Las palabras del Rey que inauguran la primera legislatura de las Cortes Constitucionales tienen una especial densidad, en justa correspondencia con la singularidad histórica en que se producen. Las Cortes Generales que se constituyen han de desarrollar su actividad en un sistema político libre, dotado de una Constitución nueva, y, por tanto, la responsabilidad que tiene todo Parlamento democrático se acentúa irremediablemente en este caso. Han de realizar una tarea inmensa. La noción de lo que es un parlamentario, de su auténtico papel, es rigurosa y está llena de exigencias: no sólo son legítimos representantes, sino también «depositarios de las aspiraciones de nuestra sociedad y de un fecundo proyecto de convivencia».
Estas Cortes se encuentran, como auténtico «punto de partida», con una Constitución que determina un tipo de Estado, el Estado social y democrático de derecho, y recoge los principios políticos esenciales de una democracia. No sólo, pues, han de desarrollar las Cortes aquellos mandatos escuetos, de regular determinadas materias e instituciones, contenidos en el texto constitucional. Esta es una tarea obvia, en cuanto a su necesidad, y de gran importancia, tanto para dotar de coherencia al ordenamiento jurídico como para el normal desarrollo de la vida política y social del país. Pero además la Constitución necesita ser entendida dinámicamente, «la Constitución no puede limitarse a ser, sino que consiste en actuar». Hay en ella, junto a la cristalización de unos logros, unas exigencias de acción futura, un proyecto que se deduce de los principios recogidos, y que en su potencialidad, en su riqueza implícita, deben interpretarse, incesantemente, con «creatividad, imaginación y equilibrio».
Por otra parte, sobre estas primeras Cortes Constitucionales recae una grave carga, la que pone sobre ellas el momento histórico actual. Su responsabilidad es mayor, si cabe, a la de cualquier otro Parlamento que actúe en una democracia arraigada. De su escrupulosidad en mantener su carácter representativo, de la limpieza de sus canales de conexión con el pueblo, depende la afirmación de la democracia en España. Es necesario que el latido, multiforme y siempre renovado de la calle, armonice con la actitud y los objetivos parlamentarios. De aquí que el Mensaje atribuya al Parlamento el carácter de «indicador que mida el prestigio y el arraigo popular de la democracia». Las Cortes han de ser receptivas y sensibles ante las voces de las distintas culturas y pueblos, ante los distintos intereses y puntos de vista, y luego han de conciliar, y ésa es su más alta función, esta diversidad en el sentido del interés general y de las verdaderas exigencias de la nación.
El Mensaje se refiere muy especialmente a dos temas concretos: desarrollo constitucional y agresión terrorista. El desarrollo del texto constitucional, que es el «capítulo más importante» a que deben enfrentarse el Congreso y el Senado, debe estar informado del mismo espíritu que presidió la elaboración de la propia Constitución. Este empeño, «fruto de un código de valores compartidos por todos», ha de ser el fundamento de un orden social caracterizado por la unidad, la solidaridad y el respeto de todos los españoles. En cuanto al terrorismo, el trabajo parlamentario, orientado por el reconocimiento de los derechos de todos, debe «plasmar el sistema jurídico de organización de la libertad y el efectivo ejercicio de los derechos dentro del marco de la Constitución», contribuyendo así decisivamente a la paz y al orden que requiere la «verdadera libertad democrática». De esta manera el fenómeno terrorista se reducirá cada vez más a la pura irracionalidad y gratuita barbarie en que consiste, sin posibilidad alguna de coartadas o de ficticias justificaciones.
Las Cortes, por último, no están solas ante la inmensa tarea histórica que les corresponde. «Tampoco en esta nueva singladura les faltará el estímulo y el apoyo de la Corona.» Además el Rey se dirige también al pueblo español en su petición de cooperación y responsabilidad. La existencia del Parlamento no hace «legítima la indiferencia o la falta de participación ciudadana». La democracia, en definitiva, es obra de todos, y a todos se convoca «al trabajo y al cumplimiento del deber como forma de solidaridad y de patriotismo exigente y crítico».
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En este volumen se añade el discurso del Presidente del Congreso, Landelino Lavilla, en el que se hace referencia al carácter plural de la sociedad española y de su representación política, como determinante del espíritu que ha de orientar la actividad parlamentaria. En otros anexos se incluyen, como documentación, la composición del Congreso y del Senado, y los títulos III y V del texto constitucional, que hacen referencia a las Cortes Generales.
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