El Congreso convalida el tercer paquete de ayudas a los afectados por la DANA por valor de 2.274 millones de euros

Madrid (España)

• En total, las medidas aprobadas suman más de 16.000 millones de euros.
• Este nuevo Real Decreto-ley se centra, particularmente, en ayudas de vivienda, trabajo y vehículos.

Se trata del tercer paquete de ayudas para paliar los efectos de esta emergencia que aprobó el Gobierno el pasado 28 de noviembre, con 60 nuevas medidas y una inversión de 2.274 millones de euros. La norma convalidada hoy se suma a los dos reales decretos convalidados anteriormente en la Cámara Baja con más de 14.000 millones de euros, de los cuales, el Gobierno ha desembolsado ya más de 600 millones.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha defendido la convalidación de la norma, ha puesto en valor el trabajo del Estado, también en su vertiente legislativa, aprobando y convalidando medidas, agilizando al máximo las ayudas y primando la información objetiva y honesta.

Apoyo directo a la ciudadanía y a las empresas

La norma contiene el programa Plan Reinicia Auto+, para la adquisición de distintos tipos de vehículos nuevos y seminuevos que puedan sustituir a aquellos que fueron destruidos durante la catástrofe. Este plan tendrá una dotación inicial de 465 millones de euros y permitirá que los ciudadanos que necesiten comprar un vehículo reciban una ayuda directa de hasta 10.000 euros.

Respecto a la recuperación y relanzamiento de la actividad económica, el Gobierno lanza el Plan Reinicia+ destinado a la financiación de las pequeñas y medianas empresas afectadas, a la inversión industrial productiva y a las empresas turísticas. Su dotación será de 1.200 millones de euros y podrá destinarse a la renovación de maquinaria, equipos, instalaciones o stock de productos.

Asimismo, se abre un nuevo tramo en la línea de avales del ICO, creada en el primer Real Decreto-ley convalidado también por el Congreso, de hasta 240 millones de euros para autónomos y empresas industriales o mercantiles para garantizar una financiación adecuada. Además, con el fin de modernizar el tejido productivo, se abre una línea de préstamos de 300 millones de euros para pequeñas y medianas empresas afectadas para adquirir tecnología y maquinaria de última generación.

En materia de empleo se introducen algunas modificaciones en el ordenamiento jurídico laboral para proteger a los trabajadores ante fenómenos atmosféricos como la DANA. Por ejemplo, se reconoce un permiso retribuido de hasta 4 días por imposibilidad de acudir al centro de trabajo por limitaciones al desplazamiento o riesgo grave e inminente, así como el derecho del Comité de Empresa a ser informado de las medidas en caso de activación de alertas por catástrofes.

El Gobierno destina también 3 millones de euros para atender a las personas con discapacidad afectadas por la DANA y a sus familias. Esta cuantía podrá emplearse para sufragar obras para reconstruir las infraestructuras que faciliten la accesibilidad a personas con discapacidad en viviendas particulares o en edificios y que han quedado dañadas, así como para la compra de materiales necesarios para personas con discapacidad, como sillas de ruedas o audífonos.

Para responder a las necesidades de los más jóvenes en edad escolar, se destinan 19 millones de euros para la adquisición de libros de texto, material didáctico o de estudio. Se reservan además 2 millones de euros para la reparación de instalaciones deportivas, así como una cuantía similar para ayudar al sector de la música y las artes escénicas y visuales.

Tramitación preferente de procesos judiciales por daños y por despido

En el ámbito judicial, entre otras medidas, tendrán una tramitación preferente determinados procedimientos judiciales relacionados con la DANA, entre los que destacan, en el orden civil, las acciones que tengan como fundamento los daños causados por este fenómeno y, en el orden social, los procesos por despido o extinción de contrato por causa de fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas de la DANA, cuando se realicen por empresas beneficiarias de las ayudas directas.