Las comunidades autónomas con competencias en Justicia ahorrarán casi 300 millones de euros con la Ley de Eficiencia
4.4.2025
Barcelona (España)
Pool Moncloa/Raúl Salgado
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supondrá un ahorro de cerca de 300 millones de euros en los próximos 10 años en las 12 comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia. Su implantación, en cambio, solo requerirá en este momento una inversión de alrededor de 15 millones entre todos los territorios, ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino solo adecuar las existentes a la nueva estructura prevista en la norma.
Así se desprende de un análisis que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha realizado para presentar hoy en la Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona, centrada en el proceso de implementación de la reforma de la Justicia.
Finalmente, el pleno no ha podido celebrarse por no haber alcanzado el quorum de asistentes, tras el abandono de diversos gobiernos autonómicos, que no han podido escuchar las cifras que afectan a sus territorios ni compartir sus esfuerzos para la implementación de la nueva ley o escuchar al resto de comunidades autónomas. No obstante, el ministerio y los consejeros de País Vasco, Catalunya, Canarias, Navarra y Asturias han mantenido la reunión en los términos previstos y continuar así trabajando en la mejora del Servicio Público de Justicia.
290 M€ de ahorro en 10 años
El estudio presentado por el ministerio detalla que, en estas 12 comunidades, el ahorro previsto gracias a la Ley de Eficiencia superará los 290 millones de euros en 10 años. Las que más ahorrarán son Andalucía (63M€), Catalunya (55M€), la Comunidad de Madrid (47M€) y la Comunitat Valenciana (39M€).
El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta cuántos órganos judiciales se crean cada año de media y el hecho de que, hasta ahora, esto suponía la creación de un juzgado y toda su estructura (inmuebles, personal, etc), con un coste de 400.000€. Con la nueva ley, en cambio, el coste de crear una nueva plaza de juez será de 86.000 €, ya que dejará de estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado.
Más de 350M€ invertidos
La inversión que el ministerio ya ha realizado en las 12 comunidades con competencia en Justicia supera los 325 millones de euros procedentes de fondos europeos, una cifra histórica para modernizar este servicio público y avanzar en la implantación del nuevo modelo organizativo previsto en la Ley de Eficiencia. Además, el ministerio les ha facilitado soluciones tecnológicas por valor de 25 millones, de manera que la inversión total en esos territorios ha ascendido a 350millones.
Por comunidades, las que han recibido una mayor inversión son Andalucía (65M€); Catalunya (55M€); Comunidad de Madrid (50M€) y Comunitat Valenciana (42M€).
La mayor transformación de la Justicia en décadas
Por otra parte, se requiere un esfuerzo por parte de las CCAA con competencias transferidas para culminar la adopción del nuevo modelo de oficina judicial, sobre el que se basa esta ley, y que está vigente desde hace 15 años.
Los avances realizados en las 9 líneas de trabajo planificadas para la implementación de los Tribunales de Instancia en todo el territorio donde el ministerio tiene competencia en materia de justicia permitirán que estén previsiblemente en funcionamiento el 1 de julio, el 1 de octubre y el 31 de diciembre de este año, conforme a los plazos establecidos en la ley.
Una Justicia más ágil y eficiente
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada el pasado mes de enero, prevé una reforma profunda de la organización judicial para hacerla más ágil y flexible y dotarla de mayor capacidad de respuesta ante la congestión de los juzgados.
La norma, que se aplica de forma progresiva durante 2025, transforma los 3.931 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, cada uno de ellos, asistidos administrativamente por una Oficina Judicial. Esto permitirá, por ejemplo, una especialización de las plazas judiciales, que se ordenarán por secciones.
La nueva estructura, que arranca el 1 de julio y se completará el próximo 31 de diciembre, facilitará la dotación de más plazas judiciales en los Tribunales de Instancia cuando sea necesario, ya que su creación dejará de estar vinculada a la implantación de un juzgado.