El Gobierno aprueba la reforma que amplía y fortalece las Carreras Judicial y Fiscal

Madrid (España)

Pool Moncloa/Raúl Salgado

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, cuyo objetivo es adecuar la Administración de Justicia y la labor de sus profesionales a la nueva realidad de este servicio público y a las demandas sociales emergentes.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado los ejes fundamentales de la actualización de esta ley aprobada hace 40 años: promover la igualdad de oportunidades en el acceso de los profesionales del sistema judicial; buscar la excelencia y diversidad de los miembros de la Administración de Justicia; mejorar su carrera profesional; e impulsar la pluralidad y la transparencia de sus estructuras.

Se trata de la mayor reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, y afianza la gran transformación de la Justicia que está llevando a cabo este Gobierno basada en los principios de digitalización, modernización y vocación social.

Igualdad de oportunidades en el acceso

Entre otras medidas, la Ley Orgánica consolida y protege las Becas SERÉ al darles rango legal. Son ayudas dirigidas a los opositores de los principales cuerpos de la Administración de Justicia, cuya cuantía será equivalente, al menos, al SMI en cómputo anual, y tendrán una duración de hasta 4 años.

Igualmente, convierte el Centro de Estudios Jurídicos en un centro público de preparación de oposiciones que contará con distintas delegaciones, con el fin de reducir la brecha de oportunidades derivada del lugar de residencia.

Asimismo, los jueces y magistrados en activo necesitarán el reconocimiento de la compatibilidad por parte del CGPJ para la preparación de oposiciones, además de establecerse un registro público de preparadores.

Excelencia de los integrantes

Por otro lado, reforma el sistema de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal adaptando los mecanismos de selección para acercarlos a la realidad del desempeño judicial y garantizar la igualdad de oportunidades.

En este sentido, destacan novedades como el anonimato en la corrección de las pruebas escritas, o la sustitución de un ejercicio memorístico en la oposición libre por un caso práctico que pondere la capacidad de razonamiento.

Aumento de efectivos y mejora de la carrera profesional

La norma establece fórmulas que permiten dotar de recursos humanos suficientes a la Administración de Justicia, dimensionados en función de la carga de trabajo de los tribunales. Entre ellas, favorece la promoción a través de ascensos por antigüedad; avanza en la especialización y el desarrollo profesional de jueces y magistrados, por ejemplo, los de ámbito mercantil o de violencia sobre la mujer.

También refuerza el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal de juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio (conocido como "cuarto turno") para que la convocatoria de acceso a la Carrera Judicial por concurso oposición sea simultánea al acceso por turno libre, y se cumpla la previsión legal ya vigente de que una de cada cuatro plazas se cubra por este sistema. Igualmente incorpora, por primera vez, el sistema de "cuarto turno" a la Carrera Fiscal.

Por añadidura, sistematiza un proceso de estabilización de los jueces sustitutos y fiscales interinos, en línea con los requerimientos de la Comisión Europea y con el mandato establecido en la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Del mismo modo, para los jueces sustitutos y magistrados suplentes, elimina la incompatibilidad para el ejercicio de otras profesiones durante el tiempo que no son llamados para el ejercicio del cargo.

Pluralidad y transparencia

La reforma contempla diversas medidas para mejorar la pluralidad y la integridad del Poder Judicial. Una de ellas es la regulación de la composición y elección de los miembros de la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial, con el fin de asegurar la diversidad de perfiles. De esta forma, cinco miembros serán jueces o magistrados, elegidos por la Carrera; y otros cuatro serán elegidos por las Cortes Generales entre catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral.

Por último, la ley moderniza los procesos de elección de las Salas de Gobierno de los principales tribunales, articulando candidaturas individuales y un solo voto por elector. Además, se prohíbe el voto delegado, se introduce la posibilidad del voto telemático y se reduce el mandato de cinco a tres años.