Consulta pública sobre el II Plan de Derechos Humanos

El Gobierno entiende que, dada la importancia, el compromiso y el interés de la sociedad civil española con las políticas que se desarrollarán en este Plan de Derechos Humanos, es fundamental incorporar la participación como elemento sustancial en el proceso de elaboración del mismo, iniciándose con una consulta pública, a fin de que tanto ciudadanos y ciudadanas, como organizaciones y asociaciones que así lo consideren, realicen sus aportaciones antes del día 30 de abril de 2022, utilizando para ello el formulario que aparece al final de este texto.

Antecedentes

Desde la aprobación de la Constitución de 1978, España inició un intenso período de ratificación de Tratados y Convenios Internacionales sobre derechos humanos que han contribuido a impulsar la renovación de toda nuestra legislación interna, que en la actualidad se sitúa en la vanguardia del reconocimiento y garantía de los derechos y libertades. En todo momento, España ha participado y participa activamente en los órganos que cumplen y hacen cumplir los tratados internacionales de derechos humanos.

En este contexto, la Conferencia de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, incluyó la elaboración de Planes nacionales como una de las medidas que deben adoptar los Estados para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos. España dio cumplimiento a este compromiso internacional a través de la elaboración y puesta en marcha del I Plan de Derechos Humanos, 2008-2012.

Otros instrumentos internacionales vienen a reforzar el camino andado y a presagiar un futuro positivo para la consolidación de derechos y libertades. En concreto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible integra como objetivos la promoción de los derechos humanos, la prosperidad, la sostenibilidad del planeta, la paz y la justicia social. En este sentido, el Gobierno de España ha realizado un amplio trabajo, desde el Plan de Acción a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.

Por otra parte, para la elaboración de este II Plan de Derechos Humanos también recogemos el esfuerzo realizado en los últimos años, en concreto el desarrollo de una legislación amplia que avanza en la garantía de derechos y en el refuerzo de nuestro Estado del Bienestar, teniendo en cuenta los aprendizajes adquiridos durante la gestión de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19.

Problemas que se pretenden solucionar

La desigualdad en la que viven las mujeres, la discriminación que sufren grupos de ciudadanos y ciudadanas, la pobreza y las dificultades de acceso a los recursos, son elementos que siguen estando presentes en todas las sociedades, provocando enormes brechas que, en la práctica, se traducen en que una parte muy importante de la población encuentra limitado el disfrute real de sus derechos. Nos referimos a las mujeres, pero también a la infancia, a personas migrantes y refugiadas, a la población gitana, a personas mayores y jóvenes, a quienes tienen una discapacidad y/o se encuentran en situación de dependencia, así como a las personas LGTBI. También nos referimos a quienes viven en la pobreza.

Además, en todo el mundo convivimos con la violencia, la explotación sexual, los abusos, o la trata de personas, lo que, sin duda, representa una grave vulneración de los derechos humanos. Estos fenómenos se nutren de la desigualdad y la refuerzan, afectando especialmente a quienes la sufren en su día a día.

Los problemas mencionados se manifiestan con diferente intensidad y características en los diferentes países y regiones del mundo, si bien están presentes en todos ellos, por lo que la ambición del Plan es intervenir en el ámbito nacional y también, en la medida de lo posible, en el ámbito internacional. Será preciso, asimismo, atender el espacio de las nuevas tecnologías, las redes y la inteligencia artificial.

Necesidad y oportunidad de su aprobación

La respuesta de España y la Unión Europea ante las guerras y amenazas a la paz mundial, así como ante la crisis económica, social y sanitaria provocada por la COVID-19, está mostrando nuestras fortalezas. Somos capaces de impulsar políticas que avanzan en la justicia y la solidaridad. Sin embargo, estos acontecimientos también hacen visibles las amenazas que debemos enfrentar.

Por lo tanto, es fundamental que cooperemos en la medida de nuestras posibilidades para la promoción de los derechos humanos en todo el mundo, y eso significa, entre otras cuestiones, reforzar la democracia y sus valores, mejorar los servicios públicos y el sistema de bienestar, extender la atención sanitaria o luchar contra la pobreza. La COVID-19 nos ha enfrentado a nuestra interdependencia, dejando claro que nuestros avances en derechos y en desarrollo deben ser compartidos por el conjunto de la humanidad.

La oportunidad de este Plan también tiene su origen en fenómenos como el cambio climático, que afecta especialmente a quienes viven en la pobreza, o la extensión de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, donde es preciso actuar con contundencia para evitar el riesgo de que aumenten las desigualdades.

Objetivos del Plan

El Gobierno de España está firmemente comprometido en garantizar el disfrute real y efectivo de los derechos humanos en igualdad a toda la población española, procurando que nadie quede atrás. También está comprometido con los derechos humanos en todo el mundo.

Los objetivos del Plan se concretan en garantizar la eficacia y consolidación de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de todas las personas en todos los ámbitos, incluido el digital. Se incorpora, además, el derecho a un medio ambiente saludable y sostenible, incidiendo en la consecución de una transición justa.

Estos objetivos deben verse reforzados cuando se dirigen a la defensa de los derechos de la infancia, la protección de migrantes y personas refugiadas, personas LGTBI, así como a quienes pertenezcan a colectivos y grupos de población susceptibles de sufrir alguna discriminación por motivos de sexo, edad, raza o etnia, enfermedad, procedencia, discapacidad y/o dependencia.

Con carácter transversal y específico se actuará para garantizar los derechos humanos de las mujeres frente a la violencia, la explotación sexual y las brechas de la desigualdad.

Posibles soluciones alternativas

Si bien el Gobierno de España puede desarrollar las políticas comprometidas en el Plan de manera autónoma, la suma de ellas y su implementación de manera coordinada representa mucho más que la suma de las partes. El Plan supone la movilización de recursos en favor de los derechos humanos y el compromiso del conjunto de Administraciones Públicas y la sociedad civil.

Además, España aceptó la recomendación de varios Estados de elaborar y adoptar un nuevo Plan de Derechos Humanos, con motivo del último Examen Periódico Universal (EPU), Tercer Ciclo, en el marco del Consejo de Derechos Humanos celebrado en 2020.

Un Plan de Derechos Humanos es un instrumento que impulsa políticas y muestra el compromiso firme de nuestro país en todo el mundo, así como ante las instituciones de derechos humanos de la Unión Europea y de Naciones Unidas.