuar la modernización de la sociedad española sin convulsiones ni sobresaltos.
Durante estos próximos años es nuestra pretensión recrear el tejido del cuerpo social. Es necesario que fluya la creatividad social, que se multipliquen los centros de decisión y las iniciativas. No queremos en modo alguno imponer desde el poder un modelo preconcebido de organización social, sino establecer un cuadro institucional que garantice la libertad y la participación ciudadana y estimule la aportación de todos a la vida colectiva. Para nosotros, la persona es el fundamento primario y el objetivo último de toda acción política, y la sociedad, el espacio en el que naturalmente se desarrolla la libre iniciativa personal que engendra el verdadero progreso. Creemos, en una palabra, que la política debe ser una parte noble de una sociedad viva y actuante, no su condicionante o el inicio de su disolución en el seno de una organización burocratizada y deshumanizante.
A la vista de este propósito, quisiera enmarcar la política que pretendemos desarrollar bajo la vigencia de dos grandes presupuestos implícitos en la esencia misma de la democracia:
Primero. La necesidad de que todas las fuerzas políticas contribuyan al planteamiento y resolución de los grandes problemas nacionales desde su respectiva órbita ideológica y desde la responsabilidad que les corresponda en función de la posición que asuman en el sistema institucional.
Segundo. El firme criterio de UCD como primera fuerza política de no pretender en modo alguno un papel exclusivo de cara al desarrollo de la Constitución, pero sí de hacer valer el imprescindible condicionamiento democrático de que semejante desarrollo sea afrontado básicamente desde los planteamientos contenidos en su programa electoral, porque tal ha sido el mandato surgido de las urnas.
Pienso que estas precisiones iniciales pueden contribuir a centrar el enfoque que queremos dar a la gestión política durante la actual Legislatura. Y hacerlo, además, como expresión de nuestra identidad política, nunca como negación de la identidad de los demás.
Con estas palabras, por consiguiente, no sólo quiero señalar que el consenso ha terminado, sino expresar el reconocimiento que merece su importante contribución al proceso constitucional. Quizá el consenso ha producido decepciones en ciertos sectores. Fue una solución excepcional para un momento igualmente excepcional de nuestra evolución política, una prueba de la madurez y responsabilidad de los partidos políticos a la hora de defender los verdaderos intereses del pueblo y del Estado.
Nos encaminamos a la realización de un programa de gobierno concebido bajo la óptica de un programa de partido y coherente con la palabra comprometida ante el electorado, pero que pretende servir honestamente a la totalidad de los españoles y a los intereses generales del país.
Se trata de un programa centrista, a través del cual queremos que España se incorpore plenamente a la vida europea de hoy. La defensa del modelo de sociedad occidental, la inspiración en la ética y en los valores del humanismo cristiano y la asunción del sistema de economía de mercado, corregido por unos objetivos sociales que le sitúan al servicio del hombre e impiden hacer del hombre un engranaje al servicio de fuerzas deshumanizadas, constituyen los fundamentos imprescindibles, los fundamentos que nosotros asumimos, en la búsqueda de un adecuado equilibrio entre progreso, libertad, igualdad y solidaridad entendidas como dimensiones de la justicia.
Creo que es impropio decir que, ganada ya la libertad, es preciso plantearse nuevos objetivos. La libertad nunca se alcanza plenamente. Es preciso afianzarla, promoverla y extenderla a nuevas parcelas, y así como hay quien teme y recela que son posibles retrocesos de la libertad, porque siempre están predispuestos a confundir el ejercicio de la autoridad con el retorno del autoritarismo, algunos pensamos que, frente a la tentación dirigista en áreas impropias de la correcta formulación de una sociedad libre, frente a la abdicación de la capacidad de autodefensa de la sociedad en aras de un paternalismo providente que considera al pueblo en perpetua situación de minoría de edad, se requiere la potenciación de la capacidad autoorganizativa de los entes sociales, la transferencia de funciones, la descentralización de competencias y el ejercicio pluralista del poder y de la responsabilidad. Y a todo ello, lógicamente, hay que aplicar la necesaria atención en la próxima etapa, no sólo para cerrar o erradicar situaciones anacrónicas, sino para evitar desviaciones que habría que lamentar.
Y, sin embargo, desde la libertad, desde su ejercicio responsable y desde el despliegue y la reivindicación de las libertades concretas, hay una gran tarea que nos aguarda a los españoles. Hemos modernizado la institución estatal al instaurar un Estado de Derecho y ahora nos corresponde modernizar la sociedad mediante el impulso del cambio social.
De la misma manera que en el proceso político negamos la razón de ser de la dialéctica de las dos Españas, en el orden histórico y político vamos ahora a tratar de destruir la rígida separación entre la España de la riqueza y la España de la miseria, entre las regiones ricas y las regiones atrasadas, entre la ostentosa opulencia de unos pocos y la marginación y la pobreza de miles de familias a la espera de seguridad, de trabajo, vivienda y educación.
El programa de Gobierno que pretendemos poner en práctica busca poner las bases de una sociedad más próspera y radicalmente más justa que la sociedad anterior, que la propia sociedad actual. No vamos a hacer, por consiguiente, una política tímida ni a poner parches o paños calientes. Y a tal fin importa menos escarbar en el pasado, recrearse en la crítica y en el pormenor de los fracasos, que imaginar el porvenir y tener la audacia necesaria para hacerlo posible. El Gobierno de UCD no va a hacer desde luego una política revolucionaria, pero realizará reformas profundas y rigurosas que modificarán seriamente las estructuras de nuestro país.
A la incomprensión de quienes no entienden lo que es un partido de centro, de raíz popular, interclasista, surgido en el seno de una sociedad industrial y ajeno por tanto a una concepción bipolar del antagonismo social, contestamos con la coherencia de un programa de gobierno progresista y reformista que supondrá, si el acierto preside nuestras decisiones, un progreso social cierto. No vamos a hacer una política al servicio de un sector de la sociedad, ni tampoco en beneficio exclusivo de nuestros afiliados o votantes. El Gobierno realizará una política al servicio de todo el pueblo español procurando que ninguna pretensión legítima deje de ser defendida ni ninguna causa desoída.
Nos duelen las injusticias de España y negamos que nadie nos aventaje a la hora de procurar su corrección. Lo que ocurre es que una cosa es rechazar posiciones de principio que niegan, contra toda evidencia, las posibilidades reales de una sociedad interclasista, integrada y sólidamente afincada en la dignidad de la persona y otra muy diferente dar por buenas las lacerantes desigualdades que es necesario y urgente erradicar.
No haremos, en consecuencia, ni una política débil, ni acomplejada, ni timorata, tenemos perfectamente claros los objetivos que perseguimos, tenemos una palabra inequívoca empeñada con el pueblo. Podemos quedarnos cortos en el acierto o errar en la ejecución, pero no lo seremos en la sinceridad de los planteamientos y de las decisiones.
Creo que no es aventurado afirmar que el pueblo español, y las fuerzas reales que lo articulan socialmente o encauzan las corrientes de opinión, nos piden hoy que procedamos entre todos a una tarea de clarificación. Clarificación para comprender globalmente, más allá del problema vital e inmediato de cada uno, la situación en que se encuentra España, sus problemas reales y concretos y nuestras propuestas para afrontarlos. Clarificación también para saber con certeza, más allá de las formulaciones generales de una campaña electoral, hacia dónde vamos y hasta dónde queremos llegar, es decir, en suma, para despejar y aproximar un horizonte, que las exigencias de un proceso de transición singular y el asentamiento previo e inevitable de unas bases para la convivencia democrática han impedido proyectar con toda nitidez.
Esta exigencia de clarificar la vida pública nos lleva inexorablemente, como paso preliminar, a asumir con plenitud la realidad tal y como creemos que es, a reconocer en toda su dimensión la magnitud de los problemas existentes y a afrontar exigentemente su solución en el marco de una concepción realista tan alejada de un conservadurismo que subordina, desvirtúa o elude los requerimientos de la justicia, como distante del idealismo utópico que ignora los imperativos y obstáculos de una realidad testaruda que la mera fuerza de las ideas o de los propósitos bien intencionados no puede por sí sola diluir.
Pienso que la realidad en que hoy estamos inmersos podría definirse como una acumulación de cuestiones y problemas que hacen enormemente compleja la acción de gobierno. Pero pienso, asimismo, que nuestra realidad es hoy también una amplia puerta abierta a la esperanza, porque todos ellos, todos esos problemas y cuestiones, después de haber asentado las bases de nuestra convivencia democrática encuentran un adecuado cauce de solución desde y a través de la Constitución y mediante una firme actuación política que sólo también ahora puede desarrollarse bajo el imperio de la certeza y seguridad jurídica de que antes carecíamos por resultar inaplicables o inadecuadas las leyes entonces vigentes o por ser éstas contradictorias e incompatibles con los propósitos y objetivos que perseguíamos.
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