El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley orgánica que reorganiza la Administración de Justicia

La Moncloa, Madrid

En rueda de prensa, el ministro Félix Bolaños ha explicado que este anteproyecto, que constituye una parte esencial del impulso reformista en la Justicia anunciado por el Ejecutivo al comienzo de su mandato, abarca reformas necesarias para responder con eficacia a las necesidades de toda la ciudadanía en cuanto a la Administración de Justicia. Para el titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, esta ley "es una muestra del pleno compromiso de este Gobierno con que la calidad del servicio público de Justicia se sitúe a la altura de las necesidades y demandas de la ciudadanía".

Ley Orgánica de eficiencia del servicio público de Justicia

La futura Ley Orgánica de eficiencia del servicio público de Justicia constituye el tercer pilar de la transformación integral de la Administración de Justicia impulsada por el ministerio, y sigue la senda de las medidas de eficiencia digital y procesal de la Administración de Justicia incluidas en el RDL 5/2023 y el RDL 6/2023.

Esta norma aborda una reforma integral con la que, tal y como ha destacado el ministro, se resuelve el desajuste existente entre una estructura de la Justicia más propia del siglo XIX y las necesidades de la sociedad digital en la que vivimos hoy, "mucho más conectada, diversa, consciente de sus derechos y exigente respecto a los servicios que recibe de la Administración".

Así, la renovada estructura organizativa se asienta en tres novedades, como son los Tribunales de Instancia, uno por partido judicial; la implementación de una Oficina Judicial única para cada uno de esos tribunales; y las Oficinas de Justicia en los Municipios, que sustituyen a los juzgados de paz.

Respecto a la figura del Tribunal de Instancia, su implantación supondrá una importante optimización de recursos, al pasar de 3.800 juzgados a 431 tribunales de estas características, atajando posibles disfuncionalidades y permitiendo establecer criterios procesales comunes que garanticen la homogeneidad.

Estos nuevos tribunales implicarán la redefinición de las Oficinas Judiciales, que pasarán a prestar apoyo en tramitación procesal y servicios comunes a su correspondiente Tribunal de Instancia, bajo la dirección de un letrado de la Administración de Justicia.

Por su parte, las nuevas Oficinas de Justicia en el Municipio ampliarán considerablemente las competencias y los servicios que prestan los juzgados de paz, y seguirán cumpliendo su función social como punto de contacto con la ciudadanía, incluyendo como novedad la posibilidad de realizar actos y trámites procesales y registrales de manera telemática desde allí.

Esto contribuirá a avanzar en una Administración de Justicia más cercana que nunca para quienes no residen en núcleos urbanos, al tiempo que favorecerá la conciliación de los trabajadores de las Oficinas Judiciales y los Tribunales, gracias al despliegue de nuevas tecnologías que se está llevando a cabo para permitir la comunicación telemática entre todos los actores involucrados y la propia ciudadanía.

Eficiencia procesal. Medios alternativos de solución de controversias

El anteproyecto de ley orgánica aprobado hoy también regula los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC), que ya se contemplaban en la Ley de Eficiencia Procesal que el Ejecutivo presentó la pasada legislatura. La aplicación de estos medios en vía no jurisdiccional, en el ámbito mercantil y civil, se contempla para evitar la sobrecarga de los juzgados y tribunales, limitando su intervención a aquellas causas en las que sean imprescindibles, y garantizado, a su vez, los derechos y las plenas garantías jurídicas de las partes.

Así, se potenciará la negociación entre las partes a través de instrumentos como la mediación, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial y la opinión de experto independiente, con el fin de encontrar soluciones dialogadas a sus disputas. Con el uso de estas herramientas, que ya son comunes y exitosas en países de nuestro entorno, cobrarán mayor protagonismo las profesiones jurídicas, ejerciendo la asistencia letrada a las partes.

Protección y defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios

Por último, la norma supondrá un importante paso en la protección y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, estableciendo un procedimiento único para abordar las demandas colectivas, definiendo también las entidades habilitadas para las acciones de representación e incorporando plataformas electrónicas para una tramitación más ágil y sencilla para los usuarios afectados. Todo ello en un contexto en el que, entre 2018 y 2022, los pleitos masivos aumentaron un 120% en Europa.

El Gobierno transpone así la Directiva Europea UE 2020/1828, dando un paso más allá de lo exigido por la UE, ya que su ámbito de aplicación no solo será el listado que establece la citada directiva, sino que abarcará todas las situaciones en las que se hayan vulnerado derechos e intereses de consumidores.

Entre las principales novedades de este apartado de la ley destaca que los afectados podrán ejercer acciones de cesación (es decir, exigir que se interrumpa una conducta nociva para los consumidores, introduciendo como novedad la reclamación previa al empresario o profesional como requisito para que resulte admisible la demanda) y resarcitorias (solicitar una indemnización) a través de plataformas electrónicas.

Además, en el caso de que se den acciones resarcitorias, el procedimiento vinculará a todos los afectados automáticamente y sin necesidad de que cada uno de ellos deba solicitar adhesión al fallo, teniendo la opción de desvincularse si así lo desean.

Por último, se crea un sistema de difusión y publicidad electrónica de estas acciones colectivas, de carácter público y gratuito. El nuevo Registro de Condiciones Generales de la Contratación y de Acciones colectivas tendrá el fin de difundir la existencia de las acciones colectivas, facilitar que los afectados puedan sumarse a ellas y permitir la adecuada coordinación entre órganos judiciales.