En el tema de las Autonomías, capital para España y para nuestro futuro, mi programa tiene que ser especialmente preciso e inequívoco.
Por una parte, quiero decir que asumo plenamente, resueltamente, la opción autonómica de la Constitución. UCD ha contribuido de manera decisiva a que el principio autonómico, como principio básico de la organización del Estado, se inscriba en nuestro texto fundamental y lo ha traducido luego en realidades operativas. Pocas veces un Estado con la complejidad y el entramado histórico del Estado español habrá emprendido un camino tan apasionante y tan difícil. Es un camino a la vez de esperanza y de riesgos, en el que me propongo medir en lo posible los riesgos para que pueda destacar y afirmarse la esperanza. Una esperanza de mejora de nuestra convivencia, de perfeccionamiento de nuestra vida colectiva, de transformación de la organización pública, de redistribución territorial del poder, haciéndolo más próximo a los ciudadanos y, en definitiva, más eficaz.
De ahí mi propósito firme de cumplir y aplicar lealmente, diligentemente, los Estatutos catalán y vasco, así como de poner en marcha sin tardanza los de Galicia y Andalucía, ya desbloqueados, y, finalmente, de ultimar todo el proceso autonómico restante, que me gustaría dejar concluido en esta legislatura. En lo que a Navarra concierne, continuarán las negociaciones con la Diputación Foral para el amejoramiento paccionado del Fuero, de acuerdo con la naturaleza jurídica del Régimen Foral.
Ahora bien, y es la segunda precisión que me interesa dejar aquí, la construcción autonómica ha de hacerse en su integridad y no parcialmente, y además, con rigor político y administrativo especialmente atentos. Esa integridad incluye al Estado mismo, como es elemental. El Estado no es un simple almacén de competencias que se van trasladando o transfiriendo a las unidades territoriales y en el que al final queda un conjunto residual más o menos fortuito. Por el contrario, el Estado es una pieza esencial del propio sistema autonómico, el que tiene que asegurar la articulación del conjunto, hacer posible su funcionamiento y la observancia final de los valores de unidad, de solidaridad y de igualdad que la Constitución ha impuesto como cuadro general del sistema. Por ello, en el título VIII del texto constitucional no sólo se definen las competencias transferibles a las Comunidades Autónomas, sino aquellas que han de mantenerse en las manos exclusivas del Estado y también un conjunto importante que han de compartirse entre las dos instancias mediante la fijación de bases por el Estado y su desarrollo y ejecución ulterior por las Comunidades Autónomas.
Es, pues, preciso que, a la vez que se ahonda en el sistema autonómico, se pongan a punto y se perfilen técnicamente esas competencias exclusivas o compartidas del Estado, sin las cuales el sistema no funcionaría en los términos que la Constitución impone.
Me propongo, pues, si obtengo esta investidura, trabajar sistemáticamente en esta dirección, imprescindible para el mantenimiento del Estado así como para la propia eficacia social y política de las Comunidades Autónomas.
Especialmente sensible seré a la preservación del principio de la unidad económica de España, impuesta por la Constitución y por la eficacia de la economía, como es común en todos los países con sistemas no sólo regionales, sino también federales, y exigida además hoy con especial fuerza por la situación de crisis económica que padecemos, y por nuestra próxima integración en las Comunidades Europeas. Para ello, pondré en marcha los mecanismos de planificación económica que han de pautar de acuerdo con las Comunidades este relevante sector de actividad.
Debo decir con claridad que, si llego a presidir el Gobierno, éste ejercerá sin vacilaciones todas las competencias que la Constitución y los Estatutos le reservan. Y ello no para limitar a las autonomías, sino precisamente para servirlas, como antes he anotado. No habrá autonomías fuertes sin un Estado fuerte; para profundizar el proceso autonómico es imprescindible robustecer las estructuras unitarias dentro de las cuales han de moverse las Comunidades Autónomas, como es imprescindible también robustecer la autonomía y las haciendas de Ayuntamientos y Diputaciones, en un esfuerzo coordinado de solidaridad.
Por otra parte, el rigor en la realización del proceso y en su articulación definitiva es, en sí mismo, una condición indispensable para que no pueda producirse un desorden general, que frustraría gravemente a nuestra sociedad y a la esperanza legítima que en las autonomías han puesto nuestros pueblos. Sinceramente, creo que ese rigor es imprescindible en aspectos como la Administración, los medios personales, las técnicas jurídicas y financieras. La Administración Central tiene defectos antiguos que no debiera traspasar a las Comunidades Autónomas. Y éstas, por su parte, pondrán todo su empeño en evitar que así ocurra, para lo cual la Constitución Ies habilita con las competencias y poderes precisos.
Así, pues, mis ideas sobre este capítulo importante de las responsabilidades actuales del poder no son muy complicadas, pero creo que son firmes y obedientes a un criterio claro. Sí, sin vacilaciones y sin reservas mentales ni de ningún orden, a las autonomías, en las que veo no sólo un mandato ineludible de la Constitución y de los Estatutos, sino también una esperanza cierta para nuestro pueblo, que sería grave que se frustrase y que, antes bien, todos debemos servir con ilusión y con resolución. Pero no, claramente, a un entendimiento ligero de las autonomías como disolución de una patria común forjada por la historia y llamada a servir eficazmente, en el terreno no sólo cultural, sino político, a todos sus hombres. No, por ello, al desmantelamiento del Estado, cuya fortaleza más bien ha de ser la primera garantía de que las autonomías se afirmen, se profundicen y se desarrollen en el seno de una estructura común que las haga posibles. Un autonomismo fuerte en un Estado fuerte: ésa podría ser la cifra final de la política que estaría dispuesto a desarrollar desde el Gobierno en esta materia.
Señoras y señores Diputados: Paso a tratar ahora brevemente la política que, en materia de seguridad ciudadana, aplicará mi Gobierno si obtengo la investidura.
Cualquier sistema de libertad política está en función de las condiciones para su ejercicio. La libertad demanda unas garantías jurídicas y una protección judicial. Reclama también una igualdad de oportunidades, para no ser patrimonio de unos pocos. Y exige, finalmente, un entorno de respeto social, de cumplimiento de las leyes, de orden público; en definitiva, de seguridad.
Cuando el ciudadano siente en peligro los valores primarios de su existencia pacífica, aparece el mayor enemigo de la libertad, que es el miedo. Y surgen entonces voces interesadas amplificando temores y anunciando catástrofes para conjurar este gran patrimonio de todos nosotros, que consiste, sencillamente, en una frase: vivir en democracia y libertad.
La seguridad es así una condición básica, social y real, de un régimen de libertad política.
Es evidente que la delincuencia ha crecido en España espectacularmente en la década de los setenta. Sin embargo, aunque el hecho no justifica ninguna complacencia, nuestra tasa de criminalidad sigue siendo una de las más bajas de Europa, y, por primera vez desde hace seis años, en mil novecientos ochenta ha disminuido el número de delitos.
Un hecho doloroso merece subrayarse: el cuarenta por ciento de los reclusos de nuestras prisiones está constituido por menores de veinticinco años. Este problema de la delincuencia juvenil, tan frecuentemente ligado al uso de las drogas, es una de las mayores facturas de la inseguridad pública.
La política de prevención de la delincuencia se va a situar en la primera línea de las preocupaciones del Gobierno. Se va a presentar inmediatamente un Proyecto de Ley de Protección de Menores: se va a reformar el régimen de inversiones de Centros especiales y se coordinará toda la acción del Gobierno en materia de prevención del delito. Nos proponemos aplicar una estrategia de prevención social que va a superar la simple política represiva de las medidas penales. En esta importante materia, la colaboración de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos y Diputaciones resultará imprescindible.
Un exponente máximo de la inseguridad es el terrorismo, que se inicia en España en la década de los años setenta y que ha continuado, después, con la democracia. Durante estos años los Gobiernos de UCD han afrontado tenazmente el terrorismo, con éxitos y fracasos; con avances, a veces importantes, pero también con retrocesos. Es de justicia reconocer aquí el apoyo que han prestado los partidos representados en esta Cámara en los momentos fundamentales y más dramáticos, de respaldo a la acción antiterrorista. Y es de necesidad repetir aquí una vez más que esta colaboración seguirá siendo indispensable porque el problema no es sólo, como se dice a menudo, un problema de Estado, sino que es el gran problema que pone en riesgo la propia realidad del Estado.
Y en estos instantes, en que se empieza a vencer la presión del terror, debo afirmar que la acción del Gobierno se reforzará en varias líneas ya iniciadas:
En resumen, de todo lo anterior tengo que señalar una vez más que concebimos la defensa de la seguridad ciudadana como un capítulo inseparable de la defensa de la libertad y de la democracia.
Por último, dos palabras sobre un tema que merecería muchas más: la Administración Pública.
Un Gobierno eficaz necesita de una Administración que sea capaz de ejecutar con diligencia la política gubernamental. Tras cinco años de intensa dedicación a la Administración, quiero cumplir aquí un elemental deber de justicia hacia tantos funcionarios que han hecho del servicio al Estado la vocación de sus vidas y que lo cumplen, en no pocas ocasiones, con retribuciones escasas y sin otro incentivo que el limpio afán de servir a la comunidad.
La Constitución exige que los funcionarios públicos se rijan por un régimen estatutario. La revisión de este régimen debe hacerse en concierto con todas las Administraciones Públicas y con las organizaciones profesionales y sindicatos de funcionarios. El nuevo régimen de la Función Pública deberá ser el resultado de un amplio concierto y tendrá una vocación de permanencia en el tiempo.
Si obtengo vuestra confianza se abrirá inmediatamente el cauce público de diálogo que es necesario para abordar esta empresa.
Señoras y señores Diputados:
Quisiera cerrar mis palabras con una breve reflexión final.
El desencanto que se ha extendido entre los españoles ante la gestión de la cosa pública, la acusación repetida a los Gobiernos sucesivos de incapacidad para resolver los problemas nacionales pueden tener en algún caso razones objetivas en que fundarse; pero tienen desde luego su raíz profunda en la pervivencia de actitudes que no corresponden a la nueva situación española. En una democracia, el Gobierno toma la iniciativa en la resolución de los problemas planteados y en la consecución de los objetivos sociales, pero no puede ser responsable de todo lo que ocurre en el país. Un Gobierno democrático, en la medida en que desea y propicia un mayor protagonismo de las instituciones y de los individuos en la toma de las decisiones colectivas, en esa misma medida vereducido su ámbito de poder; en esa misma medida precisa de la colaboración de la sociedad entera con la que comparte los éxitos y los fracasos. Y esta colaboración, que no excluye a nadie, pide hoy de los empresarios capacidad para aceptar riesgos e invertir; de los trabajadores, solidaridad para quienes no tienen empleo; de todos, trabajo y voluntad de aceptar resueltamente nuestras responsabilidades.
Un Gobierno que adviene legítimamente al poder, como el que yo pienso formar si obtengo la investidura, puede y debe pedir esa colaboración de la sociedad entera y con ella un margen de confianza para su actuación.
Se ha dicho que la sociedad española ha vivido la transición política con una madurez excepcional; pero acaso le falta aún, en ese proceso de maduración desde la dictadura, una cierta voluntad para asumir las mayores responsabilidades en los asuntos colectivos que le corresponden en un régimen de libertad. De ahí al desencanto, a la desconfianza y a la crítica sistemática no hay más que un paso.
Terminada ya la transición política, inaugurada ya una etapa de normalidad democrática (pese a los muchos y graves problemas que nos afligen), el Gobierno que yo forme hará frente a sus responsabilidades con toda la autoridad y la firmeza de su origen democrático, fiel a sus principios y sin la preocupación de adelantarse a los ajenos, seguro de hallar en el plazo de la legislatura las primeras soluciones para las principales cuestiones que tiene planteadas. Yo pido ya desde aquí la colaboración de los Partidos Políticos, de las Corporaciones Locales, de las Comunidades Autónomas en la tarea colectiva de seguir construyendo el nuevo Estado.
Y especialmente a los Partidos Políticos que están en la oposición, cuyas responsabilidades como oposición no deben impedir la colaboración con el Gobierno, y desde fuera del Gobierno, en las grandes decisiones colectivas. Colaboración que pido y espero con los ojos puestos en los graves problemas de España, y con la certeza de su solución en el tiempo a través del esfuerzo colectivo.
Señoras y señores Diputados: para las líneas que quedan expuestas, y que ampliaré en el curso del debate, solicito la confianza de la Cámara en los términos del artículo 99 de la Constitución.
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