Y, en primer lugar, la política económica.
Esta Cámara ha debatido, a lo largo de los últimos meses y en repetidas ocasiones, la situación económica de nuestro país. No creo que deba extenderme en un análisis cuyos rasgos son conocidos y sobre cuyo diagnóstico existen amplias coincidencias.
La repetición de este análisis ha desgastado los argumentos y las palabras. Sin embargo, es vital devolver a las palabras su significado; comprender la gravedad real de la situación y aceptar la profundidad de los problemas y sus conexiones recíprocas.
Es un hecho que España cuenta con una base energética natural muy pobre, que depende de las importaciones de energía y que es muy vulnerable al encarecimiento del petróleo. Prueba clara de lo que digo es que las elevaciones registradas en estos dos últimos años en el precio de los crudos han empobrecido a nuestra economía frente al resto del mundo en más del quince por ciento. Este es un hecho objetivo anterior a cualquier doctrina económica o política, un dato que deben conocer todos los ciudadanos para acomodar a él sus conductas.
El segundo rasgo objetivo que define la situación española actual y que la diferencia relativamente de la de otros países, es la mayor dimensión de la crisis industrial. Y es así porque España se incorporó tardíamente al proceso de industrialización y no llegó a consolidar las industrias establecidas. Y es así porque la intensidad de consumo de energía por unidad de producto es mayor en España que en otros países. Y porque el crecimiento relativo de los costes de trabajo fue entre nosotros mucho mayor. Y, en fin, porque los sectores de la industria dañados irreversiblemente por la crisis tienen un peso mayor en nuestra economía que en otras economías europeas. Estas realidades indiscutibles obligan a un costoso y difícil programa de reconversión industrial que reclama una convicción colectiva, para que todos acepten los importantes esfuerzos necesarios.
Es, en tercer lugar, un hecho claro que España no contaba, al llegar la democracia, con instituciones económicas eficaces para administrar adecuadamente sus recursos. Ni la Hacienda Pública disponía de un sistema fiscal idóneo, ni los Presupuestos del Estado recogían todos los gastos públicos, ni el sistema financiero respondía a unos criterios mínimos de modernidad, ni el cuadro de relaciones laborales era comparable al europeo. En todos esos campos han tenido que realizarse reformas que no han concluido y que es necesario culminar.
Hay que poner a los ciudadanos y a los grupos sociales frente a esta realidad amarga y dura. Ese es el incómodo papel que hará suyo el Gobierno. Vamos a huir de las grandes promesas que se hacen a cambio de pequeños sacrificios. Debe crearse en el país una conciencia clara de la dificultad de nuestros problemas económicos y de la responsabilidad solidaria como única vía para encontrarles respuesta.
Esta llamada a conductas y comportamientos responsables viene a reforzarse por los datos últimos de que hoy se dispone. En efecto, desde hace cinco meses la situación económica internacional ha visto oscurecidas sus perspectivas. Nuestros vecinos prevén ya una caída en las expectativas de crecimiento para este año; hemos sufrido una nueva elevación en los precios del petróleo y arrastramos, en el interior, una situación climatológica que puede afectar seriamente a nuestra producción agraria y a nuestro balance energético.
Frente a ese cuadro de acontecimientos adversos es más necesario que nunca conservar la calma y saber elegir los problemas, ordenar sus posibles soluciones y fijar con claridad las actuaciones necesarias. La situación de la economía es demasiado seria para permitir la evasión y pide que adoptemos ante ella posiciones comprometidas. Seis son los temas que, desde ahora, fijarán la atención de mi Gobierno:
Permítanme, Sus Señorías, comprometer mis opiniones sobre estas cuestiones.
Los datos que configuran el problema energético español manifiestan con tal elocuencia su gravedad que no puede extrañar a nadie la prioridad absoluta que el Gobierno quiere concederles. Es claro que mejorar la oferta de energía constituye una tarea en la que no caben dilaciones, porque su desatención o retraso se pagarían muy caros en un futuro inmediato. Esta atención preferente a los problemas energéticos se traduce en tres decisiones urgentes:
Reconocido el paro como primer problema social y económico del país, quiero afirmar rotundamente que el Gobierno que me propongo constituir dedicará todo el tiempo y la energía de que disponga a crear los empleos que demanda nuestra sociedad. Esa voluntad firme tratará de servirse con medidas responsables, porque la creación de empleos no admite soluciones rápidas ni recetas simplistas. No habrá en España remedio eficaz y duradero para el problema del empleo en tanto no crezca más nuestra economía y mientras no se lleven a cabo las transformaciones estructurales pendientes.
Sería, sin embargo, parcial y, por ello, poco eficaz una estrategia que fundamentara el crecimiento económico solamente en la inversión pública y en el apoyo selectivo a determinados sectores inversores. Es urgente —y mi Gobierno se aplicará inmediatamente a esta tarea— proseguir el camino hacia la creación de las condiciones que hagan posible un crecimiento sostenido de la inversión privada y la consiguiente creación de puestos de trabajo. En este sentido creo que, con independencia de la crisis económica internacional e interna, el persistente incremento del desempleo en España tiene causas específicamente españolas ligadas a las peculiaridades de nuestro sistema de contratación laboral y de nuestro sistema de financiación de la Seguridad Social.
Corregir esas peculiaridades, aproximar nuestro marco laboral y la financiación de nuestra Seguridad Social a los modelos europeos no es tarea fácil. Mi Gobierno concluirá el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores, configurando así un marco laboral más flexible y eficaz, y, en materia de Seguridad Social, proseguirá el camino hacia la ordenación de un mejor sistema de financiación, cada vez más asentado en los Presupuestos del Estado, y con una nueva regulación de las cotizaciones que por el aumento de las bases máximas permita ir reduciendo los tipos de cotización. Con ello se trata de que la nómina de las empresas no sea una base para girar sobre ella los gravámenes del Estado.
Reducir los costes de la Seguridad Social es una condición necesaria para aumentar el empleo, pero incumpliría mi deber si no señalase con claridad inequívoca que no es suficiente y que la situación de la economía exige durante algún tiempo, además, una moderación de los salarios. Sin un ajuste de los salarios reales no hay solución posible al problema del paro en nuestro país. Al insistir, una vez más, en este punto, lo hago desde la perspectiva de un Gobierno que no desea y no va a interferir en modo alguno en la negociación colectiva, pero que, al mismo tiempo, tampoco quiere limitarse a una posición de espectador indiferente. Para facilitar el empleo, habrá de apoyarse, además, en otras dos acciones: la formación profesional y el establecimiento de fórmulas flexibles que animen la demanda de trabajadores por parte de las empresas.
Resulta claro que la creación de empleos pide de la sociedad española un esfuerzo colectivo y una cooperación de todos los agentes de la economía. Apoyándome en esa realidad, estimo necesario abrir un diálogo con las fuerzas sociales y económicas para la configuración conjunta de un programa concreto, ambicioso y realizable de acciones contra el paro.
No es mi propósito inventariar y desarrollar ahora las cuestiones que deberán ser tratadas en ese diálogo que sugiero. Considero, sin embargo, que podrían incluirse, entre otras, las siguientes:
Afirmar que el empleo es el primer objetivo de la política económica no supone, en absoluto, olvidar los dos equilibrios de la economía: el interno de precios y el exterior de la balanza de pagos, porque, a falta de estos equilibrios esenciales, la economía no podrá crecer duraderamente ni ofrecer empleos estables.
La sociedad que cree en la inflación la produce, y cuando tantas impaciencias se despiertan ante las medidas monetarias y presupuestarias que disciplinan la inflación, es menester recordar a los impacientes que ningún país mejora su comportamiento frente a la crisis aumentando los precios. Allí donde existen políticas monetarias y presupuestarias holgadas no hay menor inflación, sino mayor crecimiento de los precios, y no hay mayor ocupación, sino más paro. Por eso es necesario, aunque sea costoso, continuar con políticas monetarias rigurosas e intensificar el control de los gastos corrientes y del déficit público. El Gobierno no va a ceder en este objetivo esencial y de ningún modo se dejará arrastrar por la presión de los que proclaman que nuestro gravísimo problema de paro podría resolverse a través de un mayor déficit público.
Si el déficit no es la solución, tampoco lo es el aumento de la presión fiscal. La reforma fiscal es ya un hecho positivo de la transición. Ahora hay que completarla y aplicarla cada vez con mayor eficacia y rigor. Pero es necesario no ahogar los beneficios ni el ahorro si queremos que éstos se traduzcan en inversión y creación de puestos de trabajo. En especial es necesario aumentar la lucha contra el fraude fiscal para erradicar los supuestos más extendidos de defraudación que sabemos que todavía existen.
La ampliación del déficit público hasta cotas que significan, simplemente, una pérdida del sentido de la medida, llevaría en el espacio de meses a una destrucción de empleo, no a su creación. El interés de la Nación, el interés de los trabajadores, el interés de los empresarios, está en contener la inflación y no en estimularla, en contener el déficit de la Balanza de Pagos y no en aumentarlo, en crear empleo y no en destruirlo, en defender no sólo el salario de hoy sino el salario de mañana.
El control del déficit público obligará a una seria limitación en los gastos corrientes de la maquinaria administrativa y a una revisión de nuestra política de ayudas a sectores y a empresas deficitarias.
Un primer paso en esta dirección se dará ya en la ejecución de los Presupuestos de mil novecientos ochenta y uno. Me propongo, inmediatamente tras la constitución del nuevo Gobierno, instar de los Departamentos Ministeriales a que realicen propuestas concretas que permitan reducir los gastos corrientes de este ejercicio presupuestario en una cifra no inferior a treinta mil millones de pesetas. Los Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos ochenta y dos se prepararán con exigencia, moderando los gastos corrientes de modo que permitan generar el ahorro público necesario para proseguir el aumento de la inversión pública sin incrementar el déficit.
Al revisar las preferencias y objetivos de la acción que mi Gobierno se propone llevar a cabo no puedo dejar de mencionar la reconversión industrial y la política agraria y pesquera.
Quiero subrayar que considero necesario mantener un tratamiento sectorial de la crisis industrial, que se aleje de actuaciones puntuales y que garantice el principio de igualdad de las empresas ante el mercado.
Para una mejor ejecución de esta política el Gobierno establecerá inmediatamente, a través de la correspondiente norma, un cauce suficiente para lograr una mayor eficacia en su acción. El actual esquema normativo no basta para actuar frente a una situación crítica. Hacen falta nuevos instrumentos legales que permitan flexibilizar las relaciones económicas de las empresas en crisis con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social; que modifiquen los supuestos de actuación del Fondo de Garantía Salarial y que den a la acción del Estado la transparencia y la cobertura necesarias.
Con la misma claridad debo señalar que en una situación de crisis los recursos son limitados y la acción sectorial tiene, necesariamente, que ser selectiva. Esta Cámara conocerá con precisión los recursos que podemos destinar a la reconversión industrial y la aplicación que de ellos nos proponemos realizar.
Esta política de reconversión se complementará con una estrategia industrial que, a la vista de la integración en Europa, permita aumentar la productividad, afiance las posibilidades de creación de nuevas industrias y estimule la utilización de nuevas tecnologías. La pequeña y mediana empresa debe jugar un papel esencial a este respecto.
He dicho, al comienzo de esta intervención, que no me proponía exponer de manera exhaustiva las medidas de un programa del que deben importar más los perfiles. Quiero hacer, pese a ello, una referencia expresa a la agricultura y a la pesca, sectores hoy en dificultad aunque por razones diferentes.
Mi Gobierno dedicará a la agricultura una atención preferente. La situación alimentaria mundial exige que aportemos recursos crecientes a este sector con el que la sociedad española tiene una deuda de solidaridad.
La política agraria se planteará con una referencia permanente a las Comunidades Europeas. Ninguna medida, ningún paso que se dé en este sector podrá desconocer el marco europeo en el que debe ganar su futuro nuestra agricultura. Las reformas estructurales se dirigirán, en consecuencia, a mejorar las posibilidades de competencia de los sectores hoy en desventaja respecto de la Comunidad, y la política de precios y subvenciones se ordenará teniendo en cuenta la estructura de precios relativos en Europa.
Con la perspectiva de este horizonte general, mi Gobierno actuará, de forma inmediata, en los siguientes campos:
El sector pesquero está en una situación crítica derivada esencialmente de las dificultades de pesca en los caladeros tradicionales.
Hay que decir con claridad que esta situación no es fácilmente reversible, pero puedo asegurar a Sus Señorías que mi Gobierno defenderá palmo a palmo en los foros internacionales o en las conversaciones bilaterales los derechos que amparan a nuestros pescadores. En otro capítulo de esta intervención me referiré a la importancia de orientar la política exterior española a la defensa de nuestros intereses concretos, pero quiero dejar dicho ahora que uno de los intereses que con mayor legitimidad podemos y debemos defender es precisamente el de nuestro sector pesquero.
Dicho esto, debo también afirmar claramente que, una vez definido de una manera inequívoca el grado de ocupación de nuestra flota, el Gobierno procederá, en diálogo con los sectores afectados, y tanto con empresarios como con trabajadores, a elaborar y a ejecutar los planes de reestructuración necesarios según los caladeros, las especies, los puertos y los tipos de barcos.
No quisiera concluir este examen de la política económica que, si cuento con la confianza de Sus Señorías, mi Gobierno se propone aplicar, sin referirme siquiera brevemente al papel del sector público en la economía. He insistido muchas veces en mi propósito de fortalecer la economía de mercado según los términos del artículo treinta y ocho de la Constitución. Quiero señalar, con igual énfasis, la necesidad de un sector público eficaz que anteponga esta eficacia a cualquier presión sobre su crecimiento, y que programe su actuación proyectando algunas certidumbres en un mundo escaso de ellas. Una mayor libertad económica no es incompatible —y menos aún en tiempo de crisis— con una racionalización de la actuación del Estado. Me propongo establecer un plan trienal de las inversiones públicas, que debe servir, acompañado del seguimiento adecuado, para que la inversión se ejecute con eficacia, de modo que, cuando, como ahora, la inversión pública juega un papel coyuntural decisivo, no sólo se invierta más, sino que también se invierta mejor.
Al sector público le corresponde también un papel destacado en la corrección de los desequilibrios regionales. La entrada en vigor de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas permitirá al Estado disponer de mejores instrumentos para la programación y ejecución de esta política regional. En aplicación de estos instrumentos, y con la perspectiva de la adhesión a las Comunidades Europeas, el Gobierno establecerá un sistema de programación regional que cuente con la colaboración de las Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos.
Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado http://publicacionesoficiales.boe.es
Ministerio de la Presidencia. Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno. Centro de Publicaciones