(Excmo. Sr. D. Antonio Carro Martínez, Ministro de la Presidencia del Gobierno)
Señor presidente.
Señores procuradores:
El tema del Sahara a que se refiere el Proyecto de Ley que me cabe el honor de someter a la consideración de este Pleno, es una de las cuestiones que durante estos últimos meses viene viviendo la opinión pública española y mundial con más intensidad, y el Gobierno tiene una conciencia muy clara de la significación histórica de esta ocasión.
Al recabar la atención de este Pleno, el propósito del Gobierno es inscribir al Proyecto en el amplio marco de los importantes y trascendentes fines políticos a que sirve.
Estimo que si el Gobierno os solicita una autorización en materia tan comprometida, justo es que acompañe tal petición con el mayor acopio de criterios y datos posibles. Y no por una mera o desvaída razón de cortesía institucional, sino porque aunque jurídicamente pudiéramos, moralmente, el Gobierno no quiere, el Gobierno no desea acometer la decisión descolonizadora, sin saberla mayoritariamente compartida por el pueblo español, al que legítimamente representáis. Desde este planteamiento, mis palabras, con la mayor o menor elocuencia que acierte a imprimirles, van a estar obsesivamente presididas por el deseo de claridad y aun de exhaustividad, lo que ha de traducirse en una exposición ciertamente desproporcionada a la brevedad del Proyecto.
El Gobierno quiere poner en presencia de las Cortes, todos, absolutamente todos los datos del tema y quiere apelar a vuestro voto reflexivo, a la emisión ponderada, libre y cuidadosa del sentir de cada uno de los señores procuradores, según su recta conciencia a la hora de acometer decisiones trascendentales.
Esto dicho, quiero sistematizar las diversas ideas o aspectos implícitos o conexos con el Proyecto de Ley: En primer término, pienso que os estáis preguntando ¿es necesario este Proyecto? Con gran convicción os digo: Sí; el Proyecto sí es necesario.
Lo es, primero, desde una perspectiva jurídica, por la necesidad de disponer de la cláusula derogatoria general contenida en el Proyecto. Pero fundamentalmente es necesario desde una perspectiva política. Y ello porque el Gobierno desea fortalecer al máximo la posición de España frente a otras potencias afectadas o interesadas en el área, frente a las instancias internacionales reflejadas en la ONU y frente a la intensa y legítima presión de la población saharaui.
De cara a cualquier eventual negociación futura, el Gobierno (respaldado por el amplio crédito que la aprobación de la Ley supondría) podría desarrollar con la eficacia más plena y la más contundente energía (como ha venido haciéndolo) todas las actuaciones conducentes a salvaguardar ad integrum los valores españoles en el territorio, a velar por las justas aspiraciones de la población autóctona y a neutralizar las fuertes tensiones conflictivas de la zona.
Ciertamente, el Gobierno, como órgano que determina la política nacional, podría entablar negociaciones sin esta autorización que se os pide. Es lo que se hizo en el caso de Ifni en mil novecientos sesenta y nueve, y el Tratado final resultante, pasó a ratificación de esta Cámara, conforme a lo dispuesto en el artículo catorce punto dos de la Ley Constitutiva de las Cortes. También podía el Gobierno hacer lo mismo que en Guinea, según la Ley de veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y ocho, que autorizó al Gobierno para una fórmula descolonizadora concreta. Pero ni Ifni ni Guinea presentaron tantas dificultades y tensiones.
En esta ocasión, el Gobierno necesita vuestro respaldo, el Gobierno concreta todo lo que puede y el Gobierno se compromete a dar cuenta razonada a las Cortes del uso que haga de la autorización contenida en la Ley. Esta es una adición que completa y enriquece el Proyecto, surgida a iniciativa de la Cámara y que coincide con el deseo sinceramente sentido por el Gobierno.
Tal es, explícita, clara y palmaria la voluntad del Gobierno que así estimula esa inteligente relación entre el Gobierno y las Cortes. En definitiva, el Gobierno no os pide facultades o atribuciones que no tenga por la legislación ordinaria; lo que realmente os está pidiendo (por intermedio de mi voz) es vuestra confianza y vuestro respaldo y, en definitiva, vuestra colaboración para proseguir y llevar a buen término el proceso descolonizador del Sahara.
Importa mucho al Gobierno dejar muy claro que dicha operación descolonizadora no afecta ni a la soberanía ni a la integridad territorial española. No nos hallamos ante un supuesto del artículo catorce punto uno de la Ley de Cortes. Las nociones de soberanía e integridad territorial no tienen nada que ver con la presencia española en el Sahara.
Al Gobierno le consta que ha habido escrúpulos por parte de algunos procuradores ante la apariencia provincial del territorio. Apariencia que ofreciéndose clara desde el punto de vista jurídico según el Decreto de diez de enero de mil novecientos cincuenta y ocho y la Ley de diecinueve de abril de mil novecientos sesenta y uno, quiebra ante los sólidos argumentos de Valdecasas y los documentados dictámenes del Consejo de Estado, que demuestran de forma inequívoca la imposibilidad de tal identificación.
España, el Estado español, ha venido ejerciendo como potencia administradora, plenitud de competencias y facultades sobre el Sahara Occidental, pero este no ha formado parte del territorio nacional y una mera invocación a la convicción más profunda de todos y cada uno de los señores procuradores arrojaría un saldo congruente con esta apreciación. Asimismo es de señalar que en nuestras Leyes Fundamentales, a diferencia de otras
Constituciones, incluso las del XIX español, no se define el territorio. Pero en cualquier caso, la duda en la materia a que se refiere el Proyecto que hoy se somete a vuestra consideración y aprobación, no es posible.
¿Es que alguien puede suponer (por llevar la reflexión al absurdo) que el Gobierno se sentiría moralmente asistido del derecho a pedir vuestra autorización para negociar sobre el destino de Cuenca, de Tenerife, de Lugo o de Ceuta, de Guipúzcoa o de Melilla, o de cualquier otra parte o porción inalienable del solar patrio? ¿Es que el Estado español podría (sin dejar de satisfacer antes el precio de la sangre de todos los ciudadanos útiles) ceder ni un palmo del territorio sobre el que ejerce su soberanía, por muy alto y poderoso que fuera el requerimiento que se nos hiciese? Tajantemente he de decir: ¡De ninguna manera!
La soberanía no es negociable. Las esencias de la soberanía son: la unidad, la indivisibilidad y la inalienabilidad. Y estas esencias son defendibles apelando incluso a la ultima ratio de la fuerza y de la guerra si fuese necesario. Por eso, si hablamos de negociación, si hablamos de transferencia de competencias es porque lo que negociamos, lo que eventualmente podamos transferir, no integra el corpus de la soberanía.
Se podrá argüir inmediatamente que la provincialización, el status provincial del territorio, constituye un argumento poderoso en contra de mis consideraciones. De aquí que convenga descender a una consideración concreta de la realidad, a una averiguación de la situación jurídica efectiva, subyacente bajo tal calificación de provincia. Una aproximación analógica a efectos administrativos —incluso con alguna proyección en el orden político como la presencia saharaui en estas Cortes y en el Consejo Nacional— y la identidad terminológica no pueden oscurecer o desmentir la existencia de diferencias de insalvable sustantividad. Si me permitís resumir la realidad del Sahara en un slogan de cierta expresividad gráfica, diría que el Sahara es de España; pero el Sahara no es España.
Franco, en visita a las tierras saharauis en mil novecientos cincuenta, dijo:
«Vuestros hermanos de España no vienen aquí a alterar vuestra paz, vuestra libertad y vuestro señorío; vienen a ayudaros, a traeros el progreso de la civilización, los sanatorios, los médicos, todos los medios de que la ciencia dispone, con ese desprendimiento, que solamente es posible en una nación como España, porque España es el único pueblo sobre la tierra capaz de estas grandes empresas.»
Pues bien, esta promesa del Caudillo, este mandato del Caudillo, expresado hace un cuarto de siglo, se convirtió, a través de sucesivos gobiernos y administraciones y a través de una u otras formas jurídicas, en el norte permanente de la política española en aquel territorio. Y ello, diez años antes de la gran eclosión descolonizadora y diez años antes de la célebre resolución mil quinientos catorce de la ONU, conocida como la Carta Magna de la Descolonización.
El hecho de que aún hoy pueda recibir el territorio del Sahara la denominación de provincia, no altera en nada las afirmaciones anteriores.
El otorgamiento formal de la condición de provincia por Decreto de diez de enero de mil novecientos cincuenta y ocho y la Ley ocho, de diecinueve de abril de mil novecientos sesenta y uno, fue, en realidad, un jalón más en el itinerario de la descolonización. Un jalón tendente juntamente a promover al máximo a la población del territorio, a la que se quiso situar en un plano de estricta igualdad jurídica con los ciudadanos españoles. No era ni podía pretender serlo un empeño asimilacionista, que venía contradicho por la geografía, por la lengua, por la cultura, por la raza y por esa expresa y jamás desmentida voluntad de Franco de respetar «la libertad y el señorío» de los saharauis.
En suma, la «provincialización» ha sido un magnánimo intento de situar a los saharauis en un plano de estricta igualdad jurídica con todos los ciudadanos españoles.
Por otra parte, cabe enunciar una serie de síntomas demostrativos de que el Sahara no es una provincia. Tales son:
Dos son los hechos verdaderamente definitivos en la caracterización del Sahara.
El primero es que el Sahara posee una organización política autóctona, de la que es su más trascendental exponente la Yemaá o Asamblea General, órgano supremo de representación del pueblo saharaui, en la que se conjugan el principio democrático y popular con el reconocimiento de la organización tradicional saharaui (chiujs).
El segundo es que internacionalmente España viene considerando al Sahara como un «territorio no autónomo» de los definidos en el artículo setenta y tres de la Carta de la ONU. En efecto, desde mil novecientos sesenta, España viene actuando en rigor como potencia administradora del territorio no autónomo del Sahara, y ha ratificado una serie de resoluciones de la Asamblea de la ONU sobre descolonización del mismo. Es más, algún Estado interesado en la zona nos ha pedido en muchas ocasiones que negociásemos sobre la soberanía del Sahara. Y siempre, invariablemente, la respuesta ha sido clara y contundente en el sentido de que no tenemos esa soberanía, lo que tenemos es la administración y sólo esto es lo negociable.
Verdaderamente antológica y esclarecedora es la carta que el Caudillo dirigió a la Yemaá en veintiuno de septiembre de mil novecientos setenta y tres, en la que por una parte se definía la singularidad política del territorio, y por otra se matizaba el carácter absolutamente voluntario de la convivencia del pueblo español con el pueblo saharaui.
Tras esta exposición, señores procuradores, me siento aliviado de allegar más argumentos.
Me importa, en cambio, sentar dos conclusiones que deben quedar radicalmente establecidas:
1.a Que este Proyecto de Ley (y la autorización que contiene) no atañe ni a la soberanía ni a la integridad del territorio nacional. Y ello porque el Sahara ni está sujeto a soberanía ni forma parte integrante del territorio nacional.
2.a Que este Proyecto de Ley no supone cambio ni discontinuidad en la política española respecto al territorio. Se trata de una pieza instrumental al servicio de la descolonización sinceramente servida por España desde hace bastantes años, como lo atestiguan las palabras de Franco que antes citábamos y datadas una década antes de que los vientos de la descolonización se adueñasen de todos los ámbitos internacionales.
Aún más: creo oportuno recordar que hace aproximadamente un año este Gobierno (al que me honro en pertenecer), presidido por el Caudillo, expresó públicamente ante la ONU que España descolonizaría a través de un referéndum, cuya celebración tendría lugar en el territorio antes del treinta de junio de mil novecientos setenta y cinco. La propia ONU nos pidió que aplazáramos este proceso en autodeterminación. La conflictividad internacional era enorme.
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Me excuso de pormenorizar las múltiples y graves incidencias que a lo largo de este último año se han interferido en el proceso descolonizador. España ha intentado ser complaciente con todas las partes afectadas, con las partes interesadas y con la misma ONU. El riesgo que hemos corrido ha sido enorme.
Estas complacencias nos han desalentado. Por una parte, nos han llevado a situaciones límite, rayanas en guerra abierta. Por otra parte, ha habido el riesgo de vietnamizar la zona. En verdad que España ha tenido que volver a recoger las riendas en el tema y recabar para sí sola el protagonismo de la descolonización. Protagonismo ciertamente respetuoso con todos los valores y partes interesadas y con la ONU como representante de la Comunidad Internacional. Pero protagonismo español y responsabilidad española.
Llegados a este punto, quiero formular con la mayor solemnidad una declaración muy concreta. Esta es que hoy por hoy el Gobierno español no está vinculado por compromiso formal alguno respecto a la suerte del territorio y de la población. Esta Ley, si fuese aprobada, representaría el primer paso, jurídicamente eficaz, en el camino de la descolonización. Un paso previo que no prejuzga el sentido y dirección de los que después puedan darse. No se trata, en manera alguna, de buscar una legalización a ultranza de decisiones o acuerdos ya consumados. Me importaba mucho formular este esclarecimiento porque, como todos los señores procuradores saben, en las últimas semanas el Gobierno, en un clima psicológico de zozobra, en el que les unía el doloroso proceso de la enfermedad del Caudillo, el Gobierno, digo, ha debido desplegar una acción diplomática intensísima, frenética, diría, en distintos y, en ocasiones, encontrados frentes. Y ¿por qué no decirlo?: Dicha acción diplomática ha tenido pleno éxito en el terreno de los principios y de las ideas generales.
Por desgracia, el Sahara ha pasado a convertirse en escenario y marco de uno de los más agudos contenciosos por los que ha atravesado el mundo en las últimas semanas. Ambiciones expansionistas, apetencias materiales, ideas encontradas en la población, se han entrecruzado, generando tensiones que han llegado a representar en algunos momentos amenazas inminentes para la paz en la zona y en el Mediterráneo occidental.
La necesidad de afrontar con urgencia esta situación, el deseo de evitar una confrontación de la que hubiera resultado muy difícil mantener al margen a nuestras Fuerzas Armadas, pese a la marginalidad de los intereses en pugna, han movilizado esos esfuerzos negociadores circunscritos —reitero— a la distensión de la situación, pero de ningún modo comprometedores del destino del territorio.
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Formulada tal puntualización, quisiera referirme, en lo posible, a las intenciones gubernamentales en orden al fondo del asunto del Sahara.
Lo que hay en el fondo del tema Sahara son muchas cosas, y todas ellas de una extraordinaria importancia.
Voy a intentar enumerarlas, tratando de cifrarlas en tres o cuatro valores esenciales:
1.° El Sahara evoca a España.
El Sahara evoca a algunos años de nuestra entrañable historia en uno de los confines más decididamente inhóspitos de nuestra geografía, en el que muchos compatriotas nuestros han escrito bellísimas páginas de ilusión, de esfuerzo, e incluso de sacrificio. Protagonismo singularísimo corresponde en el Sahara a nuestras Fuerzas Armadas, que vienen custodiando y garantizando la integridad de dicho territorio con una fortaleza y una dignidad sólo comparable a los momentos más brillantes de nuestra historia.
2.° En segundo lugar, el Sahara evoca al pueblo saharaui.
El pueblo saharaui es un pueblo noble, digno y laborioso. Un pueblo que por religión, costumbre, raza y cultura es muy distinto al nuestro, pero que, en todo caso, es merecedor de los más altos destinos históricos, cualquiera que sea el resultado del proceso descolonizador en curso. Este pueblo saharaui, entrañablemente unido a su tierra, ha de ser el protagonista de su destino, bajo la tutela, la ayuda y el estímulo de España, que una vez más debe dejar la impronta de su huella civilizadora en este confín de África.
3.° En tercer lugar, el Sahara interesa y apasiona a la opinión pública internacional.
Las Naciones Unidas, bien directamente a través de su Asamblea General, como también por medio de sus organismos especiales, como el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, el Comité de los Veinticuatro y varias Comisiones de visita y encuesta en la zona, han dado lugar a resoluciones y acuerdos reiterados que han sido suscritos por España. Incluso en las últimas semanas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha tenido que reunirse varias veces en sesiones de urgencia por razones de gravedad que han llegado a conmover los cimientos de la paz y la seguridad internacionales.
En resumen, son hasta tres los valores que hallamos en el fondo del asunto Sahara:
1.° La salvaguarda de los valores legítimos que representa España.
2.° La tutela de los derechos del pueblo saharaui.
3.° La observancia de la voluntad de la Comunidad Internacional reflejada en los acuerdos y resoluciones de la ONU.
Pero, además, cabe descubrir un cuarto valor, que se superpone a los tres anteriores. Es la idea de la paz. Es la idea del mantenimiento de la paz y de de la seguridad internacionales.
Conseguir todos estos objetivos a la vez, justamente conjugados y conjuntados, representa la desiderata de nuestras aspiraciones. Desgraciadamente, el alcanzarlos no depende sólo de la buena voluntad y esfuerzos españoles. Conseguir conjuntamente estos cuatro valores requeriría una comprensión adecuada de las potencias interesadas y afectadas en el tema, la abstención de toda iniciativa que pudiese enturbiar el procedimiento de libre emisión de la voluntad de la población saharaui y un respaldo eficaz, solvente y operativo de las Naciones Unidas.
Pues bien, si, como ha ocurrido en las semanas precedentes, la concurrencia de estos requisitos no se da; si se pretende que España llegue en el cumplimiento de sus responsabilidades de potencia administradora mucho más allá de lo que la ética internacional exige, exponiendo vidas de soldados y el prestigio de nuestro Ejército; si todos los demás valores en juego se mueven torpemente y con egoísmos, entonces España se verá obligada a jerarquizar adecuadamente aquellos cuatro valores.
En este supuesto, es claro, es evidente que España no tiene otra alternativa que dar prioridad a la defensa de los valores específicamente españoles. La generosidad, el quijotismo, tienen una frontera. Esta frontera se llama patriotismo. Patriotismo que nos dicta el deber de anteponer la razón de España por encima de cualesquiera otras razones en juego.
Confiamos. Aún confiamos en la posibilidad de no tener que recurrir a acciones unilaterales. Confiamos todavía en poner a salvo todos los valores concurrentes en el tema del Sahara.
En primer lugar, los valores españoles.
Torpemente se ha dicho que el principal valor de España en el Sahara eran los fosfatos de Bu-craa. Gravísimo error, incluso desde el estricto ángulo materialista, pues aparte de las vidas humanas que tenemos allí comprometidas, las inversiones en los fosfatos no cubren tres o cuatro días de guerra. En verdad os digo que el valor fundamental de España en el Sahara es la paz del territorio que hasta ahora ha venido siendo defendida por la gallardía, la dignidad y la firmeza de nuestras Fuerzas Armadas. España, y al decir España digo sus Ejércitos, ha puesto los mejores afanes y sacrificios al servicio de la paz. Sin paz no cabe solución honorable ni justa para el territorio del Sahara. El Gobierno tiene en este punto una decidida y tenaz voluntad. Sólo la insensatez, unida al desenfreno de las pasiones o de las inhibiciones (de unas y de otras hemos tenido recientes y dolorosas pruebas), podrían, pese al denuedo pacificador del Gobierno español, alterar o comprometer este valor absolutamente prioritario. Tan prioritario, que sólo dentro de un clima de paz es pensable culminar el proceso descolonizador con justicia, con concordia y con pulcritud.
En segundo lugar. El segundo valor para el Gobierno está representado por el pueblo saharaui.
Pues bien, la salvaguardia de los intereses españoles no tiene por qué suponer ni va a suponer la marginación ni el deterioro de la voluntad y los derechos del fraterno pueblo saharaui, tantas veces y tan solemnemente proclamados. La posición española se mantiene en este punto invariable e irreductible.
Todos los miembros de esta Cámara sabemos, como lo saben los pueblos español y saharaui y la opinión pública internacional, que, de no haber mediado determinadas (y no precisamente felices) iniciativas ajenas a nuestros propósitos, el noble pueblo del Sahara ya se hubiera pronunciado con toda libertad y garantía sobre su propio futuro. Pero los obstáculos no han modificado ni un ápice nuestro propósito, y la población saharaui ha de jugar un protagónico y fundamental papel en las decisiones políticas que puedan concernir al futuro del territorio. Y ello bien directamente o bien a través de la Yemaá, auténtica Asamblea representativa de la población sahariana.
En tercer lugar, y como final de esta enunciación de valores y objetivos, se impone una alusión al mundo internacional y a la ONU.
Vaya por delante nuestra pulcritud y nuestro respeto hacia este mundo. Con él hemos intentado cumplir (lo que nos honra y nos enorgullece) todas las obligaciones que suscribimos como miembros responsables y conscientes de la ONU. Pero no sería sincero si no dejara constancia y un cierto sentido de disgusto y queja al comprobar que nuestra conducta limpia y clara no es comparable ni equiparable a la observada por otros países y por la propia ONU. Estamos convencidos de la ausencia de cualesquiera elementos intencionales o simplemente de una premeditada y querida desidia en tal conducta, pero ello no impide la afirmación, basada en los hechos de que la ONU se ha mostrado remisa, tardía e insuficiente en sus respuestas y reacciones ante la perentoriedad, e incluso dramatismo, de unas circunstancias provocadas y peligrosísimas para la paz.
A pesar de todo, España, aunque decepcionada y desilusionada, sigue dispuesta a colaborar al máximo de sus energías, pero sin mengua de sus derechos más legítimos y sagrados, en el esfuerzo por llevar a buen puerto su archidemostrado propósito descolonizador.
Afortunadamente, las recientes e intensas exploraciones diplomáticas, nos permiten afrontar ahora el problema en circunstancias menos arduas y aleatorias, más descargadas de incomprensiones y de fortuitas crispaciones y violencias. Por ello el Gobierno, con toda serenidad y firmeza, se ratifica en su pertinente Declaración de veintitrés de mayo de mil novecientos setenta y cinco, al mismo tiempo que insiste en su decidida voluntad de seguir asumiendo, hasta el límite de lo políticamente posible, todas y cada una de sus graves responsabilidades internacionales para la descolonización.
Estos cuatro valores y objetivos están siendo conjugados y defendidos por España a través de dos medios: la acción diplomática y el Ejército.
Esta alusión al Ejército no es de pasada ni casual. El aforismo ”Si quieres la paz, prepárate para la guerra” ha adquirido la actualidad que por su valor disuasorio encierra.
En efecto, el Ejército, nuestras Fuerzas Armadas, han desempeñado y están desempeñando un papel de protagonismo esencial en todo el proceso descolonizador. Y ello porque la Administración del territorio es sustancialmente militar y porque nuestro Ejército, poderoso, bien preparado, con óptima moral y con firme voluntad de combate, ha sido el freno de todo el frenesí que se ha desbordado en el territorio.
Una vez más, la paz se ha puesto a buen recaudo gracias a contar con un resuelto y valeroso instrumento de guerra.
He de confesaros que la gallardía y firmeza de nuestro Ejército fueron el más apreciable y eficaz argumento disuasorio para la retirada de la ”Marcha Verde” hace apenas diez días. Y os lo confieso por haber sido testigo de excepción de cuanto os digo en las conversaciones que tuve que mantener en Agadir.
Lógico es, pues, señalar que mantener el prestigio, el honor y la integridad del Ejército español ha constituido hasta aquí y seguirá constituyendo en el futuro presupuesto previo de la política del Gobierno en la zona.
Se ha dicho que el Sahara no vale una vida española. Y es verdad, porque siendo resuelta nuestra voluntad descolonizadora, ¿para qué malgastar vidas de nuestros hijos en lo que para nosotros ya no es más que un plazo más o menos breve de retirada? Pero atención: si la retirada del Sahara no vale una vida, el honor del Ejército español, que es el honor de España, vale todas las vidas de todos los españoles.
Consiguientemente, cualquiera que pretenda interponerse por la fuerza en la voluntad descolonizadora de España recibirá la más firme, aguerrida e implacable de las respuestas.
En un gesto que tuvo toda la significación y el simbolismo de un augurio feliz, el Príncipe de España, primer soldado de España, al presentarse en reciente visita relámpago en El Aaiun, dijo:
«Quería daros, personalmente, la seguridad de que se hará cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y el honor.»
En el laconismo de este parlamento castrense se resume cuanto he pretendido decir a los señores procuradores.
Y termino.
Nada de añoranzas ni de nostalgias. No es tiempo de llantos noventaiochistas. Modernamente, una presencia exterior se actúa de múltiples formas, y la cancelación de la presencia colonial en el Sahara (urgida también por el deseo de no transferir a la Corona problemas de tan agudo potencial contencioso) puede significar el punto de partida de una ambiciosísima comparecencia española en la zona, instrumentada a través de medios de cooperación múltiples.
Cuando la historia de España discurre por tan cruciales momentos (y Dios nos muestra tan inexorablemente próximos los albores de un tiempo nuevo) creo sinceramente que servimos los designios de este tiempo y de la Monarquía del futuro, poniendo un colofón de digna generosidad a la página gloriosa de la colonización española en el continente africano.
Espero y confío que con vuestra patriótica y razonable comprensión del Proyecto de Ley que os acabo de exponer merezca vuestro refrendo y aprobación.
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