El Gobierno aprueba un nuevo Real Decreto-ley con medidas de apoyo a la isla de La Palma

Entre ellas se incluye la prórroga, durante seis meses, de la moratoria para el pago de préstamos hipotecarios y no hipotecarios, que comprende tanto el principal como los intereses. El objetivo es reducir la carga financiera de las personas afectadas, con el fin de permitirles un mayor margen para hacer frente a las necesidades urgentes derivadas de su desalojo y de los daños sufridos como consecuencia de la erupción.

También se prorroga la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente a 2022 para las personas que no han perdido su vivienda, pero aún no han podido acceder a ella como consecuencia de los gases o porque esta se encuentra rodeada de lava.

Asimismo, se prorrogan hasta el 30 de junio de 2023 los ERTEs volcánicos, incluyendo la exención de cuotas a la Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2023, y también la prestación por cese de actividad para trabajadores autónomos que estuviesen percibiéndola a fecha de 31 de diciembre de 2022.

El Real Decreto-ley introduce, además, un cambio para reconocer expresamente el derecho a acceder a las ayudas del Ministerio del Interior a las personas que, siendo usufructuarias de la vivienda en la que residían, la perdieron como consecuencia de la erupción o sufrieron daños que necesitan ser reparados.

Y por último, en relación con los proyectos contemplados en el Plan de actuaciones definido por la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, la norma aclara que los gastos financieros también tendrán la consideración de gastos subvencionables. La ayuda ya se concedió en diciembre de 2021 y con esta modificación se pretende garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad de los proyectos.