El Congreso convalida el segundo paquete de ayudas a los afectados por la DANA por valor de 3.765 millones de euros

Madrid (España)

El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves por 312 votos a favor el segundo Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de Respuesta inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento ante los daños causados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Se trata del segundo paquete de ayudas para paliar los efectos de esta emergencia que aprobó el Gobierno el pasado 11 de noviembre, con 110 medidas adicionales y una inversión de 3.765 millones de euros. La norma convalidada hoy se suma al Real Decreto-Ley convalidado el pasado 21 de noviembre con más de 10.600 millones.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha defendido la convalidación de la norma, ha resaltado que el abanico de medidas desplegado por el Gobierno no tiene precedentes y responde a la magnitud de la catástrofe en todos los ámbitos y a todos los niveles.

Durante su intervención, Bolaños ha reafirmado que el objetivo de estas medidas es ampliar el escudo social que se inició con el primer Real Decreto - ley y ayudar al tejido productivo de las zonas afectadas. Además, en los próximos días el Congreso votará un tercer Real Decreto-Ley con medidas adicionales.

Ampliación del escudo social

En materia de vivienda, el Gobierno amplía la cobertura a los propietarios que no residían en ellas, pero las tenían arrendadas. Además, compensa por la pérdida de sus enseres a los inquilinos. De igual modo, se extiende el Código de Buenas Prácticas hipotecario y se recoge la posibilidad de ampliarlo, en algunos casos, hasta 2026. Esto implica congelar hipotecas y aliviar la presión económica de las familias más afectadas.

Se destinan 25 millones de euros para financiar la adquisición de viviendas de titularidad pública o privada para destinarlas al alojamiento, con carácter temporal, de familias afectadas por la pérdida o el daño de su vivienda habitual. También se prohíben los cortes de energía eléctrica y gas a los hogares afectados, al tiempo que se permite la modificación y suspensión temporal de los contratos de suministro y el aplazamiento de las facturas.

Se establecen medidas de protección para los trabajadores, reconociendo el derecho a adaptación o reducción de jornada para el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y como consecuencia del impacto de la DANA. Se contemplan, además, ausencias al trabajo justificadas, retribuidas y no recuperables por causas relacionadas con la catástrofe.

Asimismo, se clasifica la DANA como un "riesgo grave e inminente" a los efectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dando certidumbre jurídica y normativa a las medidas de protección y previsión que puedan adoptar los trabajadores en contextos de estas características.

Con el fin de ayudar a las personas más vulnerables, se incrementa un 30 % el Complemento de Ayuda a la Infancia, en el marco del Ingreso Mínimo Vital y del que podrán beneficiarse más de 10.000 familias que se encuentran en las zonas afectadas. También se adoptan medidas de especial protección y asistencia a las víctimas de violencia contra las mujeres, y medidas de apoyo y cooperación para la atención comunitaria en salud mental.

Refuerzo del tejido productivo

En el ámbito del tejido productivo, el Real Decreto-Ley establece medidas para reconstruir y recuperar infraestructuras, condiciones de trabajo y suministros.

Así, el Gobierno ha previsto un plan de acción de 500 millones de euros contra el lodo destinado a retirar cuanto antes el barro y reparar las redes de agua de los municipios afectados. También se contemplan inversiones para la reconstrucción de las redes eléctricas de transporte y distribución en los municipios afectados, así como medidas para facilitar el apoyo logístico y distribución alimentaria. Se aprueban también medidas de apoyo y cooperación para el restablecimiento de infraestructuras viarias de titularidad de las Administraciones locales.

En materia de apoyo a empresas y productores, se flexibilizan las ayudas, los plazos de ejecución y las condiciones de los proyectos a las empresas industriales. También se amplían los plazos para ejecutar inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de empresas o entidades beneficiarias de ayudas situadas en las zonas afectadas por la DANA.

Por último, y en materia agraria, el Gobierno establece medidas para la recuperación del potencial productivo a través de la restauración de explotaciones afectadas, la renovación de la maquinaria agrícola y la exención del IBI de naturaleza rústica.