El Gobierno presenta el Plan de Acción por la Democracia para reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información

Madrid (España)

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. (Raúl Salgado / Pool Moncloa)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Acción por la Democracia, una hoja de ruta para fortalecer los principales elementos de nuestro Estado de Derecho, combatir los riesgos que sufren las democracias -como la desinformación- y dar más herramientas y poder a la sociedad española para evaluar la acción de los poderes públicos.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han presentado este plan que toma el nombre y los objetivos de la iniciativa aprobada por la Comisión Europea, el Plan de Acción para la Democracia Europea (Democracy Action Plan).

Durante la presentación, Bolaños ha recalcado que con este Plan se busca "restaurar y fortalecer la confianza en las instituciones y así evitar que la democracia se erosione. Aquí el Gobierno no ha actuado solo: hemos incorporado los objetivos de la iniciativa aprobada por la Comisión Europea y que ha contado con un amplio consenso entre países y entre grupos políticos". Bolaños ha mostrado su confianza en que ese consenso europeo sea también un consenso español.

Urtasun ha señalado que "este es un primer paso histórico porque en este Plan se incluyen algunas de las reclamaciones más importantes de la última década en materia, por ejemplo, de libertad de expresión, y se aborda, por primera vez en la historia de nuestro país, la necesidad de hacer política mediática. Algo que ningún Gobierno anterior había abordado de frente y que el nuevo Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación nos brindaba la oportunidad de hacer".

Ambos ministros han destacado que el plan cuenta con las aportaciones de diversos grupos parlamentarios realizadas durante la ronda de reuniones mantenida con el Ejecutivo en el mes de julio.

El Plan se desarrolla sobre tres ejes de actuación: (1) poder ejecutivo y gobierno abierto; (2) medios de comunicación y garantía del derecho de los ciudadanos a una información veraz; y (3) poder legislativo.

31 medidas para reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información

Estos ejes de actuación contienen 31 medidas que abordan desde la rendición de cuentas obligatoria para conocer cómo se cumplen los programas de Gobierno y reforzar la lucha contra la corrupción contemplada en la Ley 2/2023, de 20 de febrero; a la reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.

De cara a fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo, el Plan contempla la adaptación de la normativa española para cumplir las disposiciones del Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación, aprobado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. Ello implica la fijación de nuevos estándares de transparencia de los medios de comunicación mediante la creación de un registro en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Asimismo, se reformará la ley de publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación.

En aras de establecer mayores garantías de la independencia de los medios de comunicación, se impulsará la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes y la transposición directiva anti SLAPP para la protección de los periodistas contra demandas planteadas con el único fin de intimidarles en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, se aprobará una Estrategia Nacional de lucha contra campañas de desinformación y se reformará la Ley Orgánica del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y de la Ley reguladora del derecho de rectificación, para mejorar el sistema con el que instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados. Además, se revisará el Código Penal para asegurar que la regulación de los delitos que puedan afectar al derecho a la libertad de expresión sea acorde a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a los países de nuestro entorno.

El nuevo contexto político, económico y social demanda adaptar las leyes, los reglamentos y los códigos de conducta de las instituciones a mayores estándares de transparencia e integridad. Por ello, se reformarán, entre otras, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas y de la publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales; y se aprobará la Ley de Grupos de Interés que regule su código de conducta y facilite el seguimiento del proceso legislativo.