Entra en vigor la obligación de buscar un acuerdo antes de iniciar un proceso judicial civil o mercantil
3.4.2025
Madrid (España)
La Ley, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, establece que, salvo las excepciones previstas - tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otros -, será obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda. Entre los mecanismos contemplados se encuentra la mediación, la conciliación, la opinión experta independiente, la oferta vinculante confidencial, la abogacía colaborativa y la negociación directa entre las partes.
Con esta medida, se pasa de una cultura del litigio a una cultura del diálogo y del acuerdo, reduciendo así la carga de trabajo de los tribunales y ofreciendo a los ciudadanos una vía más rápida y eficiente de resolución de conflictos.
Además, la norma modifica el sistema de costas, ya que los tribunales entrarán a valorar si efectivamente alguna de las partes se ha negado a solucionar el conflicto de manera consensuada, lo cual tendrá un impacto en el criterio para su imposición.
La transformación de la Justicia hacia un servicio más ágil y eficiente
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia prevé una reforma profunda de la organización judicial - cuya entrada en vigor se producirá de manera escalonada a partir del 1 de julio de 2025 - que la convertirá en una estructura más ágil, más flexible y con mayor capacidad de respuesta ante la congestión de los juzgados.
La norma transforma los 3.931 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, cada uno de ellos, asistidos administrativamente por una Oficina Judicial. Esto permitirá, por ejemplo, una especialización de las plazas judiciales, que se ordenarán por secciones, lo que facilitará la homogeneización de las prácticas, jurisdiccionales y organizativas.
La nueva estructura vendrá acompañada de una dotación de más plazas judiciales en los Tribunales de Instancia cuando sea necesario, ya que la creación de plazas dejará de estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado, lo que permitirá invertir el importe ahorrado - en torno a 300.000 euros - a la habilitación de nuevas plazas.