Un nuevo horizonte para España
Prometemos que el Gobierno asumirá integramente los compromisos que este pacto implica, y sabemos que igualmente los asumirán, en su parte, las fuerzas políticas que lo han firmado
27 de octubre de 1977
El Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía, y los portavoces de los Grupos Parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra, han presentado de manera clara y explícita sus puntos de vista y el contenido y los planteamientos básicos del Programa Económico que, con el consenso de todos los partidos políticos presentes en esta Cámara, ha sido elaborado en las últimas semanas.
Un Programa Económico formulado desde la perspectiva del interés nacional y no desde posiciones programáticas de partido.
Un Programa Económico que tiene el máximo aval técnico del equipo que redactó el borrador inicial y de los expertos de los distintos partidos políticos. Nacido, por tanto, del ejercicio de la principal virtud que debe dar vida y sentido a una democracia: la transigencia ejercitada en el diálogo responsable frente a los graves problemas con los que la sociedad española se enfrenta.
Un Programa Económico que al recibir el consenso unánime de todos los partidos políticos, posee la virtualidad suficiente para que los españoles confíen en su eficaz aplicación.
Un Programa Económico que, más allá de su propio valor, ha servido para demostrar que la democracia es posible en España, para prestigiar a los partidos políticos y a estas Cortes, que han sido capaces de decirle al país, con la fuerza de los hechos, que el entendimiento es posible cuando se parte de la asunción del singular momento histórico que vivimos.
Por primera vez, fuerzas con una ideología dispar han coincidido en unos planteamientos básicos para el diagnóstico y la solución de la evidente crisis económica que está sufriendo España.
Ante esta evidencia, sirvan mis palabras como testimonio de felicitación pública a un país y a un pueblo que llevaba demasiado tiempo esperando voces conjuntas de esperanza.
Por ello, hoy puedo repetir lo que alguna vez he dicho en situaciones similares: en la preparación del programa y en su aceptación, no hay más ganador que el pueblo que un día nos otorgó su confianza a cuantos estamos sentados en estos escaños. No hay más ganador que una comunidad de treinta y seis millones de ciudadanos libres. No hay más ganador que una sociedad que puede comprobar que sus representantes elegidos el quince de junio han hecho posible un Pacto, tanto más valioso cuanto que uno de los mayores traumas de nuestra historia ha sido siempre la tendencia al enfrentamiento y la falta de solidaridad.
No voy, como es lógico, a referirme de nuevo a las características o a la justificación del Programa. Pero sí quiero expresar la confianza —que, a su vez, entiendo que es exigencia de todo el país— de que todas las fuerzas políticas aceptamos nuestra responsabilidad y estamos dispuestos a que el Programa se ejecute íntegramente, realizando cada uno el papel que nos corresponde.
Y sí voy a decir, también, que aunque el Programa que hoy se presenta a esta Cámara va a suponer sacrificios para los españoles, esos sacrificios podrán y serán soportados porque no hay exclusión; porque las cargas se reparten equitativamente; porque la obligada dureza y dificultad de las circunstancias actuales sabremos aprovecharla para sanear un país que aún soporta muchas irritantes injusticias y muchas desigualdades de trato.
Permitidme ahora, señoras y señores diputados, que analice, aunque sea muy brevemente, el significado político y las formas y modos a través de los cuales hemos llegado a la aprobación de este Programa Económico, cuya necesidad y urgencia nadie ponía en duda. Unas formas y modos evidentemente singulares, pero que se justifican en la peculiaridad de esta etapa de nuestra vida política que arranca de las elecciones generales y culminará cuando se apruebe y desarrolle la Constitución.
El quince de junio, a través de unas ejemplares elecciones, surge la nueva realidad democrática, representada en estas Cortes elegidas por la libre y soberana decisión de todos los españoles.
Pero en esta fecha, iniciamos una nueva etapa histórica, en una situación y con unas dificultades que condicionan esencialmente la tarea de la gobernación del país.
La falta de una norma constitucional, que establezca el principio básico regulador de nuestra convivencia. Un contexto jurídico en el que preceptos claves en una sociedad plural, como son los relativos a la libertad de expresión, a los derechos de reunión y de asociación política, al tratamiento jurídico de la mujer, y al orden público, no están acordes con la nueva situación democrática. Un esquema de relaciones empresa-trabajador, fundamentado en una profusa legislación y en unos principios desfasados. Una situación económica grave, con una inflación disparada, un paro creciente, un deterioro acelerado de nuestras reservas de divisas y un régimen fiscal insuficiente. Un ambiente colectivo superador de enfrentamientos pasados y deseoso de no mirar hacia atrás, sino al futuro, sobre la base de una sincera y profunda reconciliación nacional. Un deseo expresado insistentemente por los pueblos y regiones de España, de reconocer su personalidad, a través de la institucionalización de las autonomías y mediante la superación de las fórmulas de administración centralista.
Y todo ello, con partidos políticos que estrenaban una nueva y contrastada representatividad, con unas Cámaras que debían establecer su propio esquema de funcionamiento, y en un clima de expectación y de simpatía internacional ante la insólita y positiva experiencia histórica que estábamos realizando.
Este era el claroscuro de nuestra realidad del dieciséis de junio. Con graves problemas e incógnitas que despejar. Pero con la absoluta confianza en un pueblo que había demostrado una serenidad y una madurez política impresionante, y con la decidida voluntad del Gobierno y de la inmensa mayoría de nuestras fuerzas políticas y sociales de encontrar cauces de solución a nuestros problemas, en un clima de paz, de convivencia democrática y de cooperación.
Era lógico que, ante esta situación, y durante esta etapa, el Gobierno que presido entendiera que su forma de dirigir la vida política del país no podía ser la habitual de los gobiernos en los regímenes democráticos consolidados. Y, a su vez, la oposición entendió que no podía jugar exclusivamente el papel que le es peculiar en estos sistemas.
El Gobierno cree que en este período que va desde el quince de junio hasta que la Constitución sea aprobada, es preciso distinguir aquellas actividades político-económico-administrativas que constituyen el área normal de la gobernación de la cosa pública, de los grandes temas que condicionan la consolidación de la democracia y el alumbramiento del Estado que estamos configurando.
Y estos grandes temas prioritarios entiendo que son básicamente la nueva Constitución, la reconciliación nacional, la superación de la crisis económica, el establecimiento de un marco inicial y transitorio para las autonomías y la adecuación sustancial sobre derechos y libertades públicas al nuevo sistema democrático.
El Gobierno, y con él la mayoría de las fuerzas políticas y sociales, han entendido que la reconciliación nacional, basada en la Ley sobre la amnistía, exigía un consenso, pues la reconciliación no se impone por una parte sobre la otra, ni se gana con la mitad más uno de los votos, sino que es el fruto de una voluntad común. Y así se hizo.
El Gobierno, y con él la mayoría de las fuerzas políticas y sociales, creyeron que el tratamiento de las autonomías para todos los pueblos y regiones de España, que tenía su primera expresión en el restablecimiento de la Generalidad provisional de Cataluña, no era una cuestión de política partidista, sino una cuestión de Estado, que exigía el logro del consenso, para que este problema constante y a veces dramático en nuestra convivencia nacional, iniciara su vía de solución sin enfrentamientos y con voluntad de unidad. Y así se hizo y se sigue haciendo sin prejuzgar materias que están reservadas a la Constitución.
El Gobierno, y con él la mayoría de las fuerzas políticas y sociales, han estimado que las graves decisiones que son necesarias para superar la crisis económica, exigían una voluntad común de asumir equitativamente las cargas que este programa representa y que ello necesitaba del consenso en un programa de convergencia, que no es el de ningún partido, sino el acuerdo coherente de todos. Y esto es lo que hoy se presenta ante la Cámara.
Y, finalmente, el Gobierno, y con él la mayoría de las fuerzas políticas y sociales, comparten que este principio de consenso es el que ha presidido el acuerdo político firmado hace unas horas; pienso también que este principio de consenso es el que guía la elaboración de la Constitución, pues la Constitución y el marco legal de los derechos y libertades públicas no deben constituir el logro de un partido, sino la plataforma básica de convivencia aceptada por la inmensa mayoría de los españoles, cualquiera que sea su ideología o su proyecto de sociedad.
Esto justifica que todas las fuerzas políticas parlamentarias hayamos asumido conjuntamente estas decisiones esenciales. Y que, con abrumadora mayoría y en algunos casos unánimemente —como en el pacto económico— hayamos compartido el compromiso en estos temas.
Ciertamente, esto no es hacer dejación de las funciones y responsabilidades de Gobierno. No es establecer un gobierno paralelo ni un gobierno de concentración. Esto es gobernar de una forma distinta —a nuestro juicio la más válida en la hora presente— a como se efectuó la gobernación del país antes del quince de junio o a como se realizará después de aprobada la Constitución, y, en todo caso, a medida que se vaya consolidando el sistema democrático.
Antes del quince de junio el Gobierno debió asumir casi en exclusiva la iniciativa de la reforma política, porque la mayoría de los partidos no estaban legalizados. Las Cortes no tenían un respaldo de sufragio universal y muchas de las instituciones anteriores estaban en crisis.
Pero hoy, después de las elecciones —y en este período preconstitucional y constituyente— es necesario y conveniente en determinados temas esenciales, que afectan a la consolidación del Estado, aunar los esfuerzos de los partidos políticos legitimados en su representación por las urnas, y buscar en las Cortes, si no la unanimidad, sí al menos el más amplio consenso en unas cuestiones de Estado que deben procurar resolverse con las más amplias mayorías.
Y a nadie puede sorprender nuestra actuación, pues ella era parte esencial de nuestro programa de gobierno y del programa electoral de la Unión de Centro Democrático. Así lo anunciamos al pueblo español. En mi intervención en televisión el trece de junio prometí al pueblo español que, si nos daba sus votos seguiríamos esta línea de actuación:
Esto es lo que, textualmente y en nombre de Unión de Centro Democrático, prometí al pueblo español.
Y esto es lo que puntualmente estamos haciendo en el fondo y en la forma. He aquí la coherencia entre nuestro pensamiento y nuestra acción. No actuamos con tácticas coyunturales ante problemas de momento, sino como una estrategia política global para la consolidación de un Estado democrático bajo la Corona.
Y ésta es la voluntad de la mayoría de las fuerzas políticas de este país. Creemos que nuestra misión esencial es la consolidación de un Estado de Derecho democrático, bajo la Monarquía constitucional.
Pretendemos alcanzarlo entre todos, con la colaboración de todos, en un marco de concordia para que sea posible encontrar las soluciones en términos de convivencia civilizada y no de enfrentamientos radicales.
Entendemos que debe haber y hay ciertamente alternativas de poder, pues sin ellas no será posible ningún tipo de democracia.
Pensamos que esta forma de gobernar y este sistema de actuación política, en esta etapa preconstitucional, no sólo no desdibuja la personalidad de los partidos, sino que potencia su imagen y la de los diferentes líderes políticos ante el pueblo español. En definitiva, el pacto económico y los otros acuerdos alcanzados forman parte de ese trecho de camino que todos los partidos políticos podemos recorrer juntos, sin prejuzgar el modelo de sociedad al que legítimamente cada uno aspira.
Todos los partidos deseamos, con esta política, potenciar el Parlamento y su función esencial en un sistema democrático. Por ello, someteremos a estas Cámaras cada una de las medidas concretas que exigen rango legal.
Propiciamos la consolidación de fuerzas sindicales y empresariales vigorosas y responsables.
Confiamos en que el Programa Económico pactado sirva para abrir —tras una etapa difícil de austeridad— la nueva vía a un progreso social y económico, equilibrado y justo.
Prometemos que el Gobierno asumirá íntegramente los compromisos que este pacto implica, y sabemos que igualmente los asumirán, en su parte, las fuerzas políticas que lo han firmado.
Somos conscientes de que sufrimos el desgaste de una situación evidentemente democrática, pero regida por normas que corresponden a una situación de planteamientos distintos. Y que, a su vez, nos encontramos ante injusticias que el mayor clima de libertad hace que aparezcan como nuevas aunque algunas de ellas sean seculares.
El camino queda abierto para dotar a este país de una Constitución que, como señaló Su Majestad el Rey en estas mismas Cortes, ofrezca un lugar a cada español, consagre un sistema de derechos y libertades de los ciudadanos, y ofrezca amparo jurídico a todas las causas justas que puede ofrecer una sociedad plural.
Mientras la Constitución llega, parece claro que el proceso democrático ya es irreversible. Lo han hecho irreversible el espíritu de la Corona, la madurez de nuestro pueblo y la responsabilidad y el realismo de los partidos políticos.
Por ello, nuestro compromiso no se reduce, aunque sea esencial, a la consolidación de la democracia, sino al establecimiento de una sociedad más justa en la distribución de las riquezas y en el reparto de las cargas y con una mayor capacidad creadora. Una vez logrado el objetivo de instaurar en su normalidad y en su plenitud la democracia, podremos seguir avanzando en paz y en libertad hacia la gran meta de la justicia.
2 de noviembre de 1977
Buenas noches, señoras, señores:
Vengo a hablarles en momentos de especial preocupación para todos; para ustedes y para el Gobierno.
Y al hacerlo, sólo pretendo explicar cuáles son las acciones y orientaciones de mi Gobierno y cuáles deben ser los compromisos de nuestra sociedad en este tiempo.
Sé con cuanta preocupación vivimos todos los españoles las dificultades económicas.
Sé que todos los hogares y, sobre todo, los más modestos, se encuentran cada día con mayores problemas para acomodar sus ingresos al constante incremento de los precios.
Sé que cada día es más difícil encontrar una colocación para nuestros hijos cuando llegan a la edad de trabajar.
Sé de la angustia de muchas familias donde falta un puesto de trabajo.
Sé de los desvelos de las amas de casa para hacer frente a los problemas que plantea la diaria cesta de la compra.
Y sé de las penalidades de muchas casas en las que repercute la dificultad para el simple pago de una letra y del trance penoso de muchas pequeñas, medianas y grandes empresas que no encuentran un cauce fácil de financiación para sus necesidades vitales.
Sé que todas esas son sus preocupaciones, de los hombres y de las mujeres, de los jóvenes y de nuestros ancianos, porque también son las del Gobierno.
Estamos viviendo una situación económica difícil, incluso grave, pero no insoluble. Y, en todo caso, pienso que hoy se ofrecen mayores grados de optimismo que los que vivíamos hace solamente unas semanas.
Jamás consideré —y así lo he dicho muchas veces— que las cosas resultarían fáciles a partir de las elecciones generales. Con la mayor claridad advertí el trece de junio que las elecciones no iban a resolver por sí mismas los problemas, aunque fueran el primer paso para lograrlo. En efecto, las elecciones han sido el punto de partida para iniciar un diálogo con interlocutores representativos. Y ese diálogo ya dio sus primeros frutos.
Las elecciones del quince de junio iniciaron un nuevo período, ya estabilizado, que culminará una vez aprobada la Constitución que ahora preparan las Cortes. Esta etapa se ha caracterizado y se caracteriza por el contrasentido de que una situación plenamente democrática en lo político, carece, en cambio, de un contexto general y de unas normas legales democráticas. Nos correspondió gobernar el país en un sistema parlamentario sin tradición parlamentaria reciente. Los partidos políticos, o bien resurgían después de muchos años de silencio, o bien aparecían por primera vez en el escenario de la política nacional. El ejercicio de las nuevas libertades hizo que los problemas se agolparan en nuestras mesas de trabajo como nuevos, aunque muchos tuvieran su origen en épocas anteriores.
Ante tales circunstancias, resultaba evidente que un Gobierno que quisiera enfrentarse a la realidad con sentido práctico y nacional, tenía que conjugar la firmeza de sus decisiones con el equilibrio y la prudencia. Y los aspectos más acuciantes de nuestra vida colectiva sólo podían ser enfocados desde la perspectiva del diálogo.
Desde esta perspectiva fue posible avanzar en el camino de la reconciliación nacional: es posible establecer el marco de las autonomías sin rozar materias constitucionales y promover una urgente reforma fiscal. Desde esa perspectiva han surgido, claras y definidas, las necesarias alternativas de poder.
También desde esa perspectiva de diálogo, que me sigue pareciendo la forma más útil y conveniente de garantizar la convivencia de España, hemos podido llegar a importantes acuerdos, a partir de los cuales será más estable la normalidad democrática de nuestro país y será más fácil contribuir a la consolidación de organizaciones empresariales y de sindicatos responsables y fuertes.
Hoy creo poder hacer ante ustedes, sin falsas ilusiones, una rotunda afirmación de fe en nuestro futuro y transmitirles la seguridad de que nuestro proceso político es irreversible y de que las nuevas formas y modos de convivencia política que estamos creando entre todos, nacen con vocación de permanencia y están asentadas en los firmes cimientos del consenso colectivo y de la concordia nacional.
Pero, si esto es así en el campo político, no ocurre lo mismo en nuestra economía. Se ha dicho con frecuencia que la situación económica es grave. Y se ha dicho con verdad. No hace falta contemplar la elocuente frialdad de las cifras y las estadísticas para comprobarlo. Basta mirar las preocupaciones que señalé al principio y que, desgraciadamente, cada día son comunes a más hogares españoles. Basta repasar el panorama de las empresas que, presionadas por los costes de producción y la dureza de los mercados, están perdiendo el ánimo para sostener las inversiones. Y una sociedad de mercado sin inversiones es una sociedad sin perspectivas de desarrollo y sin apuestas de futuro.
En descargo de las administraciones que en España se han sucedido en los últimos años, hay que decir que esos males no son exclusivos de nuestro país, sino que han sido males comunes, provocados por la crisis general que el mundo ha sufrido desde mil novecientos setenta y cuatro.
En España, la posibilidad de soluciones se vio retrasada por la coincidencia con un proceso de cambio político que limitaba las expectativas y los márgenes de maniobra. Porque, si este tipo de medidas debe ser negociado con todos los sectores de nuestra sociedad, ¿quiénes iban a ser antes de ahora los protagonistas de acuerdos que afectan a toda la comunidad, con muy distintas ideologías e intereses?
¿Acaso unos partidos políticos que antes del quince de junio no sabíamos qué asistencia popular tenían?
¿Acaso unos sindicatos que, o bien eran clandestinos, o bien tenían una difícil existencia, fruto de su prohibición durante casi medio siglo?
¿Acaso unas organizaciones empresariales en las que no se consideraban representadas las empresas?
¿Acaso todo un entramado de relaciones sociales en período de cambio, y cuyo consenso no podía ser en ningún caso garantía para el cumplimiento de las medidas que se adoptaran?
Mientras no hubiera interlocutores válidos, no podía haber soluciones pactadas. En ese diagnóstico coinciden estudios tan imparciales como los informes de la OCDE sobre nuestro país.
Y hay que decir, en justo reconocimiento del grandioso testimonio de madurez de nuestro pueblo y de la función integradora y de moderación de la Corona, que el precio pagado por la transición a la democracia no ha sido tan elevado como correspondía a tales deficiencias políticas y sociales. Y hay que decir también que, una vez superadas, era inaplazable tratar de encontrar una solución inmediata a los problemas económicos de cada día.
Ya el pasado trece de junio, dos días antes de las elecciones, al solicitar su voto, dije textualmente:
«Puedo prometer, y prometo, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años.»
Prometí también gobernar desde la moderación, el diálogo y el pacto. Y ahí están los primeros resultados. Los acuerdos que se conocen como los «Pactos de la Moncloa» constituyen un encomiable esfuerzo por parte de todas las fuerzas políticas para construir una palanca que levante la economía del país.
Las líneas de actuación de los acuerdos se alcanzaron desde posiciones ideológicas muy distintas. Son, por tanto, una respuesta de pleno sentido democrático ante la crisis económica. Los acuerdos constituyen una demostración del sentido de la responsabilidad de los grupos políticos del país. Todos ellos han dado una gran muestra de su capacidad de transigencia para encontrar soluciones comunes ante la gravedad del momento.
Pero, además, los acuerdos son una clara demostración de la coherencia de una política que partiendo de las metas propuestas en los mensajes de la Corona, ha tenido siempre un claro horizonte de objetivos y no ha renunciado a ninguno de ellos por razones coyunturales o de pragmatismo político.
Todos ustedes han podido oír en esta pantalla la voz de cada uno de los firmantes del Pacto; la voz de los partidos políticos que obtuvieron, con los votos de los españoles, la totalidad de los escaños del Congreso de Diputados. No voy a añadir ni un solo acento a sus opiniones.
Sin embargo, creo que es mi obligación, como máximo responsable de la acción política, explicarles a ustedes en qué consiste el programa de saneamiento y reforma de nuestra economía y, sobre todo, cuál es el papel que nos corresponde jugar para que tenga éxito a corto plazo, a todos nosotros, y, por tanto, también a ustedes, protagonistas y destinatarios de los errores y de los aciertos que tengamos.
Existen básicamente cuatro variables sobre las que podemos y vamos a actuar para que la economía nacional y, por tanto, la de cada familia española, se sitúe en niveles de normalidad, seguridad y bienestar.
Primero, hay que evitar, y vamos a evitarlo, que suban los precios de una manera disparatada.
Segundo, es imposible que no suban los precios si el alza de los salarios y de las rentas fuese superior a lo que permite la situación general de nuestra economía.
Tercero, también es imposible que no suban los precios si no se disciplina y reduce el crecimiento de la cantidad de dinero y del crédito.
Y cuarto, hay que evitar, y vamos a evitarlo, que España deba a otros países o a Organismos internacionales más de lo que nos deben a nosotros o de lo que podamos devolver sin excesivas tensiones y dificultades. Para ello hay que exportar más y hay que reducir las importaciones, lo que hacía inevitable actuar, como se hizo, sobre el valor y la cotización real de la peseta en relación con las otras monedas.
Pues bien, a la vista de estos hechos, el Gobierno y los partidos políticos nos hemos propuesto los siguientes compromisos que vamos a cumplir:
Todo está entrelazado. Como he dicho antes, frenaremos los precios si los salarios se mantienen en los niveles establecidos, si se disciplina y reduce el crecimiento de la cantidad de dinero y del crédito. Y si los precios se frenan nuestra economía será más competitiva y podremos ganar nuevos mercados exteriores y exportar más.
Pero hace falta mucho más, señoras y señores: Hace falta, aunque no sea más que para paliar ese gran cáncer social que es el paro, invertir y crear nuevos puestos de trabajo. El Estado va a dar ejemplo, aumentando los gastos de inversión y limitando el crecimiento de sus gastos de consumo. Pero la labor del Estado sería ineficaz sin la colaboración de todos los ciudadanos.
Ustedes se preguntarán cómo han de prestar esta colaboración. La respuesta es muy sencilla: para relanzar las inversiones, entre otras medidas, es absolutamente imprescindible aumentar el ahorro. No existe —quiero que quede perfectamente claro— otra fórmula mágica. Los españoles, todos los españoles, tenemos que ahorrar más.
En resumen, con la mirada puesta en nuestro presente, lo fundamental es que seamos capaces de limitar nuestras pretensiones de ganar más, aceptando ajustar nuestros ingresos a las posibilidades globales de la economía española y que seamos capaces de reducir el consumo.
Sobre la base de una estabilidad asegurada y de un equilibrio económico real, es esencial para el futuro de nuestra economía promover y reactivar las inversiones canalizándolas hacia los sectores más productivos y hacia aquellas actividades capaces de generar un mayor número de puestos de trabajo.
Ahora bien, este planteamiento tan sencillo, aparentemente elemental, debe tener un motor básico que lo anime: un renovado espíritu de trabajo por parte de todas las clases sociales.
Porque, señoras y señores, seamos sinceros: tenemos que trabajar más. España no puede permitirse el lujo de seguir perdiendo decenas de millones de horas de trabajo al año. España no puede permitirse el lujo de seguir teniendo una de las productividades más bajas de Europa.
Un país se construye sólido sobre el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, pero también sobre el trabajo de todos, sobre el esfuerzo de todos, sobre la asunción por todos de sus responsabilidades, que empiezan por el cumplimiento de las propias obligaciones.
De nada servirán pactos y acuerdos, por muchos votos que hayan tenido detrás los firmantes, si el conjunto de los ciudadanos, hombres y mujeres, todos nosotros, no ponemos la parte que nos corresponde en la recuperación de la economía, con un consumo adaptado a las posibilidades de cada uno; con un estricto cumplimiento de las funciones públicas; con un pago puntual e íntegro de los impuestos; con una clara conciencia de nuestra responsabilidad, evitando gastos superfluos y reduciendo el uso de la energía a lo imprescindible.
Si todos sabemos dar respuesta adecuada a este reto, tengo la seguridad de que los sacrificios se transformarán en días de esperanza y, a breve plazo, en días de bienestar.
Si hablo así, señoras y señores, es porque estoy seguro de que lo podemos conseguir. Porque el acuerdo de la Moncloa permitirá que sean corregidos los comportamientos viciosos de nuestra economía. Porque vamos a convertir la austeridad en protagonista de nuestra vida en los próximos meses. Pero vamos a ser austeros todos. El Gobierno y los ciudadanos; la Administración Pública y las administraciones privadas. En la asunción de sacrificios no habrá más exclusiones que las de los más necesitados: las de aquellos que, aunque quisieran, no pueden soportar más cargas ni más esfuerzos.
Nos espera un duro período de saneamiento económico. Cuando lo anuncio, soy consciente de que no estoy ofreciendo vivir en ningún país de maravillas. Pero soy consciente también de que con estas condiciones podremos alcanzar a medio plazo una sociedad más próspera y más justa.
Nos hemos propuesto reformar y relanzar la economía desde perspectivas de justicia y eficacia. Y ésta es la petición del Gobierno y de los partidos: que confíen en nosotros, que participemos todos en esta apasionante tarea de conseguir que los españoles vivamos mejor; que ahorremos y nos sacrifiquemos un poco ahora para que nosotros y nuestros hijos podamos tener una vida más humana, más confortable, más tranquila, más libre y, sobre todo, más justa, lo antes posible.
Como he dicho antes, la situación económica es grave; pero no es insoluble. Es difícil, pero es superable si se parte de la colaboración y el esfuerzo de todos y si se llega por esa vía a un auténtico clima de solidaridad social, desde el que toda empresa común será factible.
He citado la palabra «solidaridad». Antes de escribirla he reflexionado mucho sobre ella. Supone un gran compromiso apelar a su significado. ¿Podremos utilizarla cuando nuestra historia demuestra que sólo se consiguió a través de instrumentos de autoridad? ¿Podemos utilizarla cuando centenares de normas se quedaron sin cumplimiento porque les faltó el apoyo social? ¿Es lícito que apelemos a ella cuando, sin ningún tipo de demagogia, muchos de nuestros males se basan justamente en la más absoluta ausencia de solidaridad?
Mi respuesta es que sí; que podemos apelar a la solidaridad, porque esta palabra y esta llamada no vienen, en esta ocasión solas. Vienen acompañadas de unas reformas profundas que hasta ahora siempre faltaron cuando a los ciudadanos se les pidió algún sacrificio y alguna renuncia. Y lo que es tanto o más importante: vienen secundadas por todas las fuerzas representativas de la izquierda, de la derecha y del centro. Unas medidas que consiguieron tales avales, traen consigo todos los certificados de validez para el tiempo presente.
Les pido, señoras y señores, la comprensión y el sacrificio. Pero tengan la absoluta seguridad de que el Gobierno está decidido a que ese sacrificio sea repartido equitativamente.
Por primera vez en nuestra historia reciente se dan cita todas las condiciones para el éxito de una acción concreta de gobierno:
Primero, absoluta solvencia de las medidas, que han sido preparadas por los mejores equipos técnicos del Gobierno y de los partidos políticos que ustedes han votado.
Segundo, absoluta coincidencia entre todos los partidos para establecer el diagnóstico de la enfermedad que sufre nuestra economía.
Tercero, compromiso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para hacerlas cumplir.
Ahora es obligado el compromiso de colaboración de todos los ciudadanos.
Es bien sabido que la forma española de construir una democracia asombró al mundo. También existe expectación por la forma española de iniciar la solución de la crisis económica. Pero no sólo de esos testimonios podemos vivir, sino de nuestra propia capacidad para consolidar lo que con tanto esfuerzo y renuncia hemos logrado crear entre todos.
Puedo decir, porque personalmente lo he vivido, que nunca España fue recibida en Europa con tantos brazos abiertos como ahora; y puedo decir, con la información que poseo como Presidente del Gobierno, que nunca como ahora estuvimos en condiciones de situar al país en el lugar que le corresponde en el concierto de las naciones.
Todo ello no tiene otro fundamento que el admirable ejemplo de un pueblo apiñado en torno a su Rey, en busca de unas condiciones objetivas de superación nacional. Hoy en nuestra política interior y exterior apenas quedan borrones. Podrá haber nuevos atentados contra nuestra convivencia. Podrá haber asaltos a la paz civil. Podrá haber dificultades de todo tipo. Pero, con un Gobierno que se compromete a la firmeza desde la autoridad democrática, con la colaboración ciudadana desde la normalidad, con una calma que no debe verse alterada por posibles acciones de grupos antisociales, es posible contemplar con optimismo el futuro que les estamos construyendo a nuestros hijos.
Es obligación colectiva hacer que ese futuro no se deteriore por el lado más débil que ahora tenemos: el económico; pero tampoco éste será problema si, una vez encontradas las bases de relanzamiento, las convertimos entre todos en realidad.
Sé muy bien que la consecución de las metas propuestas comporta la puesta en práctica de medidas que no son populares. Pero no es el aplauso lo que buscamos, sino la eficacia ante unos evidentes problemas de la nación. Y no vamos, por ello, a claudicar de nuestra responsabilidad, porque esa es la principal obligación de un gobernante.
El pueblo español ha conseguido pasar de una situación de libertades muy limitadas a otra de plena democracia. Con ese mismo pueblo, pero con ilusiones renacidas y con enorme esperanza, vamos a edificar un nuevo sistema económico abierto a todos los ciudadanos. Vamos a hacer una política y una sociedad más estable, en un clima de normalidad institucional, con una sociedad entramada, protagonista de sus propios hechos, que no tenga que depender de los avatares personales de los líderes políticos.
Vamos, una vez conseguida la libertad, a ganar ilusionadamente la justicia.
11 de noviembre de 1977
En esta mi primera intervención ante esta Alta Cámara, quiero que mis primeras palabras sean de saludo cordial y expresión de sincero respeto a todos ustedes. Mi condición personal de Diputado me vincula más estrechamente al Congreso donde tengo el mandato de estar presente. Sin embargo, como Presidente del Gobierno, me siento vinculado por igual a ambas Cámaras, porque ambas constituyen las Cortes y ambas son la representación del pueblo español.
Este hecho define el sentido de mi intervención ante este Pleno en el que se presenta un programa elaborado sobre el consenso de las fuerzas políticas que lo han suscrito y que no contiene ningún pacto secreto.
El pasado día veinticinco de octubre, todos esos partidos políticos firmaban en la sede de la Presidencia del Gobierno un Acuerdo sobre actuación económica. Dos días después, los mismos partidos, con una sola excepción, firmaban un documento de acción política. Ambos acuerdos fueron considerados el día veintisiete por el Pleno del Congreso de los Diputados con un solo voto en contra. La aceptación del contenido de los pactos ha sido tan amplia, y sus efectos en la sociedad española pueden ser tan positivos, que es obligado significar que el Gobierno se compromete en que su contenido se lleve a la práctica en las mejores condiciones y en un clima de absoluta transparencia.
Permítanme Sus Señorías que no insista ahora en el detalle de los acuerdos que ya han sido explicados suficientemente. Pero sí quiero hablar del hecho político de indudable trascendencia que constituyen los acuerdos; de las causas que nos movieron a convocar las reuniones de la Moncloa; de las intenciones auténticamente nacionales con que hemos actuado, y de la necesidad de afrontar una solución pactada a nuestros más graves problemas y, sobre todo, de acometer colectivamente la actual etapa preconstitucional.
Los Pactos de la Moncloa tienen varios aspectos que han sido ya expuestos: recorrer, con las mínimas tensiones posibles, el camino que nos falta para llegar a la Constitución. Es evidente que hemos utilizado un procedimiento singular, con escasos antecedentes. Y hemos actuado así porque la situación de España es también singular.
Recientemente he hablado del claroscuro del día dieciséis de junio, veinticuatro horas después de que los españoles depositáramos nuestros votos en las urnas. Un claroscuro definido por estas realidades:
Las notas de acompañamiento de estas deficiencias son bien conocidas de todos ustedes: la situación económica atravesaba niveles de tal gravedad, que hacían pensar en ella como en un peligro de desestabilización, y los responsables de la acción política teníamos como primera obligación conducir al país hasta una Constitución duradera, válida para todos y aceptada por todos.
La espera de los textos constitucionales que darán a España su plenitud democrática a nivel legal, no se podía convertir, sin embargo, en una prolongación de la inseguridad jurídica de los ciudadanos. No podíamos permitir que fuera una simiente de confusión por el desfase entre la legalidad y la realidad del país.
Por eso las fuerzas políticas hemos convocado al pacto: desde la conciencia —creo que compartida por grandes sectores de la sociedad— de que debemos llegar a la Constitución sin dramatismos; de que el camino que falta debe tener un soporte legal adecuado; de que, por exigencias de la acuciante realidad, ese soporte había de ser urgente, y de que las soluciones que exigía la grave crisis económica no podían esperar un día más.
Y si la Constitución deberá partir del consenso de todas las partes de una sociedad plural, pienso que no podemos aplicar ni otras medidas, ni otros principios, ni otra inspiración a un conjunto de normas que están llamadas a cubrir esta etapa preconstitucional, durante los próximos meses.
Pienso que el éxito que los partidos pueden brindar a los treinta y seis millones de miembros de nuestra comunidad, es haber conseguido una auténtica convergencia nacional de voluntades. Esa convergencia no nació del vacío, sino sobre el dato previo que nos había proporcionado el pueblo español, identificado con el espíritu de la Corona: el propósito firme de construir una democracia. Eso es lo que se decidió al refrendar la Ley de Reforma Política, y eso es lo que se ratificó al votar masivamente las candidaturas democráticas el pasado quince de junio.
A ese mandato popular obedecen, a mi juicio, las tres grandes líneas del Acuerdo Político:
Primera. Concebir al Estado como promotor y garante de las libertades públicas, cuyo ejercicio tratan de regular las acciones legislativas previstas.
Segunda. Un orden basado en la igualdad jurídica, social y política de los ciudadanos.
Tercera. Una concepción del orden público, como dice el propio acuerdo, que se funda en el «libre, armónico y pacífico disfrute de las libertades y en el respeto a los derechos humanos».
Pero parece evidente que la normalización política que se busca podría resultar inalcanzable si, al propio tiempo, no se trata de garantizar un adecuado funcionamiento de la economía, a cuya situación me he referido antes como posible factor de desestabilización. Sus Señorías no necesitan una especial referencia a esos signos que van desde el creciente número de parados hasta el desequilibrio del comercio exterior, pasando por una complicada red donde se mezclan los factores políticos, la falta de inversiones y productividad y la consiguiente posibilidad de desencanto social ante la propia democracia. Demasiados males, demasiados peligros como para evitar un planteamiento global, desde perspectivas comunes, que permitan sanear y reformar las estructuras económicas y sociales, dentro del marco de una economía de mercado.
Creo que si el acuerdo político es el resultado de una confluencia de voluntades, el económico viene avalado, además, por las mejores aportaciones técnicas, por la asistencia activa de todas las fuerzas políticas, e incluso por el respaldo internacional claramente expresado por los organismos especializados. Es posible que cupieran otras soluciones. Pero nos parece que las fuerzas políticas que lo han suscrito han escogido la vía de mayores seguridades en un momento excepcional. Por ello, pienso, sin triunfalismos y sin juicios apresurados, que es posible afirmar que no sólo se mejoró la comunicación y transparencia entre los partidos, sino que, como alguna vez he señalado, las posibilidades de entendimiento entre los españoles son hoy mayores que hace solamente unas semanas.
Si esto es así, es normal que el Gobierno pueda, quiera y esté obligado a comprometerse en las esferas de su competencia a la ejecución eficaz, honesta y plenamente responsable de los Acuerdos:
Los Pactos de la Moncloa no sólo no limitan las funciones del Parlamento, sino que las afirma. Los Pactos han sido presentados al Congreso y al Senado y es el Parlamento quien, a partir de ahora, deberá elaborar las Leyes que lo pongan en práctica y controlar con grave responsabilidad su ejecución.
No es un hurto tampoco a la singularidad de cada partido, sino que representa concesiones parciales y temporales de todos, sin que ninguno renuncie a su personalidad y a su propio programa. Así lo demuestran las declaraciones de sus líderes en el Congreso de los Diputados, en el Senado y también aquéllas que se han efectuado a través de las pantallas de televisión.
No es tampoco la instauración de un Gobierno paralelo ni elimina las funciones del legalmente constituido. AI contrario: el Gabinete mantiene la iniciativa política que le corresponde y asume en plenitud su responsabilidad del Gobierno del país y de la ejecución de los acuerdos, con la participación de los partidos políticos que los han firmado y bajo el superior control de estas Cámaras, en cada una de las funciones que a cada grupo corresponden.
Y no es ningún fruto tampoco de afanes personalistas, oportunistas o de ansias de espectacularidad, sino el resultado de la coherencia de un pensamiento y de la justa comprensión de una necesidad histórica. Pienso que por parte de todos los partidos políticos que lo han suscrito sería cuando menos injusto calificar de oportunistas a unos hombres y unos partidos que, distantes en sus ideologías, supieron unirse en beneficio de España y con el exclusivo deseo de servir más eficazmente a todos nuestros pueblos.
Y pocas palabras más. Estos son ya momentos de acción, de trabajo y esfuerzo. Sólo deseo reafirmar la certeza de que nuestro empeño es conseguir un
Estado sólido y democrático, firme y plural, asentado en una inamovible armonía de libertades, derechos y obligaciones. Pienso que lo conseguiremos desde una clara definición de objetivos inmediatos, que nos han sido proporcionados en gran medida por los Acuerdos de la Moncloa. Y lo conseguiremos entre todos si construimos una sociedad fuerte, con recursos para defenderse a sí misma. Esa sociedad estructurada por un sólido entramado de instituciones solventes y de mecanismos de respuesta y de recambio permitirá que España mantenga su estabilidad política y supere con éxito las dificultades derivadas de su propia transformación interna y esa especial situación que constituye su posición estratégica, que la convierte en destinataria y reflejo de todas las tensiones de su entorno geopolítico.
Pienso que es obligación de todos conseguir esa sociedad con anchura de miras. Es evidente que cada partido puede tener y tiene a medio y a largo plazo un modelo diferente. Pero es también evidente que a corto plazo existía y existe un trozo de camino que podíamos recorrer en común, como es común la obligación de asentar nuestra convivencia en la estabilidad y en el imperio de la ley.
Ese es el significado último del hecho político que he venido a exponer a Sus Señorías. En esta tarea, que considero de compromiso colectivo, creo que el Senado tiene un papel de riguroso protagonismo. No necesitan Sus Señorías que nadie recuerde en esta Tribuna las altas funciones del Senado.
Pero sí quiero señalar que si la más específica es la legislativa, en los Pactos de la Moncloa existe un amplio campo de desarrollo normativo en el que su colaboración es imprescindible. Quiero señalar que si les corresponde una función de control, el Senado, al igual que el Congreso de los Diputados, tiene la obligación de velar por el cumplimiento de los acuerdos y la pureza del procedimiento, como así han puesto de manifiesto los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. Y en estos instantes de creación de nuevas bases para una nueva sociedad más justa, el Senado puede encontrar en los acuerdos un punto de partida para desarrollar su función de promoción de los intereses generales del país.
Por ello, no en nombre de mi partido, ni siquiera en nombre del Gobierno, sino desde nuestro común sentido de la responsabilidad ante el pueblo español, he querido afirmar de nuevo ante esta Alta Cámara el compromiso de colaboración que nos exige a todos el momento actual de España.
Sé que esa colaboración no faltará. Mi gratitud por ella, como Presidente del Gobierno, mi respeto y mi compromiso de estar aquí, ante Sus Señorías, siempre que sea necesario o lo demanden los superiores intereses de nuestro pueblo.
22 de febrero de 1978
Es para mí motivo de especial orgullo poder darles la bienvenida a este seminario «Negocios con España», organizado por una institución de tan reconocido prestigio internacional como lo es el Financial Times.
La concurrencia de personalidades tan relevantes como las que hoy nos honran con su presencia confiere una excepcional importancia a estas sesiones.
Yo estoy seguro que no podía haberse encontrado un momento más adecuado para la celebración de este symposium; durante los últimos años el nombre de España ha estado asociado con el proceso político que ha permitido en nuestro país llegar a una situación democrática irreversible. Entendemos que ha llegado el momento de que recobre la economía española el protagonismo del que le hacen acreedora las espléndidas oportunidades de nuestro país como centro internacional de negocios.
Es sabido que la delicada operación política, que culminó en las elecciones del quince de junio de mil novecientos setenta y siete, tuvo lugar en medio de la peor crisis económica conocida en el mundo de la posguerra.
El repaso de la actividad económica española, a la que van a dedicarse estas sesiones, tiene un claro marco de referencia: el Programa de Saneamiento y Reforma, que fue pactado por todos los grupos políticos con representación parlamentaria y aprobado por las Cortes.
Con este Programa, formulado desde la perspectiva del interés nacional y no desde posiciones programáticas de partido, España ha tratado de disponer de una palanca construida de esfuerzos reclamados de los distintos grupos sociales, capaz de sacar a su economía de la crisis que hoy afecta a todos los países.
El Programa de Saneamiento y Reforma Económica pactado por los distintos partidos políticos con representación parlamentaria ha partido de una triple coincidencia de la que deriva su fuerza y su sentido:
Primera, una coincidencia en el diagnóstico sobre los males en que la crisis se manifiesta; una intensa inflación sostenida por el crecimiento de los costes; un déficit de la balanza de pagos agudizado por el encarecimiento del precio de los crudos de petróleo, y un paro desconocido en el pasado, paro fundamentalmente joven y desigualmente repartido entre las provincias y regiones españolas.
La segunda coincidencia es la que se da en los remedios que el tratamiento de esos síntomas demandaba, consistente en la adopción de unas medidas de saneamiento que equilibrasen la economía y la realización de unas reformas de nuestro sistema económico que la abrieran a los sanos vientos de la competencia y del mercado, definiendo, al mismo tiempo, claramente un sector público bien administrado, financiado con suficiencia, flexibilidad y justicia.
En tercer lugar, esa convergencia en el diagnóstico y en los remedios de crisis económica emanaba de un tercer punto, en el que también coincidieron todas las fuerzas políticas: su unánime sentido de la responsabilidad del momento político y de la necesidad de llegar a un acuerdo desde el que empezar a consolidar la democracia.
El Programa de Saneamiento y Reforma Económica español es el que ha inspirado e inspira las decisiones económicas del Gobierno. El que nutre su poblada agenda de trabajo de los meses pasados y de los que van a venir.
El Programa se está cumpliendo rigurosamente y sus frutos se están alcanzando con el esfuerzo de todos. Su doble y fundamental propósito: reducir la inflación y el déficit exterior, no sólo son ya propósitos. Son, en buena medida, hechos: la inflación, que superaba el treinta por ciento en los meses del verano de mil novecientos setenta y siete, ofrece en el último trimestre valores situados ligeramente por debajo del quince por ciento.
El déficit de la balanza de pagos se ha reducido en mil ochocientos millones de dólares al año; las exportaciones han crecido en más del once por ciento en términos reales, ganando posiciones en el mercado internacional: la inversión exterior a largo plazo, que nuestra economía precisa para fortalecer su desarrollo, se ha intensificado. El fortalecimiento de la posición exterior española desde julio a hoy es un hecho indiscutible, como testimonian las cifras de reservas exteriores: tres mil setecientos veintiocho millones de dólares en julio, frente a más de seis mil cuatrocientos sesenta y un millones de dólares a finales de enero.
Sabemos bien que estos equilibrios tienen que afianzarse para que el desarrollo futuro sea posible y duradero, y sabemos que nos quedan meses duros por recorrer. El Programa de Saneamiento y Reforma Económica no promete milagros. Contiene objetivos y medios solventes para alcanzarlos. Estamos seguros que esos objetivos se lograrán porque en ellos deben empeñar su esfuerzo diario todos: empresarios, trabajadores, Administración, partidos políticos y Gobierno.
Conocemos también que éste es nuestro principal activo para obtener el aval y el apoyo exterior que nuestro Programa Económico necesita. Porque ese activo no es sólo el de un programa económico coherente y adecuado, como ha reconocido el Fondo Monetario internacional. Es algo más. Se trata de un activo más valioso, puesto que el Programa se ha construido desde el ejercicio de la democracia y para posibilitar la democracia. La gran exigencia del pueblo español en esta hora y la giran obligación de los políticos que la vivimos.
Están ustedes es una nación que, por su situación geográfica, ocupa una posición estratégica entre Europa y el continente africano.
Están ustedes en una nación que, por su tradición histórica, se siente especialmente vinculada al mundo árabe, con el que mantiene unas intensas relaciones de amistad.
Y, por encima de todo, están ustedes en una nación que se encuentra indisolublemente unida a la comunidad hispánica de naciones.
Respecto a Europa, no es necesario que afirmemos nuestra irrenunciable vocación europea, porque nos consideramos parte de Europa. Solicitamos la adhesión a la Comunidad Económica Europea porque pensamos que la CEE es el punto de partida para la construcción de una Europa unida, en la que firmemente creemos y de la que no podemos estar ausentes, y a la que podemos aportar —lejos de una carga para los actuales miembros— un factor estimulante de su desarrollo.
Este cuadro de afinidades no es un programa de relaciones exteriores de un Gobierno determinado, sino un elemento integrante de nuestra propia identidad nacional y, por consiguiente, algo que se encuentra por encima de los avatares políticos.
Para cerrar estas breves palabras de bienvenida, a mí no me queda sino transmitirles, en nombre de mi Gobierno, nuestro más ferviente deseo de un pleno éxito de estas jornadas.
Estamos seguros de que este symposium representará un hito importante en esa readquisición por los temas económicos del protagonismo que temporalmente les sustrajo nuestro proceso de transición política.
Quiero expresarles, finalmente, mi confianza en que este tipo de reuniones en las que tengan cabida enfoques y puntos de vista distintos, con lo que esto implica de fructífero intercambio de opiniones, sigan celebrándose en el futuro y favoreciendo un clima de entendimiento y cooperación internacional.
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