Bolaños ha destacado que el 2024 ha sido el año de la mayor transformación de la justicia

Madrid (España)

Pool Moncloa / Raúl Salgado

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha hecho un balance del último año en el que ha destacado las mejoras introducidas y el impulso reformista con los que el Gobierno pretende dotar a nuestro país de un sistema judicial más ágil, más cercano y más eficaz.

Para lograrlo, las actuaciones se han centrado en tres grandes ejes: digitalización, modernización y vocación social.

Normalización institucional

El ministro ha comenzado su balance poniendo en valor la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tras cinco años de bloqueo, que ha situado, además, a una mujer al frente del Tribunal Supremo, por primera vez en nuestra historia.

Digitalización

Se puso en marcha con la convalidación del Real Decreto-ley 6/2023, piedra angular de la digitalización de nuestro Servicio Público de Justicia, que incluye, entre otras medidas, la posibilidad de celebrar vistas y actos procesales por vía telemática.

En esta norma se enmarca también la creación de la Carpeta Justicia, una herramienta online que permite a la ciudadanía, a las empresas y a los profesionales del ámbito judicial el acceso a los servicios de la Administración de Justicia, a cualquier hora, los 365 días del año.

Modernización

Bolaños ha destacado la recientemente aprobada Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que permitirá actualizar la estructura judicial de nuestro país, adecuándola a los estándares del siglo XXI. Así, por ejemplo, las Oficinas de Justicia del Municipio facilitarán los trámites judiciales en cualquier punto de nuestra geografía, mientras que la creación de Tribunales de Instancia permitirá adaptar las estructuras judiciales y la formación a las necesidades de cada territorio. Por último, los medios alternativos de solución de controversias -tales como la mediación, la conciliación o el arbitraje-, contribuirán a reducir la carga de los juzgados.

Vocación social

El ministro también ha destacado el papel de la Justicia como servicio público y como garante de derechos y oportunidades.

En este punto, ha subrayado la relevancia de las Becas SERÉ, una herramienta que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a los cuerpos más altos de la Administración de Justicia, sin que la situación económica o social represente un obstáculo para quienes deseen desarrollar su carrera en la Administración. Desde la puesta en marcha de este programa, la partida presupuestaria que el Ejecutivo destina a estas becas se ha visto incrementada en un 400%, hasta alcanzar, en esta última edición, los 8 millones de euros. El objetivo del ministerio es que su cuantía y el número de beneficiarios continúen aumentando en 2025.

Otro de los hitos de los últimos meses ha sido la aprobación de la Ley del Derecho de Defensa, una norma pionera en la Unión Europea, y que se basa en el desarrollo del artículo 24 de nuestra Constitución. En ella se consagra el derecho de cualquier ciudadano a obtener información de la Administración de Justicia en un lenguaje claro y comprensible, y elimina los obstáculos para que los profesionales de la abogacía con discapacidad puedan desarrollar sus funciones.

Balance legislativo del Gobierno

Bolaños ha puesto en valor el impulso legislativo del Gobierno y su capacidad de alcanzar mayorías en las Cortes Generales. Así, gracias a las 25 leyes aprobadas -más que cualquier parlamento autonómico, incluyendo aquellos que cuentan con mayoría absoluta-, el Ejecutivo ha logrado devolver la normalidad institucional a Cataluña; asegurar el principio de paridad en el ámbito público y empresarial; o paliar las catastróficas consecuencias de la DANA con la concesión de 16.000 millones de euros.

Proyectos para 2025

Entre los avances perfilados por el ministro para el 2025, cabe destacar la apuesta por una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de renovar la vigente, que data de 1882. Se trata de reforma estructural en materia penal que permitirá modernizar y adecuar al marco europeo una legislación perteneciente al siglo XIX.

En definitiva, la renovación y la mejora de la Administración de Justicia es una prioridad para el Ejecutivo, al otorgarle la naturaleza de servicio público fundamental, de cuyo buen funcionamiento depende la reducción de desigualdades, el bienestar de la ciudadanía y el progreso de nuestro país.