Medidas Económicas del Gobierno
8 DE OCTUBRE DE 1976
Palabras pronunciadas por el Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de la Presidencia, don Alfonso Osorio García, ante las cámaras de RTVE el 8 de octubre de 1976
Comparezco hoy ante todos ustedes para exponerles breve, pero claramente, las decisiones a corto y medio plazo adoptadas, en materia de política económica por el Gobierno de la Nación e indicarles los objetivos que éste persigue a largo plazo.
Esto no va a ser una intervención triunfalista, porque no puede serlo. Pretende decir las cosas claras, sin pesimismo, pero sin inconsciencia, con crudo y descarnado realismo.
Por eso, ocultar que la situación actual de la economía española es grave sería de todo punto inadmisible. Y por eso no lo ocultamos. Afectada y desajustada desde finales de 1973 por la aguda crisis petrolífera que ha conmovido a toda la economía occidental, padecemos hoy, en terminología al alcance de todos, una creciente inflación, con fuertes alzas de precios; una actitud muy generalizada en el empresario, de incertidumbre y desconfianza en las inversiones, que conlleva situaciones anormales de paro, y unos importantes déficit en nuestra balanza comercial y de pagos, con crecientes endeudamientos en los intercambios con el exterior y en el sector público.
Estos son los hechos. Junto a ellos nos encontramos ante una reforma política que intenta sentar las bases de lo que ha de ser o debe constituir el marco futuro del país y que encuadre un sistema socioeconómico al que sin duda aspira el pueblo español, más justo y más libre.
Aplazar ésta por razones económicas, creemos que sería grave e imperdonable error. No abordar una acción económica de situación so pretexto de que sólo debe primar la política, sería conducir a España casi a un suicidio colectivo. Y el Gobierno no está dispuesto a ello. El Gobierno es consciente de que en política económica no puede hacerlo todo aquí y ahora, pero lo es también de que sí puede adoptar muchas medidas. Lo ha hecho y lo va a seguir haciendo.
Ayer hizo tres meses de la constitución de este Gobierno y no ha estado inactivo ante los múltiples problemas existentes, entre ellos los económicos, suscitados por los acontecimientos externos y por las propias circunstancias internas. Por el contrario, debe reconocerse que ha tomado medidas cuya simple enumeración nos informa de su trascendencia.
Recordemos las acciones urgentes iniciadas a partir de principios del pasado mes de agosto, orientadas a reducir el paro a través de un relanzamiento de la inversión industrial y a estabilizar los precios de los artículos alimenticios de primera necesidad, arbitrándose los recursos necesarios para financiar, subvencionar o primar determinadas actividades y producciones; la previsión de actuaciones especiales por vía fiscal y financiera para la reestructuración de la pequeña y mediana empresa, así como las orientadas a la reconversión de sectores industriales o a atenuar los desequilibrios regionales; las disposiciones de claro matiz social y simultáneo signo reactivador, tendentes a posibilitar el acceso a los perceptores de las más bajas rentas; la adquisición de viviendas, que inicia una acción excepcional de tres años de duración, para cubrir en dicho plazo las actuales necesidades; el perfeccionamiento y reestructuración de la prestación por desempleo de la Seguridad Social, ampliando su cuantía y duración; el fomento, a través de medidas fiscales, de la exportación y del comercio interior; la potenciación de los ingresos fiscales, fundamentalmente a través de los impuestos sobre el lujo, acción que, junto con una más eficaz gestión de la Hacienda Pública, ha permitido corregir el déficit presupuestario y del sector público hasta límites razonables, tal como en su momento se expondrá al país, y, en fin, el estímulo al ahorro y la promoción de la financiación empresarial a través de la Bolsa mediante incentivos desgravatorios que, si bien no han producido los efectos esperados, ratifican la idea generalizada de que los mercados de valores —y el nuestro no es una excepción— no responden a motivaciones estrictamente económicas.
Este conjunto de medidas justifican la afirmación de que el Gobierno no ha permanecido inactivo; pero paralelamente a ellas, éste ha observado nuestra realidad, ha escuchado a los expertos, ha reflexionado y ha tomado una decisión política que no se basa, simplemente, en optar por una fórmula fácil como sería la de arbitrar una mera política estabilizadora, sino en encararse con la propia realidad economicosocial, aceptar el reto que ésta impone y combinar una política anti-inflacionista con la que exige una reactivación que aliente la creación de nuevos puestos de trabajo y la inversión productiva.
No ofrecemos hoy, pues, a los españoles un plan de estabilización en sentido estricto, sino una política de estabilidad económica en sentido amplio que también incluye medidas de tipo estimulante y reactivador.
En consecuencia, y dicho claramente, el Gobierno aspira a conseguir, en este período de transición en que vivimos, que la economía española esté en condiciones de que se aborden, cuando éste termine, en forma definitiva y sobre bases más saneadas, las reformas estructurales necesarias enmarcadas en un nuevo modelo económico para la sociedad española.
Por ello, el Gobierno, al adoptar una política prudentemente anti-inflacionista que no tenga efectos negativos sobre la reactivación económica, ha establecido las disposiciones precisas para conseguir que estos objetivos puedan allanarse ajustándose a los siguientes criterios básicos:
1. El criterio de transición hacia una economía más saneada, para permitir una transformación más profunda de la estructura economicosocial.
2. El criterio social de que la carga de la actual situación económica exige que se soporte salarialmente más por quienes más perciben.
3. El criterio económico de aunar el objetivo de moderar el alza de los precios en un contexto de reactivación económica con máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.
4. El criterio realista de asentar las medidas tomadas en el reconocimiento sincero y explícito de que sólo con el proceso de reforma política, con una nueva regulación de los derechos de sindicación y de huelga, que se abordan de inmediato, pueden entrar en juego los mecanismos del pacto economicosocial que permitirán también otro tipo de planteamientos.
La coincidencia de estos cuatro criterios da coherencia a las medidas que ahora se toman y que, en su contenido básico, pueden sintetizarse así:
a) Medidas para controlar la inflación sin perjuicio de distribuir más equitativamente las cargas que la situación impone.
Por afectar fundamentalmente la inflación a las clases menos pudientes del país, empeorando la desigual distribución de la renta ya existente, se procede a la congelación, durante el plazo de dos meses, de los precios de todos los productos y las tarifas de todos los servicios, para fijar a partir de esa fecha una lista selectiva de los que han de quedar sometidos a riguroso control hasta el 30 de septiembre de 1977.
Respetando las más estrictas exigencias de carácter social, el Gobierno ha decidido en materia de retribuciones o salarios que, manteniendo la negociación colectiva, aunque abreviando el plazo para ella, se limiten si no hay acuerdo las tasas de crecimiento de aquéllas, teniendo en cuenta fundamentalmente las alzas experimentadas en el coste de la vida.
Esta decisión es mucho más rigurosa y drástica en lo que concierne a las rentas de capital, prohibiéndose durante 1977 la distribución de participaciones en los beneficios a favor de los Consejos de Administración o de las Juntas que hagan sus veces en cuantía superior a la correspondiente al año 1976. Asimismo se establece que las sociedades o empresas no podrán repartir dividendos, participaciones en beneficios y utilidades de naturaleza análoga cuyo importe por acción o participación exceda en más de un 10 por 100 la cantidad repartida en 1976 y congelada desde hace cuatro años.
b) Medidas para recuperar más altos niveles de empleo y reactivar la economía.
No estando el Gobierno dispuesto a admitir que se mantengan los actuales niveles de paro, se adopta un conjunto de medidas, con un efecto directo o indirecto, para corregir este desequilibrio, con desigual incidencia sobre los diferentes sectores económicos y regiones españolas. Este objetivo justifica la mayor racionalización del programa de inversiones públicas, la aceleración de la política de desarrollo regional, la mayor adecuación de las posibilidades de la pequeña y mediana empresa, así como la facultad que se concede al Gobierno para actuar en el campo monetario, actualizando los tipos de interés de las operaciones activas y pasivas de las entidades de créditos con miras a una más adecuada retribución del ahorro y un más idóneo destino del crédito.
En esta misma línea se inscribe la suspensión por el plazo de un año del artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales y su sustitución por una nueva normativa, el Gobierno entiende que esta modificación tiene pleno sentido en estos momentos de creciente desempleo, pues la experiencia ha puesto de manifiesto que desde la entrada en vigor de este artículo se ha producido una drástica reducción en la contratación de nuevos trabajadores.
c) Medidas para reducir el déficit exterior instrumentando un efectivo ahorro de energía.
Con el fin de detener el deterioro creciente de la balanza comercial, y habida cuenta del peso de ésta en la balanza de pagos, el Gobierno considera imprescindible intensificar el control de las importaciones. En esta línea, y entre otras razones por la desfavorable repercusión sobre nuestra balanza de pagos, de las compras de crudos petrolíferos se han arbitrado rigurosas medidas para moderar el consumo de energía y estimular su ahorro, promoviéndose su utilización racional y fomentando el uso de energías alternativas.
d) Medidas fiscales en orden a la contribución sobre la renta y la represión del fraude fiscal.
El Gobierno está dispuesto a que el impuesto sobre la renta se configure en el gravamen directo básico de nuestro cuadro tributario, instrumento ineludible para conseguir una más justa distribución de la renta. Por ello, y como un primer paso, eleva en un 10 por 100 los tipos de gravamen de la vigente tarifa correspondiente a los tramos de base liquidable superiores a un millón de pesetas.
Por otra parte, ha aprobado duras medidas para la represión del fraude fiscal, porque considera que no es admisible, lícito, ni honesto que éste continúe por más tiempo.
e) Medidas de restricción del gasto público.
No puede soslayarse en este contexto el compromiso de una mayor economía en los gastos públicos y una mayor eficacia en la gestión de los servicios. Por ello, el Gobierno, a propuesta de su Presidente, podrá acordar la supresión, refundición o reestructuración de los departamentos ministeriales y de los organismos y servicios de la Administración del Estado e institucional, cualquiera que sea el rango de la disposición por la que fueron creados o se encuentren regulados.
El Gobierno es consciente de que cuanto antecede, mera síntesis de su programa económico, no es cómodo ni es grato. Pero como también sabe que sus decisiones no son tan drásticas como las aplicadas en otros países de nuestra proximidad geográfica, las ha tomado porque tiene el convencimiento de que el sentido de responsabilidad por parte de empresarios y trabajadores les hará comprender que son medidas necesarias y convenientes.
Con este convencimiento, y contando con el esfuerzo colectivo para una nueva solidaridad nacional, estamos seguros de que España podrá enfrentarse a medio plazo al reto de una definición de un nuevo modelo economicosocial basado en lo que creemos pueden ser los siete principios básicos que orientan a nuestra futura economía:
1. Principio de planificación democrática, lo cual supone que la elaboración e instrumentación de la política económica debe fundamentarse en el principio de participación.
2. Principio de libre empresa y economía de mercado, distinguiéndose claramente los campos del sector privado y público para clarificar las expectativas empresariales.
3. Principio de equilibrio social, que supone defender y admitir la intervención del Estado en cuanto sea necesario para conseguir una auténtica igualdad de oportunidades, garantizando la justicia y el equilibrio en el desarrollo de las relaciones laborales, en un contexto de libertad, pluralismo y participación.
4. Principio de justicia, que, en su propia configuración, supone aceptar como idea prioritaria la necesidad de una equitativa distribución de la renta y de la riqueza, así como la idónea satisfacción de las necesidades colectivas básicas.
5. Principio de coherencia, es decir, de coordinación de objetivos, para asegurar el elevado nivel de empleo, la estabilidad de los precios, la mejora de la calidad de vida y la defensa del consumidor.
6. Principio de crecimiento económico, sin miedo al cambio institucional, puesto que aquél, si es equitativo, debe ir unido a la superación de los impedimentos estructurales que perturban dicho proceso.
7. Principio de equilibrio espacial, puesto que si la región se ha de reconfigurar como protagonista del desarrollo economicosocial, es preciso, paralelamente, garantizar la reducción de sus desigualdades económicas, distribuyendo equitativamente los resultados del proceso de crecimiento.
En resumen, el Gobierno cree que puede responder tanto a las exigencias del momento actual como a las que se derivan de la definición de un nuevo modelo económico.
Pero sería engañar al pueblo español afirmar que sólo el Gobierno puede y debe resolver satisfactoriamente y de golpe todos nuestros problemas. La realidad nos demuestra que una parte importante de nuestra legislación laboral, económica y fiscal está desfasada y hay que cambiarla. Es de esperar —sin olvidar que hay que superar el escepticismo de algunos— que esta realidad debe ponderarse por todos los españoles para que colaboren, a través de una tregua de conflictividad primero, de una efectiva participación después, en esta tarea común, colaboración de todo punto necesaria, ya que de ello depende, en definitiva, nuestro bienestar y nuestra prosperidad, porque esta crisis económica compleja reclama un serio esfuerzo de todos para alcanzar las soluciones válidas.
Al fin y al cabo nuestra economía es cosa de todos: a todos nos afecta y a todos corresponde cooperar a la resolución de sus problemas fundamentales.
España, no lo olvidemos, es un gran país y nosotros los españoles somos un gran pueblo; actuando solidariamente nos espera sin duda un gran futuro. No lo frustremos, hagámoslo viable.
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