El Gobierno ha concedido ayudas para 114 proyectos de exhumación de fosas

Estas ayudas proceden de una doble vía.

Por un lado, 66 ayudas han sido adjudicadas directamente por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a través de la Orden PCM/725/2020, de 27 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión las mismas. Las ayudas previstas por esta Orden están destinadas a asociaciones, fundaciones y otras entidades privadas sin ánimo de lucro, además de a universidades y organismos públicos de investigación, así como a las agrupaciones de personas físicas que tengan incorporados entre sus objetivos o actividades los relacionados con la recuperación de la Memoria Democrática y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.

El montante total de estas subvenciones alcanza los 750.000 euros, de los que el 60% (450.000 euros) van destinados a la exhumación de personas enterradas en fosas comunes.

En total, a través de esta norma van a ser subvencionados 22 proyectos de exhumaciones, que se distribuyen entre diez comunidades autónomas: Andalucía, siete; Extremadura, tres; Madrid, tres; Castilla y León, dos; Valencia, dos y Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia, un proyecto cada una.

Además de las ayudas para exhumaciones, a través de la Orden PCM/725/2020 se han concedido subvenciones a otros 44 proyectos, de los que nueve se centran en estudios e investigaciones relativas a la recuperación de la Memoria Democrática, 24 a la organización de cursos, jornadas, conferencias, exposiciones y a publicaciones y 11 a la recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental escrito, oral, audiovisual.

Estos proyectos se distribuyen entre diez comunidades autónomas de la siguiente manera: Madrid, 21; Cataluña, ocho; Andalucía, tres; Euskadi, una; Asturias, dos; Comunidad valenciana, dos; Galicia, dos; Castilla y León, tres; Castilla-La Mancha, una y Murcia, una.

Ayudas a través de la FEMP

Las 92 subvenciones para exhumaciones restantes se basan en lo estipulado en el Real Decreto 887/2020, de 6 de octubre, sobre concesión de una subvención directa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a la Federación Española de Municipios y Provincias, para actuaciones relacionadas con la Memoria Democrática. A través de estas ayudas se va a financiar las actuaciones que lleven a cabo los ayuntamientos para investigar, localizar, exhumar e identificar a personas desaparecidas en fosas de la Guerra Civil y el franquismo. El montante total de las mismas asciende a 750.000 euros.

Las 92 actuaciones incluidas en este plan se van a desarrollar en 92 ayuntamientos de 25 provincias diferentes. Estos consistorios están repartidos en 12 comunidades autónomas. Por parte de Andalucía participan 46 ayuntamientos; en Aragón, cinco; en Asturias, cuatro; en Baleares, uno; en Canarias dos; en Castilla-La Mancha, dos; en Castilla y León, seis; en Cataluña, tres; en Madrid, dos; en la Comunidad Valenciana, 13; en Extremadura siete y en el País Vasco, uno.

Por lo que se refiere a la tipología de las actuaciones que van a ser subvencionadas, entre las mismas se han presentado, además de exhumaciones, proyectos de investigación, recogida de testimonios, prospección de fosas, y análisis de restos.

A continuación incluimos el cuadro con el número de proyectos de exhumaciones subvencionados en cada comunidad autónoma en cada una de las dos líneas de ayuda.

Estas dos líneas de ayuda conforman un plan de choque puesto en marcha por el Gobierno en el ámbito de la recuperación de la memoria democrática en el que ha invertido 1,5 millones de euros, de los que 1,2 millones van a ser destinados a labores de exhumación. Este plan pretende ser una fase transitoria hasta se ponga en marcha el Plan Cuatrienal de búsqueda de personas desaparecidas durante el Golpe de Estado, la Guerra Civil y la Dictadura, que cuenta con una financiación en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 de un total de cuatro millones de euros, tres para las Comunidades Autónomas y uno para las entidades locales, a través de la FEMP.

Con estas ayudas, el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, revierte a situación que se había creado en 2013, cuando el Ejecutivo del Partido Popular decidió dejar sin presupuesto las políticas de Memoria Histórica. Además, el Gobierno da un importante impulso a las políticas de memoria en España, un compromiso que se verá, además, sustanciado en la próxima Ley de Memoria Democrática.