El Gobierno ante el Parlamento
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Congreso de los Diputados
Pleno del 16.9.1980
Nosotros, los españoles de hoy, estamos legitimados para pedirnos un sacrificio adicional, duro y exigente, en bien de nuestra Patria, porque ya hemos tenido que invertir mucho riesgo e imaginación para suturar las heridas de la historia y para reencontrar el camino de la paz y de la convivencia
Comparezco ante Sus Señorías para plantear ante este Congreso de los Diputados la cuestión de confianza en los términos que me autoriza el artículo ciento doce de nuestra Constitución.
Utilizo un procedimiento constitucional de singular trascendencia porque creo que, en las actuales circunstancias, es necesario y beneficioso que el pueblo español conozca el respaldo que esta Cámara otorga a determinados propósitos de mi Gobierno en relación con algunas cuestiones fundamentales para la vida de nuestro país.
Señoras y señores Diputados: España tiene hoy, y tendrá durante algunos años, si no me equivoco, cuatro grandes y complejos objetivos, estrechamente interrelacionados, que cualquier Gobierno ha de afrontar con propósitos firmes y claros, pero también con la flexibilidad que exige una evolución difícilmente previsible. Tales objetivos son:
Aunque para el Gobierno la conexión entre estos grandes propósitos resulta manifiesta, por superficial que sea el análisis de los mismos, sin embargo no todos serán objeto de la cuestión de confianza. Considerando que es el Gobierno el que decide el contenido de la declaración política sobre la que juzga necesario explorar la confianza de la Cámara, éste ha llegado a la conclusión de que la confianza es necesario plantearla hoy sobre los dos primeros puntos citados:
En relación con el problema del terrorismo, esta Cámara, por mayoría abrumadora, ha manifestado reiteradamente su apoyo a la lucha del Gobierno contra las actividades terroristas y violencias pretendidamente políticas. No hay, salvo excepciones no significativas, discrepancias sustanciales en este orden de cosas. El Gobierno prosigue aquí la aplicación de su Programa de actuaciones y medidas, ya ampliamente expuesto en este Congreso, y no estima pertinente un nuevo debate sobre la cuestión.
Respecto al campo de la política exterior, ésta ha sido concebida y ejecutada con solvencia y continuidad en función de los intereses permanentes del pueblo español y reiteradamente expuesta ante esta Cámara como formando parte de un proyecto global conocido, el del discurso de investidura. No existe razón para entender que hayan variado los planteamientos o los objetivos. Tampoco existe ninguna decisión grave e importante que requiera un planteamiento inmediato, y, en cambio, el Gobierno estima que un debate en la específica y concreta coyuntura actual podría poner de relieve, en este momento, las discrepancias sobre las coincidencias con el consiguiente perjuicio para la acción del Estado, sobre todo, repito, en este preciso momento.
Por el contrario, estamos persuadidos que entre aquel conjunto de problemas hay dos ejes de cuestiones que inciden de una manera particularmente intensa en la actual situación española: se trata de la agudización, especialmente en términos de paro, de la crisis económica y de la inmediata necesidad de continuar eficazmente la construcción del Estado democrático, tanto en su dimensión de Estado de libertades como en su dimensión de Estado de las Autonomías.
Ambas cuestiones me aconsejan hoy, con la conformidad de mi Gobierno, la solicitud de una votación de confianza sobre esos dos aspectos de política general. En efecto: la necesidad de impulsar el desarrollo de algunas instituciones, el desbloqueo del proceso autonómico, el fomento de la actividad económica, la lucha frente al desempleo, exigen la definición de unas líneas de acción y la adopción de numerosas decisiones, difíciles e inevitables, que deben contar con el respaldo suficiente de la Cámara. Porque sólo la confianza otorgada y la conciencia compartida de la magnitud de los problemas, que obliga a un esfuerzo común, permitirá la creación y desarrollo de un clima social capaz de superar la dificultad del momento.
Querría, en primer lugar, referirme a la delicada situación económica de nuestro país y hacer unas breves reflexiones sobre la crisis energética como causa principal, aunque ciertamente no única, de nuestras dificultades.
Se afirma con frecuencia que el Gobierno exagera la importancia de la crisis energética para ocultar posibles insuficiencias de la acción gubernamental. Como posición dialéctica de crítica a la actuación del Ejecutivo me puede parecer legítima, pero difícilmente sostenible en términos rigurosos.
El pueblo español debe conocer que el encarecimiento de los precios del petróleo ha producido, especialmente en las sociedades industriales del mundo occidental, la crisis económica más grave y profunda desde la que se padeció en el año mil novecientos veintinueve, año de la Gran Depresión.
Por eso querría, desde esta tribuna, transmitir al pueblo español que estamos sumidos en una crisis larga e intensa que cabe encauzar, pero no resolver a corto plazo porque no existen soluciones rápidas, gratuitas y brillantes, porque se trata:
Y querría añadir que la economía española es más sensible que otras economías occidentales al aumento de los precios de la energía, porque nuestro sistema productivo tiene un más alto grado de dependencia que el de otros países.
Pero permítaseme extenderme en el análisis de la crisis para poder hacer más explícitos los propósitos del Gobierno.
Las fortísimas elevaciones registradas en los precios del petróleo a lo largo de mil novecientos setenta y nueve y en los primeros meses de mil novecientos ochenta han venido a asestar un nuevo y duro golpe a la economía española.
Tras las elecciones generales democráticas de mil novecientos setenta y siete se había iniciado un programa de ajuste y saneamiento económico, que aspiraba a corregir los desequilibrios de nuestra economía y a situarla en una nueva senda de crecimiento.
El programa era ingrato y difícil, y sus resultados requerían tiempo. La detención del proceso de aceleración de la inflación, la reconducción de la tasa de inflación hacia niveles más cercanos a los dominantes en los países industriales y la limitación de los déficit corrientes de balanza de pagos eran condiciones previas a cualquier intento de alcanzar ritmos de crecimiento elevados.
En todos esos terrenos se consiguieron resultados muy importantes a lo largo de mil novecientos setenta y ocho, de modo que el año mil novecientos setenta y nueve abría la posibilidad de aspirar a tasas de expansión más satisfactorias que permitieran atender al problema del empleo.
Estas esperanzas se vieron frustradas, sin embargo, por el nuevo y fortísimo encarecimiento del petróleo, por su impacto directo sobre nuestra economía y por sus efectos depresivos generales sobre la economía mundial.
Como ya se ha dicho muchas veces —pero es importante repetirlo para que comprendamos los problemas que tenemos ante nosotros—, el nuevo encarecimiento del petróleo ha supuesto para España, entre mil novecientos setenta y nueve y mil novecientos ochenta, una pérdida de unos cuatro puntos de renta nacional transferida a los países productores de crudos, un impacto alcista de unos cinco puntos en el índice del coste de la vida y un aumento de unos seis mil millones de dólares en nuestra factura de importaciones de petróleo.
Impactos del mismo signo, aunque, en general, de menor intensidad —porque nuestro país es uno de los más sensibles a los problemas del mercado energético—, indujeron un proceso de recesión generalizada en la economía mundial desde mediados de mil novecientos setenta y nueve.
Y así la economía española, sin haber completado sus ajustes, se ha visto sumida en una fase de debilitamiento de la actividad, el desempleo ha crecido con rapidez, los déficit de balanza de pagos han reaparecido y sólo el proceso de desaceleración de la inflación ha resistido bien el impacto de la elevación de los precios energéticos.
Una situación de este tipo corre el riesgo de hacerse acumulativa, de modo que es preciso actuar en un sentido estimulante sobre el nivel de la demanda de bienes y servicios para que la actividad recupere algún vigor y pueda reanudarse la creación de puestos de trabajo.
El objetivo básico del Gobierno es situar paulatinamente la tasa de crecimiento de la economía entre un cuatro y un cinco por ciento al final de un período de tres años, lo cual permitirá crear puestos de trabajo suficientes para invertir la tendencia alcista de la tasa de paro.
El logro de estos objetivos plantea, sin embargo, importantes problemas.
Para alcanzarlos se precisa, en último término, elevar la cuota de inversión de la economía —es decir, aumentar el porcentaje del producto nacional que destinamos a la acumulación de capital—; se precisa elevarla sin agravar los desequilibrios de la economía, es decir, sin llevar el déficit de la balanza de pagos a cifras inmanejables —no financiables— y sin dar nueva fuerza a un proceso inflacionista que tantos esfuerzos y sacrificios nos ha costado reducir a la mitad en un período de tres años; y se precisa elevar la cuota de inversión sin generar despilfarras, haciendo un gran esfuerzo para resolver, por una parte, el problema energético que nos acosa, para solucionar, por otra parte, el problema de las industrias en crisis y para generar, en fin, nuevos puestos de trabajo en sectores dinámicos y competitivos.
El Gobierno va a buscar, en el corto plazo, el aumento de la cuota de inversión de la economía a través de un reforzamiento de la inversión pública y de un impulso a la construcción de viviendas.
La inversión privada en capital productivo está debilitada por importantes elementos de incertidumbre y por la baja presión de la demanda de bienes y servicios sobre la capacidad productiva instalada en numerosos sectores. No cabe esperar una reacción autónoma de esta inversión en el corto plazo —o, al menos, parece demasiado arriesgado confiar en esa reacción.
De modo que, aun manteniendo el papel básico que el PEG atribuía a la inversión privada como motor de un desarrollo eficiente de nuestra economía, el Gobierno cree necesario, por razones coyunturales y para apoyar una recuperación de la inversión privada, reforzar en el próximo futuro la intensidad de la inversión pública.
Y esto va a expresarse en tres líneas de esfuerzo:
— En primer lugar, se va a incrementar de modo importante, a partir del presupuesto de mil novecientos ochenta y uno, el volumen de recursos públicos destinados a gastos de inversión.
— En segundo lugar, se va a reforzar la atención prestada al ritmo de ejecución de las inversiones programadas, de modo que se eleve la tasa de realización de las mismas; y
— En tercer lugar, se va a intensificar el proceso de estudio y puesta a punto de nuevos programas, de modo que se disponga de una amplia cartera de proyectos de inversión pública que permita utilizar este instrumento de regulación de la demanda en la confianza de que existen proyectos eficientes y bien estudiados. Hay suficientes necesidades de capital social público como para estar seguros de que, si los programas están bien estudiados, la inversión pública puede forzarse sin peligro de derrochar recursos.
Paralelamente, el Gobierno se propone ultimar con rapidez una importante operación de apoyo a la construcción de viviendas que permita movilizar un volumen importante de recursos del sistema financiero en condiciones adecuadas para los adquirientes de viviendas sociales y con un coste modesto, en forma de subvención con cargo a los recursos públicos.
La importancia que tiene el sector de vivienda en la regulación del mercado de trabajo explica fácilmente el interés del Gobierno por apoyar esta línea de actividad en su esfuerzo por generar rápidamente puestos de trabajo.
Por lo demás, el Gobierno se propone estimular la inversión no sólo en el ámbito estricto de la inversión pública presupuestaria, sino también en relación con dos grandes problemas que pesan sobre nuestra economía: el problema de la energía y el de las llamadas industrias en crisis.
En ambos casos los programas correspondientes contienen dosis importantes de inversión en empresas públicas, pero también incorporan elementos muy importantes de inversión financiera y real en empresas privadas, que el Gobierno considera necesario apoyar y estimular.
La energía constituye hoy, y va a continuar siendo durante un largo período, el primer condicionante de las posibilidades de crecimiento a largo plazo de nuestra economía.
La única forma de proteger la economía española de los impactos negativos derivados de la escasez del petróleo consiste en alentar la producción nacional de energías alternativas, sustituir el petróleo en el consumo y mejorar la eficacia energética del país, es decir, reducir el consumo de energía necesario por unidad de producto.
Y todo esto exige fuertes inmovilizaciones, que han de desarrollarse puntualmente, atendiendo, por una parte, al cumplimiento del Programa Energético Nacional y, por otra, a la amplia gama de inversiones que van desde los transportes públicos hasta la sustitución del petróleo en la industria.
También las llamadas industrias en crisis requieren inversiones importantes que conduzcan a reestructuraciones empresariales y sectoriales que aseguren sus posibilidades de competencia en condiciones de mercado, es decir, al margen de un proteccionismo sin futuro.
Quede claro, desde luego, que no todos los sectores en dificultades pueden considerarse calificados para recibir un apoyo público a su reconversión.
Y quede claro también que este apoyo público ha de ir acompañado de la cooperación de los grupos socioeconómicos interesados, y que la reconversión será, a menudo, imposible sin reducciones importantes de plantillas y cierres de instalaciones.
Pero en los sectores calificados por motivos sociales y económicos, y supuesto que exista la cooperación necesaria, el sector público prestará a su reestructuración una ayuda eficaz, clara, pública y limitada en el tiempo dentro de programas estudiados para poner remedio a unas situaciones que no pueden prolongarse indefinidamente.
El Gobierno procederá a poner a punto, en las próximas semanas, los programas selectivos de reestructuración, a los que atenderá con especial énfasis desde mil novecientos ochenta y uno.
Complementariamente a todo ello, debo indicar que la agricultura, como especial sector de nuestra economía, recibirá la atención precisa del Gobierno, que acelerará los programas agrarios en curso y otorgará al sector una consideración prioritaria en los programas de inversión pública.
Todo lo anterior implica un esfuerzo de inversión que sólo será posible, sin embargo, si se registra paralelamente un aumento de la cuota de ahorro nacional, porque en otro caso llevaría bien a un recrudecimiento de la inflación, bien a una apelación excesiva al ahorro exterior en forma de déficit inmanejables de balanza de pagos.
Y a ese reforzamiento de la cuota de ahorro nacional ha de contribuir, en primer lugar, el sector público.
El problema del ahorro de las Administraciones Públicas —y, en general, del ahorro nacional— se remonta a bastantes años atrás.
Desde finales de la década de los años sesenta, España se lanzó a un programa de gastos sociales de amplios vuelos, cuya expresión más clara fue un crecimiento muy rápido de la participación de la Seguridad Social en la renta nacional, una intensa expansión de los gastos corrientes de las Administraciones Públicas, un aumento importante de los costes del trabajo y una tendencia a la compresión de la cuota de ahorro nacional.
Este proceso habría hecho sentir sus efectos negativos sobre el crecimiento de la economía a medio plazo aun si no se hubiera registrado la crisis del petróleo, pero esos efectos se han hecho más ostensibles al entrar la economía en una fase de lento crecimiento.
Y el proceso se ha visto acentuado en los últimos años por la decisión de echar sobre los hombros del sector público una parte importante de los costes de la crisis —en forma de subvenciones de explotación, financiación del seguro de desempleo y aumentos de pensiones por jubilaciones anticipadas—, así como por el deseo, propio de la transición de un régimen democrático, de ampliar los gastos públicos de carácter redistributivo.
El problema reside en que el rápido crecimiento resultante de los gastos públicos corrientes ha llevado a la práctica desaparición del ahorro público, a pesar del aumento registrado en la presión fiscal.
En consecuencia, el déficit del sector público ha mostrado una rápida tendencia al crecimiento y sus necesidades de financiación han aumentado; y ello ha tenido su causa en una evolución y una estructura del gasto público que implican el mantenimiento de una economía de consumo y de transferencias.
Esta es una tendencia que es preciso atajar e invertir. Es preciso reconstituir el ahorro del sector público para que éste pueda contribuir adecuadamente a la elevación de las cuotas de ahorro e inversión nacionales. Es preciso, en definitiva, moderar con decisión el crecimiento de los gastos públicos corrientes.
Se trata de una tarea difícil, oscura, ingrata y ajena al voluntarismo.
En parte requiere resolver otros problemas, como los déficit de empresas que generan subvenciones de explotación.
En parte exige aceptar la imposibilidad de mantener una economía plagada de subvenciones, subsidios públicos y precios políticos.
En parte requiere admitir las limitaciones que la situación de la economía impone a las posibilidades de realizar crecientes gastos sociales y redistributivos, porque las aspiraciones más justas han de tener un firme apoyo en la realidad, si no han de resultar frustradas y causantes de otros males no deseados.
Pero la limitación del crecimiento de los gastos corrientes exige, sobre todo, un gran esfuerzo de administración.
Es necesario someter a un estricto proceso de revisión la eficacia y el coste de las actividades del sector público y de los servicios que presta, porque ese proceso de revisión, que es la base de los denominados «presupuestos base-cero», conducirá con frecuencia a la conclusión de que con un esfuerzo de administración pueden mantenerse, e incluso a veces mejorarse, prestaciones del sector público con una reducción de los costes.
Cuando una economía vive una etapa de cómodo y rápido crecimiento, el derroche en la utilización de los recursos puede parecer —aunque no lo sea— menos grave.
Pero cuando una economía se ve sometida a fuertes restricciones y enfrentada con difíciles problemas, la buena administración de los recursos se convierte en una tarea de la máxima importancia.
El Gobierno está decidido a realizar ese esfuerzo de administración que requiere el sector público en todas sus facetas, pero que es básico para contener el crecimiento de los gastos corrientes, regenerar el ahorro público e incrementar la inversión sin provocar tensiones monetarias y financieras.
El Gobierno se propone conseguir que los gastos públicos corrientes no aumenten en los próximos años a mayor ritmo que el producto nacional —aunque en el presupuesto para mil novecientos ochenta y uno este criterio se verá superado con el fortísimo impacto de las pensiones derivadas de la guerra civil, votadas en fecha no lejana por esta Cámara.
A este respecto, el Gobierno ha de anunciar hoy su firme decisión de oponerse a cuantas iniciativas parlamentarias supongan nuevos crecimientos de los gastos públicos corrientes para los que no se aprueben, paralelamente, los recursos de financiación corriente adicional necesarios.
También se trata, sin embargo, de reforzar la cuota de ahorro del sector privado, tanto de las familias como de las empresas.
En el caso de las familias, el comportamiento favorable del ahorro está condicionado por el progresivo descenso de la tasa de inflación, pero también por la existencia de tipos de interés y de activos financieros que retribuyan adecuadamente el ahorro.
Y esto sólo puede conseguirse avanzando en la política de flexibilización y liberación del sistema financiero.
En cuanto a las empresas, su ahorro depende de su beneficio, y éste, que es básico para el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo, depende, por una parte, de la demanda, que vamos a tratar de reanimar, y, por otra, de la evolución de los costes de producción.
De estos costes es preciso destacar los referentes al trabajo no sólo por su importancia relativa, sino también por su relevancia en relación con los problemas del empleo.
Los fuertes aumentos de las contribuciones a la Seguridad Social y de los salarios reales hasta mil novecientos setenta y seis determinaron una importante elevación de los costes del trabajo en la pasada década.
El fenómeno ha perdido considerablemente fuerza desde mil novecientos setenta y siete, y esto hay que subrayarlo; pero no se ha invertido, y el hecho es que el nivel de los costes del trabajo constituye hoy un obstáculo para la generación de empleo.
No piensa el Gobierno que una reducción de dichos costes en términos reales actuaría como un estímulo automático de la creación de empleo.
El empleo hay que alentarlo mediante un aumento de la demanda de bienes y servicios, y ya he indicado algunas de las líneas básicas que vamos a seguir para conseguir ese objetivo; pero debe quedar claro que los aumentos de la demanda tendrán un efecto positivo sobre el empleo tanto menor cuanto mayor sea el coste real del trabajo.
Este tiene hoy poco que ver con la abundancia relativa de oferta de trabajo y señala así un desequilibrio fundamental de nuestra economía.
El Gobierno se propone, en consecuencia, respetando la libertad básica de contratación del sector privado, anunciar criterios orientadores sobre el crecimiento de los salarios monetarios cada año que estén de acuerdo con los objetivos generales perseguidos, e insistirá en la conveniencia de desindiciar su evolución respecto de los incrementos de precios registrados como consecuencia de aumentos en los costes de la energía y en los impuestos indirectos.
El Gobierno se propone realizar un importante esfuerzo en el terreno de la demanda y el empleo, pero la contrapartida habrá de ser una moderación salarial si ha de continuar la reducción de la inflación, y quiere lograrse efectivamente que esa mayor demanda tenga efectos importantes en el empleo.
En resumen, el Gobierno, sin abandonar sus objetivos de progresiva reducción de la tasa de inflación, va a realizar un esfuerzo de estímulo de la demanda aumentando la cuota de inversión a través de la inversión pública, los programas de inversiones relacionados con la energía y la reestructuración de los sectores en crisis y el apoyo a la construcción de viviendas.
Para no generar desequilibrios, esta política requiere un esfuerzo paralelo orientado a aumentar la cuota de ahorro de la economía; y el Gobierno se propone que el sector público contribuya a ello a través de una moderación de los gastos públicos corrientes y de una consiguiente reconstitución del ahorro de las Administraciones Públicas.
En toda esta tarea está implícito un esfuerzo básico para mejorar la administración de los recursos públicos y para atender a la eficacia de los gastos corrientes y a la realización de los gastos de inversión programados.
El Gobierno atenderá además, de modo muy especial, al desarrollo de las exportaciones, de las que depende que el aumento de la tasa de expansión de la economía no se vea estrangulado por unos déficit de balanza de pagos imposibles de financiar por su magnitud.
Inversión y exportaciones constituyen los dos componentes de la demanda en los que estará centrada la atención del Gobierno.
El éxito de este programa en términos de crecimiento y empleo se verá condicionado, en medida muy importante, por la voluntad de las partes interesadas de mantener una evolución de los salarios monetarios que haga posible la paulatina reducción de la inflación y no dificulte la creación de nuevos puestos de trabajo, y su entendimiento de que el intento de indiciar los salarios incluyendo los aumentos de precios derivados del encarecimiento de la energía o de las elevaciones de la imposición indirecta sólo conduce a dificultar la salida de la actual situación.
En fin, el Gobierno desarrollará estas líneas de actuación dentro de una orientación de flexibilización y liberalización de la economía, en el convencimiento de que proteccionismo e intervencionismo sólo pueden tener efectos negativos en las circunstancias actuales.
Necesitamos adaptar nuestra economía a unas circunstancias rápidamente cambiantes, y esta adaptación sólo puede verse perturbada por protecciones e intervenciones que, de modo inevitable, suponen una cristalización de situaciones e intereses.
En esta línea, el Gobierno se propone proseguir la flexibilización del sistema financiero, avanzar con decisión en la liberalización de precios y desmantelar muchas intervenciones que entiende inútiles en determinados casos.
Después de haber razonado sobre las líneas básicas de la acción económica a que se atendrá el Gobierno, debo entrar a exponer sucintamente las prioridades fundamentales en el proceso de construcción del Estado.
La transformación de un viejo Estado centralista y autoritario en un Estado democrático y de Autonomías es, sin duda, como se ha dicho muchas veces, el reto político más difícil que hemos de afrontar en el inmediato futuro.
La transformación de la institución estatal tiene, por mandato de nuestra Constitución, varias dimensiones. En primer término hemos de regular y proteger el ejercicio de las libertades públicas. En segundo lugar hemos de poner en funcionamiento todos los órganos constitucionales en su nueva configuración. En tercer lugar hemos de impulsar el proceso autonómico en todas sus vertientes y, finalmente, hemos de realizar una amplia reforma administrativa que confiera virtualidad instrumental a la transformación de la estructura del Estado.
Me parece conveniente hacer unas breves referencias al ejercicio de las libertades públicas que la Constitución consagra. Se ha llegado a afirmar que en España se encuentran en retroceso. Para despejar cualquier duda quiero aquí proclamar la voluntad del Gobierno de poner todos los medios a su alcance para que el ejercicio de la libertad sea una realidad dotada de todas las garantías.
Nadie puede poner en duda que la Constitución tiene fuerza inmediata de obligar, esto es, eficacia normativa inmediata de los artículos que recogen la Carta Magna del Status de Ciudadano. Pero los derechos fundamentales y libertades públicas que la Constitución consagra necesitan un desarrollo adecuado.
Se ha optado por regular en Leyes Orgánicas singulares el contenido y los límites de ciertos derechos y libertades. Ya está vigente, por ejemplo, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, y está abierto el debate en esta Cámara sobre el texto que ha de regular el derecho a la intimidad personal y familiar.
Cabría mantener este método respecto de cada uno de los demás derechos y libertades. Resulta, sin embargo, más adecuado reconducir a un Estatuto de Libertades Públicas y de amparo judicial el tratamiento de esta materia.
En esta dirección se trabaja desde hace tiempo y ya está a punto el texto del Estatuto.
Esta norma, reclamada reiteradamente por la Constitución, servirá para expresar el contenido positivo de cada derecho y los límites que configuran aquel contenido, según su propia naturaleza, con estricta observancia a los principios constitucionales y a los pertinentes tratados internacionales ratificados por España.
Especial atención se dedica a la regulación del amparo judicial. La garantía judicial es parte esencial del propio derecho. Sin garantía judicial inmediata, el derecho se movería en el ámbito de las intenciones o, peor aún, en el de las declaraciones programáticas, carentes de efectividad jurídica alguna.
Nuestra Constitución entrega al Poder Judicial la tutela de los derechos de los ciudadanos y es menester articular vías rápidas y eficaces para que los españoles sepan y experimenten que sus jueces y magistrados constituyen la más efectiva garantía para el ejercicio de las libertades. De ahí la necesidad de conferir prioridad a la reforma de dos instituciones básicas del Estado: el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal.
Nuestra Constitución ha querido —y seremos fieles a ese mandato— acentuar la independencia de la Magistratura, sólo sujeta a la Ley. Remitido ya por el Gobierno el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, es necesario ahora impulsar su tramitación.
Con ello creemos cumplir también otro objetivo igualmente importante. El ciudadano que pide justicia necesita ver satisfecha su pretensión con todas las garantías procesales, pero en un plazo razonable. Por eso el Gobierno se propone enviar a esta Cámara los proyectos legislativos precisos que reformen los distintos procedimientos penales, civiles y contencioso-administrativos en aras de conseguir una mayor celeridad en la satisfacción de las pretensiones de los ciudadanos.
En todo caso querría añadir que, en la consecución del mismo objetivo, el Gobierno se propone dotar a Juzgados y Tribunales de los medios materiales necesarios para atender el servicio de la justicia en una sociedad moderna.
Por otra parte, el Gobierno entiende que resulta también urgente perfilar definitivamente el Ministerio Fiscal. Su importancia en las circunstancias actuales resulta fundamental por tener atribuida la investigación en el proceso penal, la dirección de la actividad de la policía judicial y, en consecuencia, por ser institución básica para la protección de la seguridad ciudadana. Pero si esta vertiente del Ministerio público tiene una evidente trascendencia, no la tiene menos aquella otra que hace del Ministerio Fiscal institución para todo el Estado en defensa de la legalidad, del interés público y de los derechos y libertades fundamentales.
Pero el proceso de construcción del Estado tiene en el momento presente aspectos problemáticos que es preciso encarar. Me refiero al bloqueo parcial que hoy experimenta el camino hacia la constitución de algunas Comunidades Autónomas.
Desde esta perspectiva, querría decir que el Gobierno se ratifica en los principios básicos de su política autonómica expuestos en el Debate Parlamentario del pasado mes de mayo. En el marco, por tanto, de los principios de igualdad y solidaridad del Gobierno se propone adoptar cuantas medidas sean precisas en el ámbito de la Constitución para reanudar un proceso que debe conducir en los próximos dos años a la transformación de España en auténtico Estado de Autonomías.
Querría proclamar en todo caso, una vez más y para despejar cualquier duda la indeclinable voluntad política del Gobierno de impulsar el proceso autonómico hasta su culminación.
Al propio tiempo, y mediante su iniciativa legislativa, el Gobierno regulará y apoyará la autonomía de las Corporaciones Locales y atenderá a la financiación de sus haciendas para que su autonomía sea efectiva. Porque es también propósito del Gobierno reforzar las atribuciones de Ayuntamientos y Diputaciones especialmente en todo lo que afecta a urbanismo y equipamientos colectivos.
En conexión con el proceso de transformación del Estado, hay que plantear todo cuanto atañe a la Administración Pública. Desde esta perspectiva, el Gobierno se propone realizar una amplia reforma administrativa a través de medidas sucesivas y graduales exigida, de una parte, por la remodelación de las competencias que implica el desarrollo de las Comunidades Autónomas, y de otro lado por razones de eficacia en la gestión de los servicios públicos a cargo de la Administración del Estado y en su capacidad inversora. En este orden de cosas se redistribuirán también las competencias entre los órganos centrales y los periféricos de la Administración del Estado y se acelerará el proceso de desconcentración a favor de estos últimos bajo el prisma de la mayor eficacia, proximidad y celeridad de las decisiones administrativas, especialmente en el ámbito del gasto público productivo. Asimismo el Gobierno dedicará especial atención a la política de la Función Pública desde la perspectiva de la exigencia de la responsabilidad y de la productividad que la misma requiere.
En consecuencia de todo cuanto acabo de exponer, el Gobierno declara que aquellos de sus propósitos más inmediatos sobre los que solicita la confianza de la Cámara son los siguientes:
Primero
El Gobierno, con el fin de hacer realidad plena la unidad jurisdiccional, el autogobierno del Poder Judicial, la promoción de la Justicia y la defensa de la legalidad, conferirá prioridad a los proyectos de Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal, y facilitará los medios personales, auxiliares y materiales precisos dentro de los recursos presupuestarios para lograr el eficaz funcionamiento de la Justicia, de la organización policial y del Ministerio Público.
Segundo
El Gobierno apoyará la tramitación del Estatuto de Libertades Públicas para desarrollar su amparo judicial, despejar legalmente con el más amplio espíritu las incertidumbres y contradicciones que suscitan en la práctica algunos aspectos de su ejercicio.
Tercero
El Gobierno, en el presente período de sesiones, remitirá a las Cortes el Proyecto de Ley del Consejo Económico y Social como plataforma institucional de diálogo y deliberación de los principales agentes e interlocutores sociales.
Cuarto
El Gobierno, a través de las Comisiones Mixtas de Transferencias, impulsará sin reservas la aplicación de los Estatutos de Autonomía vigentes mediante una política de traspaso de servicios, rigurosa y sostenida, que se extenderá, en lo que sea legal y materialmente posible, a los Entes Preautonómicos.
Quinto
El Gobierno reitera su voluntad de que el proceso de constitución de Comunidades Autónomas se fundamentará en el principio de igualdad sin más excepciones que las derivadas del fenómeno cultural diferencial, del hecho foral de la insularidad; en el principio de la generalidad del propio proceso y en el principio de solidaridad interterritorial, tratando de asegurar la economía final de la nueva estructura del Estado y la eficiencia y funcionalidad, tanto de la propia institución estatal como de las instituciones autonómicas. A tal fin el Gobierno fomentará la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y de éstas entre sí como manifestación de la solidaridad que ha de inspirar su política autonómica.
Sexto
El Gobierno impulsará la elaboración y tramitación de los Estatutos de Autonomía de los territorios que aún no disponen de ellos de tal modo que puedan estar en vigor en 1982-83.
Hasta el momento en que se celebren las elecciones para la constitución de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas elegidas por sufragio universal, dichas comunidades podrán ejercitar sus facultades legislativas mediante la constitución de los órganos provisionales que prevean sus Estatutos.
Séptimo
El Gobierno reitera respecto a Galicia su voluntad de que a través del Estatuto se alcancen los máximos niveles autonómicos, análogos, en toda su extensión y contenido, a los de otras comunidades definidas en la disposición transitoria segunda de la Constitución.
También, siendo sensible a posibles acuerdos políticos, asegura su propósito de estimular cualquier tratamiento normativo o interpretativo que elimine cualquier inseguridad jurídica en la aplicación del Estatuto. Y que impida el ejercicio por la Comunidad Autónoma gallega en las competencias en forma desigual a lo establecido en los Estatutos de las Comunidades anteriormente referidas.
El Gobierno, por otra parte, y dentro del plazo legal, convocará el correspondiente referéndum para someter a aprobación del pueblo gallego su Estatuto de Autonomía.
Octavo
En relación con Andalucía, es intención del Gobierno, si cuenta con la aceptación de la Cámara y previa audiencia de la Junta de Andalucía, recurrir al artículo ciento cuarenta y cuatro de la Constitución para conseguir, a través de un procedimiento especial, la adopción de un Estatuto que contenga las instituciones y competencias ya establecidas para los Estatutos actualmente en vigor.
Noveno
El Gobierno considera que la autonomía de las Corporaciones Locales es pieza básica y sustancial de la nueva estructura del Estado, por lo que se remitirá al Congreso un Proyecto de Ley regulador de las administraciones públicas territoriales que, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas: a) garantizará la autonomía que la Constitución reconoce a los Ayuntamientos y Corporaciones provinciales, forales e insulares; b) reforzará sus atribuciones en lo que afecta particularmente a urbanismo y equipamientos colectivos.
Décimo
El Gobierno entiende que resulta positivo, en el marco de las posibilidades financieras del país, continuar el proceso de saneamiento y mejoras de las haciendas locales mediante el progresivo incremento de sus dotaciones, el perfeccionamiento de su propia fiscalidad y una adecuada ordenación del crédito destinado a fines de interés local, con objeto, todo ello, de que gradualmente puedan asumir la prestación de servicios sociales que hoy, impropiamente, corresponden al Estado y que deben ser transferidos.
Undécimo
El Gobierno, sin perjuicio de las medidas legislativas que corresponden a esta Cámara, se propone redistribuir las competencias entre los órganos centrales y los periféricos de la Administración del Estado, y, en este orden de cosas, acelerar el proceso de desconcentración a favor de estos últimos cuya estructura y organización serán objeto de reordenación y fortalecimiento bajo el prisma de la mayor eficacia, proximidad y celeridad de las decisiones administrativas especialmente en el ámbito del gasto público productivo, con el fin de agilizar la capacidad inversora de la Administración.
Duodécimo
El Gobierno procederá a una amplia reforma administrativa por razones de funcionalidad y eficacia en la gestión de los servicios públicos a cargo de la Administración del Estado y fundamentalmente por la remodelación de las competencias que implica el desarrollo de las Comunidades Autónomas. Dentro de ella, el Gobierno dedicará especial atención a la política de la función pública desde la perspectiva de la exigencia, responsabilidad y productividad que la misma requiere. Se propone asimismo revisar las situaciones de compatibilidad hasta ahora autorizadas y llevar a cabo una reordenación de los efectivos personales existentes.
El nuevo Gobierno ha hecho un examen de la situación económica y ha deducido los criterios generales que orientarán, en el marco de las declaraciones programáticas anteriores, sus actuaciones preferentes a partir de ahora.
Primero
El paro es el problema más grave de nuestra economía. A la creación de puestos de trabajo se ordenará toda la política económica, dentro de los límites impuestos por la lucha contra la inflación y por el desequilibrio de la balanza de pagos. Es necesario situar este esfuerzo en un plazo mínimo de tres años y aceptar que en mil novecientos ochenta y uno no será posible cambiar radicalmente el signo de la situación. El Gobierno se niega a convivir pasivamente con la crisis; se compromete a cumplir sin concesiones el papel que le corresponde, buscando en todo momento una distribución justa del peso de las medidas que adopte, y llama a todos los ciudadanos a la colaboración en el trabajo y en el esfuerzo hacia una finalidad común: superar la crisis.
Segundo
En el marco de la economía de mercado que define la Constitución corresponde primariamente a la inversión privada la creación de puestos de trabajo. Pero el Gobierno ha de contribuir a esta tarea usando la palanca que está en su mano: un sustancial aumento de la inversión pública. Para ello comenzará por dar ejemplo de ahorro en el sector público, aplicándose tenazmente a moderar el crecimiento de los gastos corrientes en los Presupuestos Generales del Estado, a administrar con todo rigor la Seguridad Social y el Seguro de Desempleo, a ordenar más justamente el sistema de pensiones estableciendo topes e incompatibilidades, corrigiendo situaciones abusivas y a aplazar alguno de los gastos de Defensa previstos por Ley. Este esfuerzo y los mayores ingresos obtenidos por un prudente aumento de la imposición indirecta permitirán financiar una inversión pública centrada en los campos que le son más propios en los que es mayor la capacidad para generar empleo y para arrastrar a la inversión privada, como son la energía, la construcción, la agricultura y los transportes.
Tercero
El Gobierno anuncia su firme decisión de oponerse a la toma en consideración de cuantas iniciativas legislativas supongan nuevos crecimientos de los gastos públicos corrientes cuando no se propongan y aprueben al mismo tiempo los recursos de financiación corriente adicional necesarios.
Cuarto
El Gobierno se propone continuar la reforma fiscal en sus aspiraciones fundamentales de justicia y eficacia, urgiendo la tramitación parlamentaria de los impuestos sobre sucesiones y sobre el valor añadido. AI mismo tiempo hará los ajustes en la legislación tributaria que la experiencia y la coyuntura exigen, en lo que se refiere a la actualización de los valores patrimoniales, a la regularización de los balances, a la acomodación de las escalas impositivas en función de la evolución de los precios, y a la protección a la familia y al ahorro.
Quinto
Junto a este esfuerzo inversor directo el Gobierno va a apoyar la reanimación de la inversión privada, sobre todo en dos campos: la ejecución puntual del Plan Energético Nacional, evitando que obstáculos administrativos, financieros o de otro tipo lo entorpezcan (lo mismo en sus aspectos convencionales que nucleares), y la edificación de viviendas mediante el establecimiento, entre otras medidas, de un sistema de financiación que permita un rápido aumento de la actividad en el sector de la construcción. Por otra parte, y con el mismo objetivo, el Gobierno ayudará al desarrollo de regadíos privados y al establecimiento de industrias agroalimentarias.
Sexto
Es además urgente promover la adaptación de las estructuras industriales a los cambios de la sociedad y de la economía. Por ello el Gobierno está firmemente decidido a emprender en determinados sectores la tarea de reconversión industrial, que supondrá un sacrificio para el Estado, los accionistas, los trabajadores y las instituciones financieras.
Séptimo
La creación de ahorro y su asignación correcta a las nuevas inversiones se favorecerá por un nuevo impulso a la reforma del sistema financiero, continuando la liberalización de los tipos de interés, manteniendo la evolución prevista de los coeficientes obligatorios y orientando una parte creciente de los recursos del sistema hacia el crédito a medio y largo plazo, con tipos de interés y condiciones libres. Se mantendrá la línea actual de la política monetaria que asegura, sin abandonar el objetivo de la lucha contra la inflación, un crecimiento real del crédito al sector privado.
Octavo
Siempre con el fomento de la inversión a la vista, se hará un nuevo esfuerzo para aligerar las intervenciones y las trabas administrativas y burocráticas que tanto entorpecen la marcha de la economía en lo referente, por ejemplo, a la libertad de ampliación, instalación y traslado de industrias y a los mecanismos de control de los precios.
Noveno
En colaboración con las Comunidades Autónomas se prepararán planes de actuación territorial, que, entre otras obligaciones, atenderá especialmente a la mejora de infraestructuras y servicios en el medio rural.
Décimo
Uno de los hechos capaces de animar la inversión privada es el progresivo establecimiento de un sistema de relaciones laborales más próximo al de los países entre los que vivimos y que nos permita acercarnos a su nivel medio de productividad. El Gobierno se propone completar el desarrollo reglamentario del Estatuto de los Trabajadores para conseguir su aplicación efectiva, especialmente en lo que se refiere a contratos a tiempo parcial y por tiempo determinado. El Gobierno valora muy positivamente el avance que ha supuesto el Acuerdo
Marco Interconfederal y, en el respeto a la libertad de la negociación colectiva, señalará los criterios de moderación que deben inspirar el aumento de los salarios monetarios sobre la base de la inflación prevista y deduciendo los aumentos del coste de la energía importada y de la imposición indirecta adicional.
Undécimo
La moderación salarial es necesaria no sólo por razones internas, sino también para mantener nuestra capacidad de competencia en los mercados exteriores. La exportación será, con la inversión, objetivo preferente de la política económica. Sólo con exportaciones crecientes se podrá pagar la factura del petróleo sin recurrir a un proteccionismo que sería, además, incompatible con el horizonte próximo de integración a las Comunidades Europeas, hacia el que debe orientarse el conjunto de las actuaciones del Gobierno.
Hasta aquí, Señorías, la declaración sobre la que solicito la confianza de la Cámara.
Querría, sin embargo, añadir que para continuar la aplicación de las líneas programáticas y para ejecutar cuanto en la declaración se expone me ha parecido conveniente proceder a una modificación en la composición del Gobierno, en la que creo haber escogido algunos de los hombres de mayor relieve y de competencia probada, dentro de los miembros de mi Partido. La dimisión presentada por el que fue Vicepresidente Económico, Fernando Abril, que tanta y tan gran ayuda nos prestó, exigía en todo caso un cambio en el equipo gubernamental.
En esta ocasión, por otra parte, se ha otorgado a algunos miembros del nuevo Gobierno la cualificación de Ministros de Estado. No se trata de crear jerarquías entre Ministros. Se ha buscado únicamente iniciar, de acuerdo con algún precedente extranjero, un camino experimental que supere las rígidas estructuras departamentales abriendo la posibilidad de poner en marcha un mecanismo de coordinación de algunas funciones que ha de ejercer la Administración.
Señorías, he comparecido hoy ante esta Cámara para solicitar un voto de confianza sobre la declaración a la que acabo de dar lectura. Tal decisión ha exigido que mi planteamiento se haya formulado —y espero haberlo conseguido— con rigor y con sinceridad.
En no pocas ocasiones he pedido, desde esta misma tribuna, la desdramatización de la vida política española. Deseo, en cambio, que mi palabra de hoy exprese fielmente la inquietud de todos los españoles en esta concreta hora.
Tengo que proclamar que la crisis por la que atravesamos tiene un alto coste social, y que el principio de solidaridad, tan reiterado en nuestra Constitución, conduce, aquí y ahora, a repartir aquel coste. Es necesario remontar la crisis. Más antes de que, superadas las dificultades que nos atenazan, logremos adecuar nuestras estructuras económicas a las nuevas requisitorias de la creciente carestía de los productos energéticos —repito—; tenemos que garantizar que el empobrecimiento de todos no conduzca a la miseria o al hambre de grupo alguno. Adoptaremos por ello las disposiciones precisas para garantizar la asistencia y las prestaciones suficientes a quienes se hallen en situaciones de necesidad.
Hablo desde la profunda convicción de que los españoles no renunciarán a ser miembros de una Comunidad de hombres libres. Ninguna involución será posible, porque ante aquella voluntad se estrellarán los terroristas y cualesquiera corrientes que se propongan desestabilizar la democracia o menoscabar sus valores. La libertad de cada uno ha de abrirse, para ser verdadera libertad, a la responsabilidad y a la solidaridad.
Para ello es indispensable que todos y cada uno de los españoles acepten, con talante resuelto y con espíritu de superación, sus cuotas de responsabilidad. Necesitamos trabajar más y mejor. Austeridad, laboriosidad y eficacia componen la respuesta al duro reto de la realidad de hoy.
Lo que más decisivamente importa en el debate que ha de abrirse no es sólo el voto de confianza que solicito, sino que la Cámara y el Gobierno impulsen a nuestro pueblo para recobrar entera la confianza en sí mismo y en su futuro. Es responsabilidad de los políticos representar a sus electores, pero lo es también ser auténticos dirigentes de los ciudadanos y suscitar ante ellos un proyecto de convivencia que clarifique y justifique, en casos como el presente, la demanda de sacrificio.
Frente a la crisis no cabe ni encogerse de hombros ni hacer juegos malabares con las palabras, ni predicar soluciones milagrosas. Es un momento muy arriesgado y comprometido, y para resolverlo hace falta mucha decisión y hacen falta también grandes sacrificios. No hay ninguna solución fácil, no hay ninguna solución inmediata, no hay ninguna solución cómoda. Pero, Señorías, hay soluciones posibles.
Nosotros, los españoles de hoy, estamos legitimados para pedirnos un sacrificio adicional, duro y exigente, en bien de nuestra Patria, porque ya hemos tenido que invertir mucho riesgo e imaginación para suturar las heridas de la historia y para reencontrar el camino de la paz y de la convivencia.
Y porque ahora lo que está en juego no es el ser o no ser de nuestro país, no es la esencia de un concepto integrador de España, sino exclusivamente la capacidad para imponernos a las dificultades y para replicar a las adversidades con rigor, con decisión y con firmeza. Y, Señorías, precisamente por ello, creemos que el pueblo debe entender que si se reclama un esfuerzo adicional es pura y exclusivamente en beneficio de todos los españoles.
Vamos a tener que aplicar unas medidas de gobierno ingratas, severas, que implican ahorro y reducción del consumo y de las expectativas inmediatas; vamos a tener que defendernos de una situación inclemente. Y vamos a hacerlo con decisión, sin escamotear la verdadera entidad del reto que se nos plantea. Pero también vamos a hacerlo sin una desesperanza, que estaría fuera de lugar. Vamos a hacerlo seguros de que vamos a vencer, y no con un equipaje de dudas o de vacilaciones. Vamos a hacerlo con la certeza de que nada ni nadie destruirá nuestras posibilidades históricas, de que ni las dificultades económicas ni de otro tipo nos harán retroceder, y de que las grandes pruebas son precisamente las que forjan a las naciones más dignas de merecer este nombre.
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